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1. En La Batea, Los Pijiguaos, estado Bolívar, una escuela vinculada a Fe y Alegría está siendo afectada por la presencia de hombres armados. Docentes y familias han tenido que salir de la comunidad por razones de seguridad. Para los niños y niñas, la escuela dejó de ser un espacio seguro. 2. Esto tiene una dimensión especial. Fe y Alegría mantiene desde hace años presencia educativa en comunidades indígenas de Los Pijiguaos y Las Bateas forma parte de esa red. No hablamos solo de un edificio: hablamos de un espacio construido para garantizar educación y acompañamiento a niños de una comunidad indígena. 3. Cuando hombres armados ocupan una escuela y sus docentes deben salir, la afectación no termina en la suspensión de clases. Se rompe la rutina, aumenta el miedo, se debilita el vínculo con los maestros y se pierde uno de los principales espacios cotidianos de protección de la niñez. 4. La situación actual tampoco apareció de un día para otro. En octubre de 2025 el propio Estado venezolano reconoció públicamente la presencia en Los Pijiguaos de grupos del ELN y disidencias de las FARC. Durante 2026 continuaron las alertas sobre presencia armada y control territorial. 5. El 2 de agosto de 2026, hombres armados se llevaron al capitán indígena Julio Rodríguez de su comunidad. Su cuerpo fue encontrado días después. Autoridades indígenas habían denunciado además incursiones de grupos armados y solicitado protección. 6. Durante agosto y septiembre continuaron denuncias de secuestros, amenazas y reclutamiento forzado. En septiembre hubo operaciones y sobrevuelos militares. El 5 de octubre la FANB informó que había inhabilitado una pista clandestina y un campamento logístico de minería ilegal en Los Pijiguaos. 7. Ese contexto permite dimensionar lo que ocurre hoy en La Batea y Punta Brava: presencia de hombres armados, controles sobre habitantes, amenazas, retenciones, salida de familias y docentes y afectación directa de una escuela. La violencia dejó de estar solamente alrededor de las comunidades. Entró en uno de sus espacios de protección. 8. Los riesgos para niños y adolescentes son múltiples y simultáneos: exposición a la violencia, captación y reclutamiento, utilización para vigilancia o apoyo logístico, secuestro, trata y explotación, violencia sexual, desplazamiento, separación familiar, interrupción escolar y afectaciones psicosociales. 9. Para la niñez indígena hay además una dimensión que no puede ignorarse. Salir de su comunidad puede significar separarse del territorio, de su cultura, de la familia extensa, de sus docentes y de sus autoridades tradicionales. Proteger a un niño indígena también exige proteger esos vínculos. 10. La respuesta no puede limitarse a retirar a los hombres armados del plantel. Hay que proteger a las familias y docentes, identificar a niños y adolescentes en riesgo, garantizar continuidad educativa, prevenir reclutamiento y explotación, atender a quienes han salido e investigar los hechos. El Estado conocía desde octubre de 2025 la presencia de grupos armados en Los Pijiguaos. Ese antecedente importa porque la protección de la niñez no comienza cuando la violencia entra en una escuela. También exige anticiparse para evitar que llegue hasta ella. Una respuesta efectiva debe lograr algo muy concreto: que un niño indígena pueda permanecer en su comunidad, entrar a su escuela y aprender sin que las armas determinen su vida cotidiana. @cecodap @REDHNNA @feyalegria1031 @FeyAlegriaVE

Hace unos días preguntamos qué ocurriría con los adolescentes procesados por terrorismo y advertimos que no podían quedar fuera de la reforma judicial. Hoy hay una respuesta. El TSJ anunció que elimina la competencia especial de los dos tribunales de Caracas y que las causas serán conocidas por los tribunales del Sistema Penal de Responsabilidad de Adolescentes de cada región. Es una medida positiva que responde a una exigencia que hemos sostenido. Los adolescentes tienen derecho a su juez natural, a una justicia especializada y cercana a sus familias. Ahora hay que profundizar este avance. El problema no es solamente de administración de expedientes, sino de administración de justicia. No basta con trasladar las causas de un tribunal a otro. Corresponde revisar individualmente cada proceso, su calificación jurídica, los elementos que sustentan la imputación o acusación y las medidas impuestas, especialmente aquellas que implican privación de libertad. Cuando de esa revisión resulte que no existen elementos suficientes para continuar el proceso, corresponde adoptar las decisiones previstas en la ley, incluido el sobreseimiento cuando sea procedente. La reforma no puede agotarse en cambiar el tribunal que lleva un expediente. Debe servir para revisar lo actuado, corregir vulneraciones y restablecer derechos. Reconocer al juez natural es un avance importante. Ahora corresponde garantizar que cada adolescente reciba una decisión ajustada a derecho. Ahí es donde una reforma judicial comienza a convertirse en justicia. @cecodap @REDHNNA