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El gobierno presume más de 100 millones de líneas vinculadas. México Evalúa advierte que Centro, Bajío y Norte concentran el 85% de las víctimas registradas de extorsión. Si identificar nuestros celulares se justificó con la promesa de combatir este delito, que expliquen cuántos cobros se interrumpieron gracias al registro y cuántas víctimas dejaron de vivir amenazadas. Contar ciudadanos identificados no es demostrar que el crimen perdió poder. Hay un problema jurídico que el discurso oficial simplifica: saber quién contrató una línea no acredita quién extorsionó. La propia ley obliga a investigar si fue utilizada sin conocimiento de su titular. Una CURP no sustituye una investigación, no desmantela una organización ni protege al comerciante al que amenazan para que pague. El registro puede aportar una pista; convertir esa posibilidad en una promesa de seguridad exige pruebas, no discursos. A ti sí te fijan una fecha: registra tu línea o te suspenden el servicio. Al gobierno hay que exigirle resultados igual de concretos: víctimas protegidas, cobros interrumpidos y responsables llevados ante la justicia. Identificarnos a todos no lo libera de su obligación de protegernos. La amenaza de dejarte sin teléfono es concreta. La protección también tiene que serlo.