Me parece que no es una buena idea convertir la tasa de cambio en un objetivo de política pública para proteger a sectores perjudicados por la apreciación del peso, varios de los cuales, además, se beneficiaron enormemente cuando el dólar estuvo por encima de $4.500. Eso introduciría un problema importante de riesgo moral, al generar la expectativa de que el Estado debe proteger a las empresas frente al riesgo cambiario, reduciendo los incentivos para diversificar mercados y fuentes de ingresos, aumentar la productividad y utilizar adecuadamente mecanismos de cobertura. Un peso fuerte también genera beneficios. Millones de consumidores se favorecen de importaciones más baratas, disminuye el valor en pesos de la deuda externa y se abaratan los viajes y otros gastos en el exterior. Además, reduce el costo de importar bienes de capital, maquinaria y tecnología. Precisamente por eso, este debería ser un buen momento para aprovechar el menor costo de esos bienes e impulsar la inversión y la productividad, que son las verdaderas fuentes del crecimiento económico de largo plazo. Frente a los problemas estructurales de inversión y productividad que tiene Colombia, la tasa de cambio es un problema de tercer orden.