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Abogado penalista, escritor y profesor. Ex magistrado auxiliar Sala de Casación Penal CSJ. Doctor en Derecho UC3M 🇪🇸. Para cita de consulta 👇🏻

Joined August 2020
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Espaldarazo para que los jueces continúen administrando justicia con independencia, defendiendo las garantías procesales y sin temor.
Replying to @BluRadioCo
Por último, el vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia, magistrado Hugo Quintero, cuestionó las investigaciones generales que se abren contra jueces desde las propias corporaciones judiciales. Según advirtió, estas no buscan establecer qué hicieron, sino encontrar en qué pudieron equivocarse por tomarse en serio las garantías procesales. Además, alertó sobre los riesgos que esto representa para la independencia judicial. “La independencia judicial, tan necesaria para administrar justicia y garantizar el sistema democrático, también se predica frente a nuestros pares. No es justo que se investigue a los jueces por proteger las garantías procesales y constitucionales que todos tenemos el deber de defender”, dijo el vicepresidente.
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Otro de los retos que enfrenta la Rama Judicial para 2027 es poner en funcionamiento la Jurisdicción Especial Agraria, cuya implementación será clave para atender los conflictos relacionados con la tierra y responder a las problemáticas que atraviesan al país, según señaló el magistrado.
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Ante el panorama fiscal del país, el vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia, magistrado Hugo Quintero, advirtió que la Rama Judicial tendrá que limitar su crecimiento y hacer más eficiente el uso de los recursos, sin sacrificar las garantías ni la independencia judicial. "Hacer más con menos no puede significar hacer peor justicia", señaló. #VocesySonidos
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Carta a los penalistas
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@asojudiciales llama a las juezas y jueces del país a que enarbolemos y mantengamos nuestra bandera de independencia e imparcialidad y garanticemos los derechos e intereses que se ponen en juego este 19 de noviembre de 2026. #hayjuecesencolombia
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🚨 Interceptaciones de comunicaciones-presupuestos constitucionales, legales y estándares de los motivos fundados 🚨 En sentencia SP598 – 2026, Rad. 70393, la Sala de Casación Penal de la CSJ, expuso: El artículo 250 de la CP atribuye a la Fiscalía la función de adelantar la investigación de los hechos que revistan las características de un delito y la autoriza para ordenar registros, allanamientos, incautaciones e interceptaciones de comunicaciones. Como estas medidas comportan restricciones de derechos fundamentales, el juez de control de garantías debe efectuar el control posterior tanto formal como material. El artículo 235 de la Ley 906 de 2004 dispone que el fiscal podrá ordenar, con el objeto de buscar elementos materiales probatorios, evidencia física, o la ubicación de imputados, indiciados o condenados, que se intercepten mediante grabación magnetofónica o similares las comunicaciones que se cursen por cualquier red de comunicaciones en donde curse información o haya interés para los fines de la actuación. La exigencia de motivación escrita no constituye una formalidad vacía sino que responde a la necesidad de que la orden repose sobre motivos fundados, presupuesto desarrollado por el legislador en materia de registros y allanamientos, y que resulta aplicable a las interceptaciones de comunicaciones. Los motivos fundados configuran un límite material al ejercicio del poder investigativo del Estado, con lo cual se asegura que medidas altamente invasivas, como la interceptación de comunicaciones, descansen sobre circunstancias objetivas y verificables, y no sobre la sola apreciación subjetiva de quien las ordena. El artículo 221 ídem, dispone que los motivos fundados deben estar respaldados en informes de policía judicial, declaraciones juradas de testigos o informantes, o en elementos materiales probatorios y evidencia física que permitan establecer razonablemente la vinculación del objeto de la medida con el delito investigado. Esto con el fin de que la fundamentación de la orden se base en circunstancias objetivas, verificables y susceptibles de control judicial. El artículo 222 ídem, exige que las órdenes de registro y allanamiento determinen con precisión el lugar objeto de la diligencia y prohíbe expresamente la expedición de órdenes indiscriminadas o genéricas. Como se advirtió, aunque la disposición se refiere específicamente a esas actuaciones investigativas, el principio que la inspira resulta trasladable al ámbito de las interceptaciones de comunicaciones. Por ello, la orden de interceptación debe individualizar de manera precisa las líneas o canales de comunicación objeto de la medida e indicar las razones concretas que justifican la intervención de cada una de ellas. No basta con invocar genéricamente una fuente de información ni con hacer referencia abstracta a los fines de la investigación. Es indispensable que exista una justificación específica que vincule racionalmente cada línea intervenida con el delito investigado y con la persona respecto de la cual se adopta la medida.
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Somos diferentes por naturaleza; pero, criticamos la diferencia, en lugar de aceptarla. Posiblemente si no era por méritos el colega no habría llegado donde está hoy, porque habría sido estigmatizado, así como hoy es objeto de críticas. No obstante, esto sirve como una pequeña muestra de que el diferente también puede tener un lugar en la mesa por MÉRITO. ¡Felicitaciones colega!
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▪️Muestra de la mentalidad subdesarrolla de muchos es la pretensión de desfavorescer a otros en lugar de luchar para favorecer al resto. Algo así: "como no tengo lo tuyo, mejor que tú tampoco lo tengas y quedemos iguales". Hay que jalonar hacia arriba, no hacia abajo. El paso siguiente de un escribiente es llegar a Oficial mayor, el de este a Secretario, luego a abogado asesor o auxiliar de magistrado. Más adelante, comenzar con el ciclo del funcionario judicial. Juez municipal, Juez del circuito, magistrado, etc. Cuando era Juez Penal Municipal experimenté el poco equilibrio entre la carga laboral, la responsabilidad y la remuneración. Pero no por eso creía que el cargo siguiente debía ganar menos, por el contrario. Luego, cuando fui Juez Penal del Circuito, también tuve la misma experiencia, pero eso no restó mi empatía por el Juez Penal municipal. Tampoco pretendí que el magistrado -lo que seguía- tuviera menos. Por el contrario, más determinación y perseverancia tuve para alcanzar el siguiente cargo. Y les digo: sigue siendo desproporcionada la carga, la responsabilidad y la remuneración. Sin duda, la brecha es mucha entre de un Juez penal municipal y un magistrado. Y hay que luchar por reducirla: aumentando lo que gana el Juez Municipal, no quitándole a lo que de manera muy merecida gana el magistrado. Tienen que visualizarse en el cargo siguiente. Merecemos y podemos lograr esa escalera (no siempre es ascendente, a veces se devuelve, el proceso de cada uno es distinto y debe ser digna la llegada a cada cargo). También es perfectamente válido querer permanecer en un cargo, sea como empleado o funcionario. El punto es que la Rama Judicial merece reconocimiento y dignidad en cada uno de sus cargos. Todos son importantes en la administración de justicia.
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🚨PREVARICATO POR ACCIÓN Y PREVARICATO POR OMISIÓN🚨 En sentencia SP1315-2026, Rad. 71040, la Sala de Casación Penal de la CSJ refirió lo siguiente: El tipo penal de prevaricato por acción presenta como elementos objetivos: (a) un sujeto activo calificado, servidor público; (b) un ingrediente normativo, consistente en que el servidor público, en ejercicio de sus funciones, profiera resolución, dictamen o concepto, es decir, cualquier acto administrativo o providencia judicial, auto o sentencia; y, (c) que la decisión o concepto contravenga el ordenamiento legal de forma clara, manifiesta o notoria. El prevaricato por acción en el marco de las providencias judiciales, se indicó que “el ingrediente subjetivo del tipo penal de prevaricato por acción se configura cuando el servidor público profiere decisiones basadas en criterios subjetivos, beneficios propios o ajenos, con argumentos caprichosos, arbitrarios, manifiestamente groseros, de los que se establece que su ánimo no es acertar sino abandonar deliberadamente el propósito de administrar justicia y contrariar así las normas vigentes”. Para predicar la existencia de la conducta prevaricadora, es necesario probar que el acto censurado –resolución, dictamen o concepto– es producto del capricho o de la arbitrariedad del servidor público, quien desconoce abiertamente y de forma ostensible los mandatos normativos o exigencias de análisis probatorio que regulaban el caso. Por su parte, el delito de prevaricato por omisión consiste en la negación de una acción que el sujeto está obligado a realizar, o en el incumplimiento de un deber jurídico que le ha sido impuesto. En ese sentido, la omisión no existe por sí misma, sino sólo en la medida que preexista un mandato que obliga a una determinada acción. Esta conducta se comete al ejecutar alguno de los cuatro verbos rectores enlistados por el legislador, omitir, retardar, rehusar o denegar. Omitir es abstenerse de hacer una cosa, pasarla en silencio; retardar es diferir, detener, entorpecer, dilatar la ejecución de algo; rehusar es excusar, no querer o no aceptar una cosa; y denegar es no conceder lo que se pide o solicita. Ademas, es un tipo penal en blanco, porque para la realización del juicio de tipicidad es necesario establecer la norma extrapenal que asigna al agente la función que omitió, rehusó, retardó o denegó, el plazo para hacerlo y su preexistencia al momento de la materialización de la conducta. Por último, este delito es únicamente doloso. Para acreditar el aspecto subjetivo del delito por omisión, es necesario demostrar que el agente obró con “el propósito consciente de incumplir los deberes propios de su cargo y el conocimiento de encontrarse incurso en dicha omisión”.
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🚨¿La falta de enunciación de la prueba puede conducir a la exclusión de su práctica, a pesar de haber sido oportunamente descubierta?🚨 En auto AP1244 de 2025, Rad. 66574, la Sala de Casación Penal de la CSJ, refirió lo siguiente: El procedimiento de depuración probatoria dispone de distintas fases, que deben agotarse en el siguiente orden: “(i) descubrimiento; (ii) enunciación; (iii) estipulación y, (iv) solicitud probatoria”. El correcto descubrimiento probatorio y la solución de las controversias que se presenten respecto del mismo constituyen requisitos indispensables para los pasos posteriores que comprenden la enunciación, solicitud y decreto de las pruebas; No obstante, las disposiciones normativas que regulan el desarrollo de la audiencia preparatoria y los parámetros establecidos en la jurisprudencia de esta no contemplan como sanción a la falta de enunciación de la prueba, su exclusión. Esto se explica debido a que el conocimiento que debe obtener una parte sobre los instrumentos de prueba que le servirán a la contraparte para edificar su teoría del caso se alcanza con el descubrimiento probatorio. Por lo tanto, la omisión en la enunciación de una prueba no pasa de ser una falencia sin la fuerza para lesionar gravemente las garantías procesales del adversario.
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La reforma tributaria de @ABDELAESPRIELLA pretende eliminar beneficios de renta para jueces, magistrados, fiscales, procuradores y docentes de universidades públicas. Busca eliminar una renta exenta equivalente al 50% del salario de magistrados, fiscales y procuradores; 25% para jueces; y 50% para rectores y profesores de universidades públicas. Dos ejemplos claros del impacto: Un juez que en la actualidad gane $20 millones mensuales pasaría de pagar cerca de $14,9 millones a $31,4 de renta al año. Es decir un incremento de $16,5 millones. Un magistrado que recibe $30 millones mensuales pasaría de pagar $12,9 millones a $66. Más de $53 millones adicionales al año. Un exabrupto tributario. El Presidente, antes litigante, olvida que administrar justicia exige jornadas extenuantes, trabajo extra y responsabilidades enormes. Sin contar el riesgo personal y la afectación psicológica que conlleva la sobrecarga laboral. La mora judicial, la congestión y las precarias condiciones laborales no se resuelven desmejorando los ingresos de quienes sostienen el sistema. La independencia judicial necesita condiciones materiales dignas. No se puede exigir una justicia de calidad mientras se desconoce el trabajo de quienes la hacen posible y se les castiga tributariamente.
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🚨PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL PARA SERVIDORES PÚBLICOS🚨 En sentencia SP1167-2026, Rad. 72877, la la Sala de Casación Penal de la CSJ expuso la figura de la prescripción de la acción penal y su aplicación en casos de servidores públicos, así: La prescripción de la acción penal (i) materializa el límite temporal para el ejercicio de la potestad punitiva del estado y (ii) constituye una garantía fundamental del procesado, pues asegura que su situación jurídica se defina dentro de un plazo razonable y conocido. Sus términos los define la ley. El artículo 83 del Código Penal establece que la acción penal prescribe en el máximo de la pena fijada en la ley sin que, por regla general pueda ser superior a 20 años. El término de prescripción se interrumpe con la formulación de la imputación, como lo establece el artículo 86 del Código Penal y el artículo 292 de la Ley 906 de 2004. A partir de ese acto procesal empieza a correr de nuevo por la mitad del término máximo sin que, por regla general, pueda exceder los 10 años. Ahora bien, el artículo 83 prevé que en los casos en que el autor de la conducta es un servidor público, el término de prescripción se aumenta en la tercera parte si los hechos ocurrieron antes de la entrada en vigencia de la Ley 1474 de 2011, o en la mitad, una vez entró a regir. El tope del término máximo de prescripción de los 20 años en investigación es la regla general de contabilización dispuesta por el legislador, que tiene como una de sus excepciones el incremento para los servidores públicos, frente a quienes es posible exceder ese tope legal una vez realizado el respectivo aumento. El legislador considera que ciertas conductas ameritan un régimen distinto, bien sea en atención a la gravedad, la naturaleza del bien jurídico o al sujeto activo, casos en los que no tiene aplicación «el límite máximo fijado». Entonces, para el caso de los servidores públicos el incremento que se aplica en la etapa de instrucción puede exceder el límite de los 20 años, fijado en el artículo 83 del C.P., inc. 1°. Al dividirse en la mitad, tras la interrupción del término de prescripción por la imputación, puede exceder los 10 años referidos en artículo 86 del C.P., inc. 2. °.
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Hoy se levantan ídolos que reclaman nuestra adoración: el éxito a cualquier precio, el dinero, la obsesión por la apariencia, por la popularidad o la búsqueda desenfrenada del placer. A veces, con tal de conseguir la aprobación de los demás, podemos llegar a mentir, traicionar o humillar a alguien en las redes sociales. ¡No se arrodillen ante aquello que no puede darles vida! Y si alguna vez han caído, ¡levántense! No permitan que nada ni nadie les arrebate la libertad que Dios les ha dado. #ViajeApostólico #Argentina
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#Actualidad | A esta hora se adelanta un plantón en las instalaciones del búnker de la @FiscaliaCol en Ibagué. Se espera que en todas las regiones del país el sindicato de Asonal Judicial se pronuncie. Protestan porque el Gobierno redujo el presupuesto de la justicia y no hay recursos para el próximo año. Además, la enorme carga laboral, los tiene en jaque y con medicamentos para soportar el estrés. Vía: @JennyAngaritaG caracol.com.co
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La demanda de casación penal debe presentarse con rigor técnico y responsabilidad profesional. Si bien el Dr. Velásquez Niño tituló su magnífica obra jurídica sobre casación penal: “¿La casación penal? ¡Pero si es muy fácil!”, realmente no es tan fácil. La elaboración del recurso extraordinario tiene grandes exigencias técnicas, lógicas, jurídicas y argumentativas que deben respetarse.
La #SalaDeCasaciónPenal de la Corte Suprema de Justicia inadmitió una demanda de casación presentada por un abogado, al encontrar que no desarrolló los argumentos, no explicó la finalidad del recurso ni señaló las causales previstas en la ley. La Sala recordó que la Corte no puede suplir las omisiones argumentativas de quien recurre. Por el incumplimiento injustificado de sus deberes profesionales, compulsó copias a la autoridad disciplinaria para que investigue su actuación. 📝 Consulte el auto AP5793-2026: archivodigitalapi.cortesupre… 🎙️Ver el comunicado de prensa: cortesuprema.gov.co/sala-de-…
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🚨¿ES POSIBLE HACER INFERENCIAS SOBRE LOS HECHOS JURÍDICAMENTE RELEVANTES?🚨En sentencia SP 893 de 2026, rad. 61585, la Sala de Casación Penal de la CSJ, precisó: Un correcto planteamiento de los hechos, con sus circunstancias de tiempo, modo y lugar, con la especificación de la forma de participación de quien es vinculado a una actuación penal, incide en la protección de garantías. En efecto, ampara el debido proceso, el ejercicio del derecho a la defensa y, por supuesto, el acceso a la administración de justicia. Su indebida elaboración, como lo ha señalado la Corte en amplia y reiterada jurisprudencia, afecta de manera sustancial las garantías fundamentales señaladas y conlleva la invalidación del acto irregular. La Corte indicó que el principio de congruencia tiene 3 facetas distintas: personal, fáctica y jurídica. La primera se refiere a la correspondencia entre la persona imputada y acusada con aquella que fue condenada. La segunda a la concordancia entre los hechos que fundan la condena respecto a aquellos por los que el procesado fue imputado y acusado. La última, tiene que ver con la correspondencia entre calificación jurídica de la conducta en la acusación y la sentencia. No obstante, de la decisión mayoritaria se extrae la posibilidad de que el juez “interprete” los hechos jurídicamente relevantes, al considerar que: “Conforme a lo expuesto la Sala encuentra que los HJR, pese a las imprecisiones descritas, sí fueron claros en relación con cuál fue la conducta constitutiva del fraude procesal. No era necesario especificar que se produjo sobre el registrador de instrumentos públicos, pues la naturaleza de los actos ilegales - reseñados los hace de obligatoria inscripción ante la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos”. SALVAMENTO DE VOTO: Consideró que el fiscal abandonó la tarea de confeccionar una redacción fáctica que circunde la tipicidad de la conducta delictiva a imputar, acudió a la lectura de una denuncia que no condensa cabalidad lo exigido respecto del delito contra la eficaz y recta impartición de justicia que pretendió imputar. La claridad y precisión que se exige en la determinación y comunicación de la formulación de imputación al implicado, reside en evitar que tenga que desentrañar o aplicar razonamientos inferenciales para establecer sobre qué base fáctica se erige la pretensión incriminadora del ente persecutor.
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