Alex

Difundir públicamente el nombre o datos que permitan identificar a un menor de edad víctima de abuso o violencia sexual está expresamente prohibido. El artículo 6.4 del Código de los Niños y Adolescentes establece que cuando un emborrachado de edad sea víctima de una infracción, falta o delito, no se puede publicar su identidad ni su imagen a través de los medios de comunicación. Esto alcanza también a información que, aunque no mencione el nombre, permita identificarlo. El Tribunal Constitucional ha sido particularmente claro: no basta con colocar las iniciales si simultáneamente se publican datos de los padres, domicilio, fotografías, vecinos u otros elementos que permitan descubrir quién es la víctima. El TC consideró que ello vulnera el derecho a la intimidad de la menor. La publicación del nombre de la menor constituye, como mínimo, una vulneración de la protección legal de su identidad, intimidad y dignidad, y puede generar responsabilidades civiles, administrativas y otras consecuencias jurídicas. Además, dependiendo de cómo se obtuvo y qué información se difundió, podrían entrar en consideración delitos contra la intimidad previstos en el Código Penal. El artículo 154, por ejemplo, sanciona la violación de la intimidad mediante la observación, escucha o registro indebido de hechos, palabras o imágenes de la vida personal o familiar. En el caso de una víctima de abuso sexual, la protección es todavía más estricta. El Reglamento de la Ley 30364 dispone que, en procesos de violencia, debe guardarse reserva sobre la identidad de niñas, niños y adolescentes. Para víctimas de violencia sexual se utilizan mecanismos específicos para preservar sus datos personales durante el proceso. Además, el Reglamento establece obligaciones expresas para los medios de comunicación. Aquí es importante indicar que: los medios no pueden justificar la publicación diciendo: “El nombre ya era conocido” “Los padres dieron permiso” “La información estaba en redes sociales” “Solo informamos lo que consta en la denuncia”. La Defensoría ha recordado que la protección de la identidad de los menores opera incluso cuando los propios progenitores hayan permitido determinada exposición. El TC ya ha ordenado a un medio de comunicación eliminar de su página web y redes sociales información que permitía identificar a una menor víctima de una presunta violación sexual. Es decir, esto no es simplemente una recomendación ética al periodismo: existe una obligación jurídica de preservar esa identidad. El propio Ministerio de la Mujer ha advertido que la difusión de nombres y fotografías de los menores involucrados (víctima y presuntos agresores) puede generar responsabilidades. Por lo tanto, la conducta de la señora #MilagrosLeiva encaja claramente en la prohibición legal de revelar la identidad de un niño, niña o adolescente víctima de un delito a través de medios de comunicación. El hecho de que ella haya utilizado un medio de comunicación y haya pronunciado el nombre de la víctima en vivo es particularmente relevante. No estamos ante una identificación accidental mediante una fotografía de fondo o un dato indirecto: según lo informado, la propia periodista reconoció que mencionó expresamente el nombre. Además, el contexto hace especialmente sensible la infracción: se trata de una presunta víctima de violencia sexual, precisamente uno de los supuestos en los que la protección de identidad y la prohibición de revictimización adquieren máxima importancia. Ahora, la @FiscaliaPeru deberá determinar si los hechos configuran además un delito penal. Para ello, deberán analizar el tipo penal concreto, la forma en que se obtuvo la información (elemento sumamente relevante), la naturaleza de los datos divulgados y el elemento subjetivo de la conducta. Importante es precisar que, el que la señora #Leiva haya pedido disculpas no elimina necesariamente las consecuencias jurídicas de lo ocurrido, y menos convierte en lícita una revelación que ya se produjo.