🕊️ Observatorio de Conflictividades Sociales y DD.HH. del Caribe Colombiano. Investigamos, documentamos y visibilizamos vulneraciones 🇨🇴

Caribe colombiano
Joined January 2025
🔴 Colombia llega a 100 masacres en 2026. Con la masacre ocurrida en Algeciras, Huila, se completan 100 masacres y al menos 385 víctimas en lo corrido del año. Es la primera vez en los 10 años de registro de Indepaz que se alcanzan 100 masacres en un mismo año. Además, 20 de estas masacres han ocurrido desde el inicio de la presidencia de Abelardo de la Espriella. La mayor concentración de víctimas está en Cauca (68), Antioquia (45), Valle del Cauca (40), Nariño (35), Norte de Santander (31), Atlántico (28) y Guaviare (26). Estos siete departamentos concentran cerca del 71 % de las víctimas. Llegar a 100 masacres no puede normalizarse ni reducirse a una estadística. Son al menos 385 vidas arrebatadas y decenas de comunidades golpeadas por la violencia. La protección de la población civil y la transformación de los territorios deben ser una prioridad.
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Presidente @ABDELAESPRIELLA: como comandante supremo de la Fuerza Pública, debe rechazar públicamente la tortura y el asesinato de Donovan Balanta.
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✒️ El uso de las redes sociales como ecosistema digital, y el peso de los denominados influenciadores en los temas de interés nacional y hasta electoral, determinarán el comportamiento de la política los próximos años. Interesante estudio de la Universidad del Rosario sobre cómo se organizó la derecha en torno a la campaña presidencial y qué oportunidades perdió la campaña de Cepeda. 📺 📰 Los medios tradicionales, como organizadores y ejecutores de lo que se conoce como agenda setting (temas que ellos priorizan como de interés), están perdiendo terreno en los temas y discusiones públicas: cada día la gente se informa más a través de las redes sociales. Si hasta hoy no existe en Colombia regulación alguna en torno al uso de las redes sociales, difusión de contenidos y/o responsabilidad de los influenciadores en torno a lo que publican, ¿cuáles serán los retos para los próximos años? Detalles de la investigación vía @estoescambio ⬇️
📱Un estudio de la Universidad del Rosario siguió durante casi cinco meses a 68 creadores de contenido. Sandra Botero, directora de la investigación, explica cómo se organizó la red de la derecha, qué oportunidades desaprovechó la izquierda y qué implica que un streamer ocupe el lugar de un periodista. 👉 Conozca los detalles: f.mtr.cool/7l82k7x3cd
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Se debe evaluar con atención lo que sucede en La Guajira, aunque no de manera aislada. Porque de los anuncios del gobierno a los hechos, la violencia sigue siendo factor determinante en la cotidianidad de La Guajira y también de la región Caribe: Los golpes a las ACSN no se tradujo en tranquilidad y transformación de las condiciones de vida en Santa Marta y la Troncal del Caribe, al contrario, la economía y el turismo se han visto seriamente afectados; la estructura de esta organización se mantienen intactas, al igual que las relaciones de poder en el territorio. En Sur del Cesar, la violencia sigue escalando a pesar de los anuncios de operativos militares y asesoría gringa para frenar ataques con drones tanto en esta subregión como en el centro del departamento, donde se han registrado ataques a la fuerza pública. Tanto el sur como el centro del Cesar son clave en la actualidad, ya que en ambas subregiones operan cuatro actores armados (EGC, ACSN, ELN y disidencias), además que por un lado se conecta -a través del Magdalena Medio- con la grave conflictividad del sur de Bolívar, y por el otro, con la confrontación armada del Norte de Santander y el Catatumbo. En el sur de Bolívar no ha cambiado el panorama de crisis humanitaria, y este drama se replica con especial énfasis en el municipio Magangué (centro del departamento), donde el "autodenominado EGC ha desatado un aumento sostenido de acciones violentas, como amenazas, ataques sicariales y cobro de extorsiones, principalmente", como señala la Alerta Temprana 024-2026 de la Defensoría del Pueblo @DefensoriaCol defensoria.gov.co/w/en-magan… Lo de Magangué no es un dato menor, tomando en cuenta que a través de este municipio, el EGC logra conectarse a subregiones como Montes de María, el sur de Bolívar y La Mojana. La violencia urbana en Cartagena, el centro y sur del Atlántico y el área metropolitana de Barranquilla no escapa de este escenario de permanente zozobra. Principalmente porque el tejido social y económico de este departamento se encuentra mermado y anestesiado por el peso de las extorsiones y amenazas de los distintos actores y bandas. Pero volviendo a La Guajira, otros elementos preocupan. No solo vienen aumentando homicidios y ataques sicariales. La conflictividad social que atraviesa el departamento, rara vez se analiza en conjunto con la crisis de seguridad. Tampoco se toma en cuenta el carácter de la economía extractivista del departamento y su peso en las desigualdades sociales. Lo anterior nos lleva a hacer varias preguntas: ¿el desarrollo de los parques eólicos seguirá impactando el tejido social de la Alta Guajira? El Gobierno no solo apuesta a una cruzada militar, sino al desarrollo de todo tipo de proyectos extractivos (incluyendo el fracking), ¿profundizará esta apuesta en las desigualdades sociales latentes en el territorio y cómo se reconfigurarían los actores armados en torno a estos ejes de acumulación de capital?
Posterior a este escrito, se presentaron 5 homicidios en Maicao y esta madrugada un atentado en Fonseca que dejó a una mujer muerta y otra herida. Entre los muertos de Maicao, alias 600. Uno de los sucesores de alias Nain y la captura de alias Kevin Masacre, antes jefe de los JJ.
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Se debe evaluar con atención lo que sucede en La Guajira, aunque no de manera aislada. Porque de los anuncios del gobierno a los hechos, la violencia sigue siendo factor determinante en la cotidianidad de La Guajira y también de la región Caribe: Los golpes a las ACSN no se tradujo en tranquilidad y transformación de las condiciones de vida en Santa Marta y la Troncal del Caribe, al contrario, la economía y el turismo se han visto seriamente afectados; la estructura de esta organización se mantienen intactas, al igual que las relaciones de poder en el territorio. En Sur del Cesar, la violencia sigue escalando a pesar de los anuncios de operativos militares y asesoría gringa para frenar ataques con drones tanto en esta subregión como en el centro del departamento, donde se han registrado ataques a la fuerza pública. Tanto el sur como el centro del Cesar son clave en la actualidad, ya que en ambas subregiones operan cuatro actores armados (EGC, ACSN, ELN y disidencias), además que por un lado se conecta -a través del Magdalena Medio- con la grave conflictividad del sur de Bolívar, y por el otro, con la confrontación armada del Norte de Santander y el Catatumbo. En el sur de Bolívar no ha cambiado el panorama de crisis humanitaria, y este drama se replica con especial énfasis en el municipio Magangué (centro del departamento), donde el "autodenominado EGC ha desatado un aumento sostenido de acciones violentas, como amenazas, ataques sicariales y cobro de extorsiones, principalmente", como señala la Alerta Temprana 024-2026 de la Defensoría del Pueblo @DefensoriaCol defensoria.gov.co/w/en-magan… Lo de Magangué no es un dato menor, tomando en cuenta que a través de este municipio, el EGC logra conectarse a subregiones como Montes de María, el sur de Bolívar y La Mojana. La violencia urbana en Cartagena, el centro y sur del Atlántico y el área metropolitana de Barranquilla no escapa de este escenario de permanente zozobra. Principalmente porque el tejido social y económico de este departamento se encuentra mermado y anestesiado por el peso de las extorsiones y amenazas de los distintos actores y bandas. Pero volviendo a La Guajira, otros elementos preocupan. No solo vienen aumentando homicidios y ataques sicariales. La conflictividad social que atraviesa el departamento, rara vez se analiza en conjunto con la crisis de seguridad. Tampoco se toma en cuenta el carácter de la economía extractivista del departamento y su peso en las desigualdades sociales. Lo anterior nos lleva a hacer varias preguntas: ¿el desarrollo de los parques eólicos seguirá impactando el tejido social de la Alta Guajira? El Gobierno no solo apuesta a una cruzada militar, sino al desarrollo de todo tipo de proyectos extractivos (incluyendo el fracking), ¿profundizará esta apuesta en las desigualdades sociales latentes en el territorio y cómo se reconfigurarían los actores armados en torno a estos ejes de acumulación de capital?
Posterior a este escrito, se presentaron 5 homicidios en Maicao y esta madrugada un atentado en Fonseca que dejó a una mujer muerta y otra herida. Entre los muertos de Maicao, alias 600. Uno de los sucesores de alias Nain y la captura de alias Kevin Masacre, antes jefe de los JJ.
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Posterior a este escrito, se presentaron 5 homicidios en Maicao y esta madrugada un atentado en Fonseca que dejó a una mujer muerta y otra herida. Entre los muertos de Maicao, alias 600. Uno de los sucesores de alias Nain y la captura de alias Kevin Masacre, antes jefe de los JJ.
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El Estado colombiano no puede seguir criminalizando a los pueblos indígenas La situación que se visibiliza en las calles de Barranquilla, con operativos policiales y señalamientos de mendicidad y explotación infantil por parte de familias yukpas, es la consecuencia directa de décadas de omisión estatal en la Serranía del Perijá (Cesar), en la frontera con Venezuela. No podemos consentir que un pueblo diezmado y casi desaparecido físicamente, al que se le ha negado sistemáticamente su derecho al territorio y a la supervivencia, sea calificado de la manera como invasores o criminales. En Colombia, el pueblo Yukpa fue reconocido por la Corte Constitucional (Auto 004 de 2009) como víctima colectiva del conflicto armado y se encuentra en riesgo de exterminio físico y cultural. Lejos de recibir protección especial, han sido desplazados y/o presionados por la falta de tierras y el desarrollo de proyectos agroindustriales y mineros. ¿Cómo no preveer que estas condiciones deplorables de subsistencia iban a ocasionar todo tipo de desplazamientos? El desplazamiento hacia Barranquilla es la consecuencia lógica de ese abandono. Sin embargo, la respuesta del Estado en la ciudad se ha centrado en la persecución y la acusación, no en la reparación. Los operativos recientes, que derivaron en enfrentamientos y remisiones al ICBF por presunta explotación infantil, se basan en una narrativa que criminaliza la supervivencia.
🚨 #Barranquilla | Un operativo por presunta mendicidad infantil terminó en enfrentamientos entre la Policía y miembros de la comunidad indígena Yukpa, en Miramar. El ICBF informó que dos bebés, de 6 y 11 meses, quedaron bajo protección. #ICBF #OrdenPúblico
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El Estado colombiano no puede seguir criminalizando a los pueblos indígenas La situación que se visibiliza en las calles de Barranquilla, con operativos policiales y señalamientos de mendicidad y explotación infantil por parte de familias yukpas, es la consecuencia directa de décadas de omisión estatal en la Serranía del Perijá (Cesar), en la frontera con Venezuela. No podemos consentir que un pueblo diezmado y casi desaparecido físicamente, al que se le ha negado sistemáticamente su derecho al territorio y a la supervivencia, sea calificado de la manera como invasores o criminales. En Colombia, el pueblo Yukpa fue reconocido por la Corte Constitucional (Auto 004 de 2009) como víctima colectiva del conflicto armado y se encuentra en riesgo de exterminio físico y cultural. Lejos de recibir protección especial, han sido desplazados y/o presionados por la falta de tierras y el desarrollo de proyectos agroindustriales y mineros. ¿Cómo no preveer que estas condiciones deplorables de subsistencia iban a ocasionar todo tipo de desplazamientos? El desplazamiento hacia Barranquilla es la consecuencia lógica de ese abandono. Sin embargo, la respuesta del Estado en la ciudad se ha centrado en la persecución y la acusación, no en la reparación. Los operativos recientes, que derivaron en enfrentamientos y remisiones al ICBF por presunta explotación infantil, se basan en una narrativa que criminaliza la supervivencia. @DefensoriaCol @Indepaz @leonardonzalez
🚨 #Barranquilla | Un operativo por presunta mendicidad infantil terminó en enfrentamientos entre la Policía y miembros de la comunidad indígena Yukpa, en Miramar. El ICBF informó que dos bebés, de 6 y 11 meses, quedaron bajo protección. #ICBF #OrdenPúblico
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El Estado colombiano no puede seguir criminalizando a los pueblos indígenas La situación que se visibiliza en las calles de Barranquilla, con operativos policiales y señalamientos de mendicidad y explotación infantil por parte de familias yukpas, es la consecuencia directa de décadas de omisión estatal en la Serranía del Perijá (Cesar), en la frontera con Venezuela. No podemos consentir que un pueblo diezmado y casi desaparecido físicamente, al que se le ha negado sistemáticamente su derecho al territorio y a la supervivencia, sea calificado como invasores o criminales. En Colombia, el pueblo Yukpa fue reconocido por la Corte Constitucional (Auto 004 de 2009) como víctima colectiva del conflicto armado y se encuentra en riesgo de exterminio físico y cultural. Lejos de recibir protección especial, han sido desplazados y/o presionados por la falta de tierras y el desarrollo de proyectos agroindustriales y mineros. ¿Cómo no preveer que estas condiciones deplorables de subsistencia iban a ocasionar todo tipo de desplazamientos? El desplazamiento hacia Barranquilla es la consecuencia lógica de ese abandono. Sin embargo, la respuesta del Estado en la ciudad se ha centrado en la persecución y la acusación, no en la reparación. Los operativos recientes, que derivaron en enfrentamientos y remisiones al ICBF por presunta explotación infantil, se basan en una narrativa que criminaliza la supervivencia.
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✒️ El uso de las redes sociales como ecosistema digital, y el peso de los denominados influenciadores en los temas de interés nacional y hasta electoral, determinarán el comportamiento de la política los próximos años. Interesante estudio de la Universidad del Rosario sobre cómo se organizó la derecha en torno a la campaña presidencial y qué oportunidades perdió la campaña de Cepeda. 📺 📰 Los medios tradicionales, como organizadores y ejecutores de lo que se conoce como agenda setting (temas que ellos priorizan como de interés), están perdiendo terreno en los temas y discusiones públicas: cada día la gente se informa más a través de las redes sociales. Si hasta hoy no existe en Colombia regulación alguna en torno al uso de las redes sociales, difusión de contenidos y/o responsabilidad de los influenciadores en torno a lo que publican, ¿cuáles serán los retos para los próximos años? Detalles de la investigación vía @estoescambio ⬇️
📱Un estudio de la Universidad del Rosario siguió durante casi cinco meses a 68 creadores de contenido. Sandra Botero, directora de la investigación, explica cómo se organizó la red de la derecha, qué oportunidades desaprovechó la izquierda y qué implica que un streamer ocupe el lugar de un periodista. 👉 Conozca los detalles: f.mtr.cool/7l82k7x3cd
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"Las violencias contra las mujeres no son un asunto privado". Con este contundente llamado, la Defensoría del Pueblo exige al Estado revisar los criterios de nombramiento de funcionarios públicos vinculados a agresiones de género. Conozca las implicaciones de esta advertencia en cambiocolombia.com/poder/art…
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La independencia judicial es una garantía para las víctimas y la paz. La JEP respalda el pronunciamiento que la @defensoriacol realizó en favor de la autonomía judicial y en rechazo a las campañas de desprestigio, desinformación y expresiones de violencia de género contra la magistrada de la JEP Julieta Lemaitre Ripoll. La Jurisdicción Especial para la Paz reitera su compromiso con la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición, así como con decisiones imparciales, adoptadas con rigor y autonomía. El debate público sobre la justicia transicional es necesario en una democracia. Pero, la crítica no puede convertirse en estigmatización, ataques personales ni presiones indebidas contra quienes administran justicia. Defender la independencia judicial es proteger el Estado de derecho y garantizar los derechos de las víctimas. Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz: @MarnIris
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Aunque los estudios dicen que más del 75% de Cartagena enfrenta amenaza alta o media de inundación, sus efectos se concentran de manera desproporcionada en estrato 1, lo que configura una distribución socialmente desigual del riesgo. Además, para un hogar de estrato bajo, el mismo evento implica pérdidas proporcionalmente mayores que para uno de estrato alto, pues afecta una parte proporcionalmente más grande de su patrimonio y de sus ingresos, y cuenta con menos recursos para recuperarse. Por ello, las inundaciones, sumadas a la ausencia de mecanismos que mitiguen sus efectos en los estratos bajos, profundizan la ya alta desigualdad de la ciudad.
Replying to @Sabanero_91
¿Quiénes se inundan? La mayor parte de las viviendas que sufrieron inundaciones pertenecen al estrato 1.
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Fuerte llamado de atención desde la Defensoría del Pueblo al Congreso. La defensora Iris Marín exigió a los senadores María Clara Posada y Germán Rodríguez retractarse de sus falsos señalamientos contra la magistrada de la JEP, Julieta Lemaitre. Conozca por qué la entidad advierte sobre violencia de género y ataques a la independencia judicial en cambiocolombia.com/pais/arti…
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Tengo en mi poder las pruebas de que Abelardo no firmó ningún “acuerdo estratégico” con Marco Rubio: firmó la capitulación de Colombia a los intereses mineros de EE.UU. Le ocultaron al país este documento durante más de un mes, porque sabían el escándalo que significa vender la Patria entregando nuestros recursos estratégicos. En Barranquilla el 8 de Septiembre Abelardo le entregó el subsuelo nacional a Estados Unidos: 1️⃣ Derecho de veto geopolítico (First Look): Colombia se obliga a notificar a EE.UU. antes de vender o licitar cualquier activo de minerales críticos o tierras raras. Washington decidirá quién explota nuestras riquezas. 2️⃣ Mapa geológico entregado: Le abren las puertas al complejo militar e industrial norteamericano para inventariar y controlar nuestras reservas estratégicas. 3️⃣ Licencias ambiental express (Permitting): Abelardo se comprometió desregular y acelerar permisos mineros para que multinacionales puedan explotar nuestros recursos, y hacer fracking. Máxima difusión, Colombia no gana nada y entrega nuestra Soberanía @petrogustavo
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Preocupa el acuerdo de minerales críticos entre Colombia y EE. UU.: acceso anticipado a inversiones, desregulación de permisos y mapeo de recursos estratégicos. ¿Y la soberanía, el ambiente y las comunidades? Cooperar no puede significar subordinar nuestros intereses.
Tengo en mi poder las pruebas de que Abelardo no firmó ningún “acuerdo estratégico” con Marco Rubio: firmó la capitulación de Colombia a los intereses mineros de EE.UU. Le ocultaron al país este documento durante más de un mes, porque sabían el escándalo que significa vender la Patria entregando nuestros recursos estratégicos. En Barranquilla el 8 de Septiembre Abelardo le entregó el subsuelo nacional a Estados Unidos: 1️⃣ Derecho de veto geopolítico (First Look): Colombia se obliga a notificar a EE.UU. antes de vender o licitar cualquier activo de minerales críticos o tierras raras. Washington decidirá quién explota nuestras riquezas. 2️⃣ Mapa geológico entregado: Le abren las puertas al complejo militar e industrial norteamericano para inventariar y controlar nuestras reservas estratégicas. 3️⃣ Licencias ambiental express (Permitting): Abelardo se comprometió desregular y acelerar permisos mineros para que multinacionales puedan explotar nuestros recursos, y hacer fracking. Máxima difusión, Colombia no gana nada y entrega nuestra Soberanía @petrogustavo
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Rechazamos la campaña de desprestigio y desinformación que se ha desarrollado durante las últimas semanas contra la magistrada Julieta Lemaitre Ripoll, de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Estos ataques, que incluyen expresiones de violencia de género, no solo afectan su dignidad y buen nombre, sino que también atentan contra la independencia judicial y debilitan la confianza en la administración de justicia. El país tiene todo el derecho a debatir el presente y el futuro de la JEP, evaluar sus resultados y proponer reformas. Sin embargo, ese debate debe darse con argumentos, información verificable y respeto por la separación de poderes, no mediante la desinformación, la estigmatización ni los ataques personales contra quienes administran justicia. Quienes ejercen cargos de representación política tienen una responsabilidad especial frente a la calidad del debate público. La democracia se fortalece cuando las diferencias se discuten con argumentos, no cuando se utilizan para desacreditar a las personas o presionar a la justicia. Defender la independencia judicial no significa impedir la crítica ni las reformas, sino garantizar que estas se tramiten dentro de los principios del Estado de derecho y con los derechos de las víctimas en el centro. 👉🏽 Ver pronunciamiento de la Defensora del Pueblo, @MarnIris. 📄 Leer más aquí: defensoria.gov.co/web/guest/… 🧵👇🏽
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El Estado colombiano no puede seguir criminalizando a los pueblos indígenas La situación que se visibiliza en las calles de Barranquilla, con operativos policiales y señalamientos de mendicidad y explotación infantil por parte de familias yukpas, es la consecuencia directa de décadas de omisión estatal en la Serranía del Perijá (Cesar), en la frontera con Venezuela. No podemos consentir que un pueblo diezmado y casi desaparecido físicamente, al que se le ha negado sistemáticamente su derecho al territorio y a la supervivencia, sea calificado como invasores o criminales. En Colombia, el pueblo Yukpa fue reconocido por la Corte Constitucional (Auto 004 de 2009) como víctima colectiva del conflicto armado y se encuentra en riesgo de exterminio físico y cultural. Lejos de recibir protección especial, han sido desplazados y/o presionados por la falta de tierras y el desarrollo de proyectos agroindustriales y mineros. ¿Cómo no preveer que estas condiciones deplorables de subsistencia iban a ocasionar todo tipo de desplazamientos? El desplazamiento hacia Barranquilla es la consecuencia lógica de ese abandono. Sin embargo, la respuesta del Estado en la ciudad se ha centrado en la persecución y la acusación, no en la reparación. Los operativos recientes, que derivaron en enfrentamientos y remisiones al ICBF por presunta explotación infantil, se basan en una narrativa que criminaliza la supervivencia.
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🚨 ¡ESTUDIANTES Y COMUNIDADES DE GUACHACA QUEDAN EN MEDIO DE LOS COMBATES ENTRE EL EJÉRCITO Y LOS CONQUISTADORES! La situación de orden público en el corregimiento de Guachaca, zona rural de Santa Marta, genera preocupación entre las comunidades, luego de los enfrentamientos registrados entre tropas del Ejército Nacional y presuntos integrantes de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, conocidas como Los Pachencas. Los combates se presentan en medio de la presencia de estudiantes y habitantes de esta zona, quienes quedarían expuestos a los riesgos derivados de los enfrentamientos armados.
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El Estado colombiano no puede seguir criminalizando a los pueblos indígenas La situación que se visibiliza en las calles de Barranquilla, con operativos policiales y señalamientos de mendicidad y explotación infantil por parte de familias yukpas, es la consecuencia directa de décadas de omisión estatal en la Serranía del Perijá (Cesar), en la frontera con Venezuela. No podemos consentir que un pueblo diezmado y casi desaparecido físicamente, al que se le ha negado sistemáticamente su derecho al territorio y a la supervivencia, sea calificado de la manera como invasores o criminales. En Colombia, el pueblo Yukpa fue reconocido por la Corte Constitucional (Auto 004 de 2009) como víctima colectiva del conflicto armado y se encuentra en riesgo de exterminio físico y cultural. Lejos de recibir protección especial, han sido desplazados y/o presionados por la falta de tierras y el desarrollo de proyectos agroindustriales y mineros. ¿Cómo no preveer que estas condiciones deplorables de subsistencia iban a ocasionar todo tipo de desplazamientos? El desplazamiento hacia Barranquilla es la consecuencia lógica de ese abandono. Sin embargo, la respuesta del Estado en la ciudad se ha centrado en la persecución y la acusación, no en la reparación. Los operativos recientes, que derivaron en enfrentamientos y remisiones al ICBF por presunta explotación infantil, se basan en una narrativa que criminaliza la supervivencia. @DefensoriaCol @Indepaz @leonardonzalez
🚨 #Barranquilla | Un operativo por presunta mendicidad infantil terminó en enfrentamientos entre la Policía y miembros de la comunidad indígena Yukpa, en Miramar. El ICBF informó que dos bebés, de 6 y 11 meses, quedaron bajo protección. #ICBF #OrdenPúblico
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