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Repetir números en redes sociales no equivale a entender de economía. Hay que ponerle cabeza, contexto y un mínimo de decencia intelectual a las cifras. Diego Ibáñez cita al Consejo Fiscal Autónomo con una soltura olímpica, pero convenientemente «olvida» que ese mismo organismo advirtió reiteradamente sobre los incumplimientos fiscales del gobierno de Boric, al que apoyó. En 2025 dejaron un déficit estructural del 3,7% del PIB. Ese es el legado de su coalición. Para colmo, presenta la autorización de endeudamiento sin distinguir que buena parte corresponde a refinanciar deuda existente, no a contraer deuda nueva. Y sobre esa interpretación incompleta monta su discurso para presentar el ordenamiento fiscal como un ataque a los derechos sociales. El libreto de esta izquierda es de una comodidad infinita: contribuyen al deterioro de las cuentas públicas, le dejan la cuenta al siguiente y luego se escandalizan cuando alguien intenta corregir el desastre. Los datos económicos se leen completos, senador, no mutilados por la conveniencia ideológica de turno.

Cuesta entender que un economista con la trayectoria académica y técnica de José De Gregorio recurra a una categoría moral como la «maldad» para cuestionar la eliminación de un programa estatal cuya efectividad ha sido seriamente cuestionada por evaluaciones oficiales. Vamos a los datos: la Dirección de Presupuestos (Dipres) calificó el programa Yo Elijo Mi PC con desempeño bajo en 2018. Posteriormente, su evaluación de impacto de 2022 no encontró efectos estadísticamente significativos en los principales indicadores educativos analizados. Esto no significa que entregar computadores carezca de valor, pero sí exige revisar la efectividad del instrumento. Reducir la brecha digital es un objetivo legítimo y necesario. Sin embargo, defender ese propósito no obliga a perpetuar un programa cuyos resultados generan cuestionamientos fundados. En economía pública, los recursos son escasos y tienen un costo de oportunidad. Cada peso destinado a una intervención de baja efectividad podría generar mayores beneficios sociales en otra necesidad. Ningún programa adquiere legitimidad económica por antigüedad presupuestaria ni por inercia burocrática. Su continuidad debe justificarse con evidencia, evaluaciones rigurosas y resultados verificables. Por supuesto, el Ejecutivo también debe fundamentar técnicamente sus decisiones y explicar cómo atenderá las necesidades de los estudiantes vulnerables. Pero calificar de «maldad» la eliminación de un programa cuestionado por la evidencia no constituye, por sí mismo, un argumento económico. Las políticas públicas deben evaluarse por sus resultados, no solamente por la nobleza de sus intenciones. La responsabilidad fiscal no es contraria a la responsabilidad social. Es una condición indispensable para sostenerla.

Hay que reconocerles una audacia casi admirable: leer al Frente Amplio exigiendo ahora un gobierno que «se haga cargo» entra directamente en la categoría de comedia involuntaria. Los datos están ahí, por supuesto, pero la lectura que hacen peca de una miopía sospechosamente conveniente. Se les olvida mencionar, qué descuido, que la actividad no minera avanzó un 2%, que el tropiezo minero responde a menores leyes del mineral y suspensiones temporales de faenas, y que la economía chilena lleva años empantanada por problemas estructurales de inversión y productividad. Detalles técnicos que suelen estorbarle al panfleto. Aunque lo más fascinante es su elasticidad doctrinaria: la propia administración Boric redujo el gasto público real un 23% en 2022, principalmente al retirar estímulos extraordinarios de la pandemia. Cuando ustedes ajustaban era «responsabilidad de Estado», pero ahora los recortes parecen explicar todas las penurias económicas del país. Y ya que se pusieron tan rigurosos exigiendo que alguien «se haga cargo», ¿a qué ventanilla hay que ir a cobrarles el incumplimiento de las metas fiscales de 2024 y 2025? ¿Y qué responsabilidad política asumen por los convenios con fundaciones vinculadas a su sector, que terminaron bajo investigación por presuntos fraudes al Fisco? Un mínimo de pudor y autocrítica no le vendría mal a la autodenominada superioridad moral. Reducir la complejidad de la macroeconomía a una consigna de asamblea universitaria puede rendir en redes sociales, pero como análisis económico no califica ni para borrador de pregrado.

El problema de fondo con esta columna no es que critique al Gobierno; el verdadero problema es la precariedad y la pobreza del análisis económico con el que intenta sostenerse. Chile no llegó a un 9,8% de desempleo ni a este frenazo en la inversión por arte de magia ni por generación espontánea. Detrás de estas cifras hay un deterioro estructural acumulado: estancamiento de la productividad, debilidad en la formación de capital, un encarecimiento sostenido de los costos laborales y una desconfianza institucional que ningún analista serio puede barrer bajo la alfombra para armar su relato. Exigirle cuentas y resultados al Gobierno de turno no solo es legítimo, es indispensable. Pero cargar sobre la actual administración el peso del deterioro económico, minimizando las causas previas y las consecuencias de políticas heredadas, no constituye un diagnóstico económico completo: es una interpretación política que deja fuera variables fundamentales. El periodismo de opinión tiene todo el derecho a fijar una postura política. Lo que no puede pretender es reemplazar la causalidad económica y la evidencia empírica con una simple narración partidaria a la medida de sus prejuicios. Menos retórica moralina y bastante más rigor económico.

Señores de Deutsche Welle: Lo preocupante de este reportaje no es que se examine críticamente el gobierno militar chileno, sino la parcialidad con que se presenta uno de los períodos más complejos de nuestra historia. Las violaciones de los derechos humanos durante el régimen militar son hechos documentados, condenables e injustificables. Pero reconocer esa realidad no significa idealizar a Salvador Allende ni reducir toda la historia de Pinochet exclusivamente a los crímenes de su gobierno. Allende encabezaba un proyecto revolucionario marxista, mantenía estrechos vínculos con Fidel Castro y gobernó durante una profunda crisis económica e institucional. El 22 de agosto de 1973, la Cámara de Diputados denunció formalmente el grave quebrantamiento del orden constitucional y legal por parte de su gobierno. La propia Corte Suprema había advertido meses antes sobre interferencias del Ejecutivo en el cumplimiento de resoluciones judiciales y una inminente ruptura de la juridicidad. Estos antecedentes institucionales también forman parte de nuestra historia. Tampoco puede omitirse la violencia política anterior a 1973 ni la actuación posterior de organizaciones armadas, incluida la internación de armas en Carrizal Bajo y el atentado del FPMR contra Pinochet en 1986. En economía, el análisis exige mayor rigor. Pinochet no recibió Suiza. Recibió un país en una crisis devastadora, con una inflación superior al 500% en 1973. Las reformas económicas iniciadas en los años 70, corregidas tras la crisis de 1982 y consolidadas durante los 80, contribuyeron a establecer las bases del crecimiento posterior. La pobreza descendió del 45,1% en 1987 al 38,6% en 1990 y al 23,2% en 1996. Los gobiernos democráticos tuvieron méritos propios, pero heredaron una economía profundamente transformada. La inversión, la acumulación de capital y la productividad requieren tiempo. No puede explicarse el crecimiento de los años 90 ignorando las reformas anteriores. También merece examinarse que Pinochet perdió el plebiscito de 1988 y entregó la presidencia en 1990 tras elecciones democráticas. ¿Cuántos regímenes comunistas de partido único han permitido que sus ciudadanos los desalojen mediante elecciones verdaderamente libres? Finalmente, resulta cuestionable la selección de entrevistados: Francisco Vidal, exministro de centroizquierda; Mónica González, reconocida por sus investigaciones críticas del régimen militar; y otros participantes. ¿Dónde están los historiadores, economistas o protagonistas que representen interpretaciones diferentes? Un reportaje que pretende explicar por qué parte de los chilenos valora favorablemente ese período debería examinar también sus argumentos. La historia de Chile exige rigor, contexto y pluralidad. No puede contarse con una memoria selectiva: severidad para juzgar a Pinochet e indulgencia para analizar a Allende. El periodismo debe investigar la historia completa, no presentar una interpretación ideológica como si fuera la única verdad posible.