Emmanuel Sánchez

Presidente @petrogustavo, excelente idea. El corredor Cupica–Urabá (ahora Titumate–Guarín en su infografía oficial) es un proyecto que Colombia necesita. La idea no es nueva (la JICA japonesa la estudió en los 80, ha pasado por múltiples CONPES), pero su gobierno tiene la oportunidad histórica de hacer lo que ningún otro hizo: ejecutarlo. Este proyecto es jurídicamente imposible bajo el marco vigente. El trazado atraviesa el PNN Los Katíos (Patrimonio UNESCO), cruza Curbaradó y Jiguamiandó (territorios colectivos con sentencias T-955/03 y A-005/09), atraviesa Riosucio, y pasa por reserva forestal de Ley 2ª de 1959. Cuatro filtros, cada uno con poder de veto efectivo. Si va en serio, esta es la agenda legislativa que su gobierno tendría que liderar: 1. Ley estatutaria de consulta previa. Treinta años después de la Ley 21 de 1991, seguimos con la SU-039/97 y la SU-123/2018 como único marco. Una ley que defina plazos máximos, criterios de afectación directa, y mecanismos de cierre cuando no hay acuerdo (respetando OIT 169) es indispensable. Sin esto, ningún megaproyecto en territorio étnico es viable. 2. Reforma a la Ley 99 de 1993 y al Decreto 1076 de 2015. Plazos máximos vinculantes para ANLA, silencio administrativo positivo en proyectos estratégicos, y eliminación del DAA como requisito separado de la licencia. 3. Ley de Proyectos de Interés Nacional Estratégico (PINE) con dientes reales. El Decreto 2820 nunca se aplicó con seriedad. Hace falta un régimen que permita sustracción expedita de áreas protegidas mediante ley específica, con compensación ambiental robusta. 4. Reforma al régimen del SPNN. Los Katíos es intocable bajo el Decreto 622/77. O se modifica el régimen para permitir infraestructura lineal con mitigación agravada, o el trazado debe desviarse (lo que duplica costos y compromete viabilidad). 5. Tribunal especializado para megaproyectos. Para evitar que cada acción popular o tutela en juzgado municipal frene obras de interés nacional. Es la misma agenda que ejecutaron Lula en Brasil con la Lei Geral de Licitaciones, AMLO en México con el Tren Maya (con todos sus defectos), y que China lleva décadas perfeccionando. El desarrollo de infraestructura crítica exige una arquitectura institucional que Colombia, atrapada entre el garantismo máximo y la captura judicial, no tiene. Si lo hace, cuente con apoyo de quienes creemos que Colombia necesita infraestructura del siglo XXI.