El sentimiento de abandono de la clase trabajadora por Iñaki Errazkin VOX y la ultraderecha en general no ofrecen un programa económico que beneficie a la mayoría de la clase trabajadora. Su atractivo principal no es redistributivo. Sin embargo, han conseguido que una parte de esa mayoría los perciba como un refugio identitario y emocional frente a la incertidumbre, la inseguridad y la sensación de abandono. La explicación no está únicamente en la eficacia de su propaganda. También reside en los errores de quienes deberían ofrecer una alternativa creíble y presente. Una parte de la izquierda se ha alejado de los sindicatos y de los centros de trabajo, concentrando su actividad en las instituciones, los medios y los debates culturales. Sus cuadros, con frecuencia procedentes de entornos universitarios, no siempre conocen de primera mano las preocupaciones de quienes viven en la precariedad. El problema no es en ningún caso la formación académica, que es imprescindible, sino confundir la falta de comprensión de la realidad social cotidiana: salarios bajos, empleo basura, falta de viviendas asequibles, coste de la vida y seguridad en los barrios. Tampoco basta con elaborar buenos diagnósticos económicos si no se consigue que las personas se sientan escuchadas, reconocidas y partícipes de un proyecto colectivo. Los sindicatos han cumplido históricamente una función que va más allá de negociar convenios. Pese a haber mermado su esencia histórica, también transforman problemas individuales en conciencia y capacidad de acción colectiva. Cuando esa presencia se debilita, la frustración tiende a convertirse en resentimiento y la necesidad de pertenencia queda a disposición de quienes ofrecen respuestas sencillas, identifican culpables y prometen recuperar una seguridad perdida. Esto no significa que el abandono de la izquierda sea la única causa. Hay transformaciones estructurales (desindustrialización, nuevas formas de empleo más difíciles de organizar, presión en mercados de baja cualificación, crisis de vivienda y percepción de inseguridad) que generan malestar independientemente del discurso cultural. La clase trabajadora tampoco es homogénea. Hay diferencias relevantes por edad, género y sector. Una parte importante sigue anclada a opciones de izquierda, mientras otros segmentos, especialmente hombres jóvenes en ciertas ocupaciones (logística, hostelería, construcción, repartidores, etc),muestran mayor inclinación hacia opciones de ultraderecha populista. VOX y otras pequeñas formaciones similares saben aprovechar el vacío. No necesitan convencer a sus votantes de que sus políticas económicas mejorarán sus vidas materiales. Les basta con hacerles sentir que alguien los representa cuando otros parecen hablar de otra cosa. La respuesta no consiste en imitar sus discursos ni en menospreciar a quienes los respaldan. Consiste en recuperar la influencia en los centros de trabajo presenciales (siendo conscientes de que cada vez son menos por subcontratas y empresas como Amazon, Glovo, Uber, etc.), defender derechos concretos (salarios, estabilidad, vivienda o condiciones laborales) y reconstruir vínculos de solidaridad. La clase trabajadora no necesita que nadie piense por ella. Necesita organizaciones que le ayuden a comprender sus problemas, a defender sus intereses y a ejercer poder colectivo. Cuando la izquierda deja de estar donde vive y trabaja la gente corriente, no desaparece la necesidad de representación. Simplemente, deja un vacío que otros ocupan. Reconocer los factores múltiples del fenómeno no exime de corregir esa desconexión. #VOX #Izquierda #Ultraderecha #TrabajoDigno #Desconexion #SentimientoDeAbandono #ClaseObrera Nota del autor: La imagen ha sido generada con IA.

La soldadesca me responde con un plural que me es ajeno. “Habláis”, “tenéis”, "sois"... Descartado el sentido mayestático, será que me incluyen en algún partido o movimiento al que no pertenezco. Lo digo en mi bio: soy un periodista francotirador y, por consiguiente, actúo solo.

Digo #PartidoIrene y hay quien se ofende.

El partido Irene está más preocupado por combatir al Frente Amplio que por construir una estrategia común frente a la ultraderecha. La disputa por el liderazgo ocupa demasiado espacio. Y eso tiene consecuencias políticas que solo perjudican a la gente.

Hace cinco años escribí: "Cuando formar parte del Gobierno pasa a ser objetivo estratégico en lugar de táctico... Cuando el medio se convierte en fin, mal vamos". Hoy me ratifico en esa idea. No hay que cogobernar, sino condicionar al Gobierno, cada formación desde sus escaños.

Si los dirigentes de izquierda leyeran a los clásicos sabrían que ellos son los primeros que deberían proceder al análisis concreto de cada situación concreta y actuar en consecuencia.

Acabo de ver en Movistar + una película catalana muy reciente que no puedo dejar de recomendarles encarecidamente: "Viaje al país de los blancos", dirigida por Dani Sancho en 2026. Es un muy buen plan para este fin de semana.

Veo a Broncano con ojos profesionales y no me gusta como entrevistador. Competir en protagonismo con la persona invitada es un error de advenedizo o un modus operandi de narcisista. Dicho esto, el presidente del Gobierno estuvo muy bien, con simpatía y cercanía desbordantes.

Sin palabras

Cuidar sin privar de derechos por Iñaki Errazkin La atención a la salud mental afronta un desafío que va mucho más allá de los diagnósticos, los tratamientos y los recursos disponibles: cómo cuidar a las personas sin convertir ese cuidado en una justificación para limitar sus derechos fundamentales. La recientísima Ley 4/2026, de 1 de octubre, supone un avance en el reconocimiento de la autonomía personal, el consentimiento libre e informado y el respeto a la voluntad y las preferencias de las personas con discapacidad. Así lo considera la Asociación Española de Neuropsiquiatría (a la que pertenezco), que destaca su contribución a la adaptación de nuestro ordenamiento jurídico a la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, sin ocultar las dificultades que puede plantear su aplicación en el ámbito de la salud mental. El cambio es especialmente relevante en un ámbito donde determinadas prácticas asistenciales han situado históricamente la protección (y, en ocasiones, la comodidad organizativa) por encima de la autonomía de las personas atendidas. Las situaciones clínicas graves existen. Hay crisis que exigen respuestas urgentes, sufrimientos extremos y circunstancias en las que resulta difícil conciliar la protección de una persona con el respeto a su voluntad. Quienes trabajan en estos servicios conocen la complejidad de determinadas decisiones y las responsabilidades que conllevan. Pero reconocer esas dificultades no obliga a aceptar un falso dilema: o garantizamos la atención o respetamos los derechos. Nuestra asociación rechaza expresamente esa disyuntiva. Las situaciones más complejas no anulan los derechos de quienes las atraviesan. Exigen respuestas asistenciales más flexibles, eficaces y respetuosas. Defender la autonomía no significa desentenderse del sufrimiento, del mismo modo que atender una crisis no concede carta blanca para imponer cualquier intervención. Esta distinción resulta fundamental cuando hablamos de internamientos involuntarios. Privar a alguien de libertad no es una intervención clínica ordinaria, ni una medida se convierte automáticamente en beneficiosa porque se presente como terapéutica. La intención de ayudar no elimina la obligación de justificar las decisiones, evaluar sus consecuencias y someterlas a garantías efectivas. Las medidas involuntarias deben estar sujetas a una justificación individualizada, a criterios de necesidad y proporcionalidad, a revisiones periódicas y a supervisión independiente. La autorización de un ingreso tampoco puede interpretarse como un permiso general para imponer tratamientos o restricciones adicionales. Especial atención merecen los internamientos prolongados. Que una persona siga necesitando asistencia no significa que deba continuar privada de libertad de manera indefinida. Aquí aparece una cuestión que el debate sobre la salud mental no debería eludir: una atención pública insuficiente no debe convertir la privación de libertad en sustituto de los recursos que faltan. Cuando no existen dispositivos comunitarios suficientes, atención domiciliaria accesible, equipos capaces de intervenir en las crisis o alternativas residenciales adecuadas, las posibilidades de respuesta se reducen. La hospitalización puede terminar asumiendo funciones que corresponderían a una red asistencial más amplia. Y una estancia inicialmente justificada por una crisis puede prolongarse porque no hay otro lugar al que acudir o porque no se dispone de los apoyos necesarios para continuar la atención fuera del hospital. El problema deja entonces de ser exclusivamente clínico. También es organizativo, social y político. La insuficiencia de recursos condiciona las decisiones asistenciales y puede contribuir a que una persona permanezca privada de libertad más tiempo del estrictamente necesario. Esto no significa que todos los internamientos prolongados sean injustificados ni que los profesionales podamos resolver las carencias del sistema. Significa que las administraciones no pueden trasladar a las personas atendidas las consecuencias de sus propias insuficiencias, ni convertir la falta de alternativas en una razón automática para mantener medidas coercitivas. Nuestra asociación advierte precisamente de esta doble amenaza: las vulneraciones de derechos derivadas de las prácticas coercitivas y el riesgo de desatención cuando no existen respuestas asistenciales adecuadas. Ambas realidades deben abordarse simultáneamente. La solución pasa por fortalecer los equipos comunitarios, la atención domiciliaria, los dispositivos de crisis, los apoyos entre iguales y los recursos sociales y residenciales. No se trata de sustituir indiscriminadamente el hospital por otras modalidades de atención, sino de disponer de alternativas suficientes para que cada persona reciba la asistencia que necesita en el entorno menos restrictivo que resulte adecuado. Reconocer derechos sin financiar las condiciones materiales que permiten ejercerlos es insuficiente. Pero disponer de pocos recursos tampoco puede convertirse en una excusa para reducir esos derechos. La reforma plantea, además, cuestiones que necesitan una clarificación jurídica y asistencial. Nuestra asociación señala las dudas que suscita la coexistencia del nuevo artículo 13 bis con la regulación vigente del internamiento involuntario, particularmente en torno al concepto de urgencia vital y a la atención de situaciones graves que no implican necesariamente un riesgo vital inmediato. La respuesta no debería consistir ni en restringir injustificadamente los derechos ni en dejar sin atención a quienes atraviesan una crisis grave. Es necesario establecer criterios claros sobre las circunstancias, las condiciones y las garantías de las intervenciones no consentidas, especialmente en los servicios de urgencias, donde las decisiones deben adoptarse con frecuencia en condiciones de incertidumbre y sin disponer de alternativas suficientes. La prevista reforma del artículo 763 de la Ley de Enjuiciamiento Civil ofrece otra oportunidad para avanzar. No debería limitarse a revisar los procedimientos judiciales que autorizan la privación de libertad, sino contribuir a un modelo basado en el consentimiento, los apoyos para la toma de decisiones, las garantías efectivas y las alternativas comunitarias. Ese proceso debe contar con la participación de las personas que han experimentado estas situaciones, de sus organizaciones y de los profesionales implicados. No se puede construir una atención centrada en las personas sin escuchar a quienes reciben sus cuidados. La salud mental no puede abordarse desde una lógica que confunda sufrimiento con incapacidad, diagnóstico con pérdida de autonomía o protección con obediencia. Tampoco sería responsable ignorar la complejidad de determinadas crisis ni las necesidades de quienes requieren una atención intensiva. El reto consiste precisamente en sostener ambas realidades sin sacrificar ninguna: atender el sufrimiento y proteger los derechos; ofrecer cuidados y preservar la dignidad; responder a las crisis sin convertir las medidas excepcionales en prácticas ordinarias. Para ello hacen falta leyes claras, garantías efectivas, profesionales respaldados y servicios públicos dotados de recursos suficientes. También hace falta que las administraciones asuman su responsabilidad en la organización y financiación de una red asistencial capaz de ofrecer alternativas reales. Porque una sociedad no protege adecuadamente a las personas con problemas de salud mental si solo les reconoce derechos cuando ejercerlos no exige recursos. Y tampoco puede considerar un éxito asistencial que alguien permanezca ingresado porque el sistema no ha sido capaz de proporcionarle una alternativa. La calidad de la atención debe medirse no solo por nuestra capacidad para intervenir ante el sufrimiento, sino también por la posibilidad de que las personas recuperen su autonomía, mantengan sus vínculos y desarrollen una vida digna en la comunidad. Defender los derechos de las personas atendidas no significa renunciar a cuidarlas. Significa asumir la responsabilidad de encontrar formas de cuidado que no exijan sacrificar esos derechos. Y esa responsabilidad no recae únicamente en los profesionales que atendemos a quienes sufren. También recae en las instituciones que legislan, planifican y asignan los recursos de los que depende que esos cuidados sean posibles. La falta de recursos asistenciales no puede convertirse en una condena añadida para quien ya está sufriendo. Cuidar exige atender; respetar exige no privar de derechos; y garantizar ambas cosas es una obligación pública, no una opción. #SaludMental #ErrazkinSM #DerechosHumanos #Discapacidad #Psiquiatría #Neuropsiquiatría #AutonomíaPersonal #ConsentimientoInformado #InternamientoInvoluntario #NiCulpaNiSilencio #MatchSaludMental #StopEstigma #EnMiMente #LeySaludMental Nota del autor: La imagen ha sido generada con IA.

Hoy es santa Salomé, que vivía cantando.

El de Almonacid del Marquesado (Cuenca), que almacena 500 toneladas diarias de residuos, es el mayor macrovertedero de basura de España, solamente superado por el programa Horizonte.

Votar sin absolver por Iñaki Errazkin Entre 1975 y 1988 sufrí ocho detenciones: seis a manos de la Policía y dos de la Guardia Civil. Una en dictadura, cuatro en la Transición y tres con Felipe González presidiendo el Gobierno. Todas con malos tratos y la última con torturas de intensidad moderada, si es que puede aceptarse esa gradualidad delictiva. No crean, pues, que me apasiona el PSOE. No he olvidado aquellos años ni las responsabilidades de los Gobiernos socialistas. Tampoco sus incumplimientos ni las muchas ocasiones en que sus políticas se alejaron de lo que considero necesario para crear una sociedad más justa. Y mucho menos he olvidado a los GAL. No necesito idealizar el pasado para saber de dónde vengo. Pese a todo lo expuesto, después de mucho reflexionar, el 29 de noviembre votaré al PSOE. No será un voto de adhesión ni una absolución retrospectiva. No he descubierto de repente sus virtudes ni he dejado de discrepar de sus políticas. Y, desde luego, no pienso poner mi memoria en almoneda. Votaré al partido que lidera Pedro Sánchez porque estoy censado en Castilla y, en las circunstancias electorales actuales, considero que es la opción más eficaz para evitar que mi voto antifascista se pierda en la fragmentación que impera a su izquierda. Voy a explicarlo con claridad meridiana. No votaría al PSOE en cualquier circunstancia ni creo que sea la mejor opción en todas las circunscripciones. Si estuviera censado en Madrid, votaría al Frente Amplio; en Hego Euskal Herria, a EH Bildu; en Cataluña, a ERC; en Galicia, al BNG. Y así sucesivamente, de acuerdo con las opciones políticas y electorales de cada territorio. No hay contradicción en ello. Hay una convicción de fondo y una pragmática adaptación a las circunstancias. Mi posición política es antifascista y de izquierdas. Y mi decisión electoral depende también de la circunscripción, de las candidaturas que concurren y de las posibilidades reales de que los votos se traduzcan en representación parlamentaria. Las elecciones no se celebran en un mundo ideal. El Estado español no es precisamente Shangri-La. Se celebran en territorios concretos, con reglas concretas y consecuencias que no siempre coinciden con nuestras preferencias. En las provincias castellanas hay pocos escaños en juego y la fragmentación de la izquierda alternativa puede tener consecuencias importantes. No basta con que varias organizaciones compartan una parte considerable de su electorado potencial. Hace falta que esa coincidencia se traduzca en capacidad efectiva de representación. La izquierda alternativa lleva demasiadas citas electorales sin encontrar una fórmula de cooperación capaz de convertir su potencial social en fuerza política. No todas las organizaciones tienen la misma responsabilidad ni todas las discrepancias son artificiales. La unidad, por sí sola, tampoco garantiza el éxito. Pero la división tiene costes que no desaparecen porque cada cual tenga sus razones. A los conflictos internos se suman otros problemas: la pérdida de apoyo social, los errores de dirección, la falta de propuestas convincentes y las dificultades para construir una alternativa reconocible. No todo se explica por la fragmentación, pero sería un grave desacierto ignorar sus consecuencias electorales. La aritmética de las urnas no entiende de agravios ni de declaraciones buenistas. Los votos que no se traducen en actas siguen expresando ideales, pero no proporcionan representación parlamentaria. Cuando se disputan pocos escaños, una pequeña diferencia de votos puede resultar decisiva. La magnitud de ese efecto depende de cada circunscripción y de la distribución específica de los apoyos. Por eso, en Castilla, no puedo preguntarme solamente qué candidatura representa mejor mis ideas. También debo preguntarme qué voto puede ayudar más eficazmente a impedir que la derecha y la extrema derecha amplíen su poder. Yo sí conocí una dictadura, a la que combatí, y no pienso contribuir a que quienes amenazan derechos y libertades encuentren el camino despejado para instalar otra. No me gusta el PSOE, pero aún me gusta menos la posibilidad de que mi rechazo a esas siglas termine facilitando un resultado que considero mucho peor. Votar a un partido no equivale a respaldar todo lo que ha hecho. Tampoco obliga a justificar su historia, silenciar sus errores o renunciar a la crítica. Y elegir la opción que consideramos menos perjudicial no significa necesariamente abandonar nuestros principios. Porque los principios no se ponen a prueba únicamente cuando podemos elegir aquello que más nos gusta. También se ponen a prueba cuando tenemos que decidir en condiciones desfavorables, entre alternativas imperfectas y con consecuencias que afectan a terceros. Mi voto al PSOE pertenece a esa categoría. No votaré para premiar sus incumplimientos ni para justificar su trayectoria. Tampoco renunciaré a reclamar una izquierda alternativa capaz de organizarse, cooperar y ofrecer respuestas a las necesidades de la mayoría social. Si esa izquierda quiere ser algo más que una suma de siglas, tendrá que demostrar que sabe anteponer los objetivos colectivos a las conveniencias particulares. No es suficiente compartir diagnósticos ni proclamar la necesidad de la unidad. Hay que construir acuerdos, resolver discrepancias y presentar una alternativa que merezca la confianza de la gente. El antifascismo no puede limitarse a proclamar principios. También exige inteligencia estratégica, capacidad de organización y disposición para actuar en función de las circunstancias. No basta con tener razón en las discusiones internas si las consecuencias de nuestras decisiones terminan favoreciendo a quienes queremos combatir. Después de tantos años, sigo creyendo que la política debe servir para ampliar derechos, acabar con las desigualdades evitables y mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía. Sigo creyendo que la crítica a quienes dicen representarnos es imprescindible y que ninguna organización política tiene derecho a exigir fidelidad incondicional a quienes la votan. Por eso votaré al PSOE sin dejar de criticar al PSOE. Mi papeleta no será un olvido del pasado. La memoria histórica es innegociable. Tampoco será una justificación del presente ni un cheque en blanco para el futuro. Mis convicciones no cambian al cruzar una frontera provincial o autonómica. Lo que cambia es el contexto en el que debo decidir cómo expresarlas electoralmente. No es una declaración de amor. Es una decisión táctica al servicio de una estrategia política, condicionada por las circunstancias y por mi voluntad de contribuir a evitar un resultado que considero bastante peor. Y, sobre todo, es responsabilidad electoral. #29N #Elecciones2026 #StopFascismo #Izquierda

Anuncio que mañana publicaré un artículo muy importante para mí. Es el resultado de una profunda reflexión y no ha sido nada fácil darlo por ultimado. Pero creo que quienes tenemos voz y público debemos compartir nuestras opiniones cuando parten de la honestidad. Hasta mañana.

La ONU reduce la entrega de alimentos en la Franja de Gaza por falta de recursos y por las restricciones del Estado terrorista de Israel. insurgente.org/palestina-onu…