Fernando M.Fernández

Circula en X una publicación que pretende excluir del TSJ a Juan Manuel Raffalli, Tamara Adrián, Antonio José Marval, Jesús María Casal y Juan Carlos Apitz por sus actividades o posiciones políticas. Esa descalificación general confunde expresar una posición política con obedecer a un partido. El caso de Casal permite mostrar el error. Haber presidido la Comisión Nacional de Primaria de 2023 no convierte a Casal en un subordinado partidista. Su responsabilidad fue conducir con independencia y serenidad una elección entre candidatos de distintas tendencias. Organizarla no equivale a militar en los partidos participantes. Ser opositor al chavismo y expresarlo —como ocurre con Raffalli, Adrián, Marval y Apitz—tampoco inhabilita, por sí solo, para ser magistrado. El artículo 256 de la Constitución prohíbe el activismo político partidista desde el nombramiento hasta el egreso del cargo. No establece una exclusión perpetua por haber participado en política. Lo decisivo es que la trayectoria y la conducta de cada aspirante inspiren confianza en su capacidad para juzgar sin obedecer instrucciones. Distinta es la situación de quienes han demostrado su sumisión al poder. Durante estos 27 años, el sometimiento de la justicia al chavismo se ha manifestado en decisiones destinadas a proteger al gobierno y perseguir a sus adversarios políticos. Esa conducta compromete la independencia judicial; una opinión crítica del gobierno no demuestra semejante subordinación. Tampoco una renuncia partidista de última hora borra una trayectoria de obediencia. Excluir a quienes han cuestionado al poder y admitir a quienes han vivido de obedecerlo sería perpetuar el sometimiento de la justicia al chavismo.