Inyerber Gutiérrez 🇻🇪🇻🇪🇻🇪

¿RESCATAR EL SALARIO ELIMINANDO LOS DERECHOS DEL TRABAJADOR? El economista Asdrúbal Oliveros plantea que abandonar la retroactividad de las prestaciones sociales permitiría recuperar el salario. Pero la pregunta es inevitable: ¿por qué la recuperación salarial debe comenzar reduciendo las obligaciones patronales y no discutiendo cómo distribuir más justamente la riqueza que producimos? El salario no se rescata haciendo más barato al trabajador, sino haciendo que su trabajo valga lo suficiente para vivir con dignidad. El problema del trabajador venezolano no es que le sobren derechos en el papel. Es que su salario pierde poder adquisitivo, las bonificaciones sustituyen remuneraciones con incidencia salarial y sus prestaciones se deprecian frente a la inflación. Aclaremos el alcance jurídico: las prestaciones sociales no son una dádiva empresarial. El artículo 92 de la Constitución reconoce el derecho a que recompensen la antigüedad y amparen al trabajador en caso de cesantía. El artículo 142 de la LOTTT establece un mecanismo que combina depósitos de garantía con un cálculo final equivalente a 30 días de salario por año de servicio, o fracción superior a seis meses, tomando como referencia el último salario. Al finalizar la relación laboral, se compara ese cálculo con la garantía acumulada y se paga el monto mayor. La retroactividad no significa cobrar dos veces: busca que el cálculo final considere los años de servicio y el último salario aplicable. Los artículos 89 y 92 constitucionales obligan a examinar cualquier reforma desde los principios de progresividad, irrenunciabilidad y protección de las prestaciones sociales. No toda modificación legal es automáticamente inconstitucional, pero tampoco puede suponerse que eliminar la fórmula carece de consecuencias jurídicas. Deben evaluarse los derechos acumulados, la protección sustitutiva y los efectos reales sobre el trabajador. La reforma de 1997 constituye un antecedente que exige evaluar cuidadosamente quién asumió los costos del cambio y qué protección recibió el trabajador. Por eso preguntamos: ¿cuánto aumentará el salario básico? ¿Cómo se protegerán décadas de antigüedad? ¿Qué impedirá que el ahorro empresarial termine en mayores ganancias sin mejorar las remuneraciones? Venezuela necesita inversión y empresas sostenibles, pero también salarios dignos, negociación colectiva y seguridad social. Proponemos recuperar el salario real, combatir la inflación, impedir la sustitución indebida del salario por bonos y crear el **FONADIR** como parte de una política integral de protección social. La riqueza no la produce solamente el capital: también la producen quienes entregan su tiempo, conocimientos y esfuerzo. Desde ACÁ defendemos una economía al servicio de la gente, una Constitución que se cumpla y una distribución más justa de la riqueza. ¡Los derechos laborales no son un obstáculo para el desarrollo: son parte de su razón de ser! MADM

LA TRAMPA DE LA TRANSICIÓN QUE YA COMENZÓ: EL DESMANTELAMIENTO DE LA REPÚBLICA Y LA HORA DE LOS INDEPENDIENTES. Desde 2024 nos hablan de transición como si fuera un acontecimiento futuro o un acuerdo entre cúpulas. ¡Esa es la trampa del lenguaje! La transición hacia la destrucción del Estado de Derecho comenzó mucho antes, desde 2013, mediante sentencias a la medida, decretos de excepción y vías de hecho que fueron erosionando la Constitución. Maduro, la encargada y quiénes operan tras bambalinas no necesariamente han fracasado: han profundizado un modelo de desconstitucionalización que compromete la soberanía nacional y los derechos del pueblo venezolano. La Ley Antibloqueo simbolizó la institucionalización de la opacidad: bajo el argumento de enfrentar las sanciones, se abrieron espacios para la discrecionalidad y el secreto en decisiones sobre activos, recursos estratégicos y acuerdos económicos, debilitando la contraloría pública y el derecho de los venezolanos a conocer cómo se administra su patrimonio. El desmantelamiento también llegó al mundo del trabajo. El Memorando 2792 y las medidas asociadas a la ONAPRE contribuyeron al deterioro salarial, la pérdida de conquistas laborales y el desconocimiento de derechos colectivos. No se puede rescatar la economía destruyendo el salario ni condenando a los trabajadores a sobrevivir con ingresos miserables. Sus consecuencias han golpeado a las familias, impulsado la migración y fracturado nuestra sociedad. Los nuevos esquemas petroleros, incluidos los derivados de la LOH de 2026, exigen escrutinio constitucional, transparencia y control público. Ninguna negociación puede justificar la entrega opaca de nuestros recursos ni sacrificar la soberanía, los derechos laborales y la protección ambiental. Mientras colapsan los servicios públicos, hospitales y escuelas, pretenden que la ciudadanía se resigne a sobrevivir, atrapada entre dos polos que no ofrecen una salida constitucional efectiva. Pero en 2024, millones de venezolanos salieron a votar para expresar su voluntad soberana, pero sobre todo a pasar factura a ése poder fosilizado que nos ha perseguido, criminalizado y empujado al exilio. Fue una expresión de soberanía popular, consagrada en el artículo 5 de la Constitución, y una exigencia de restitución del Estado de Derecho. Que lamentablemente fue desoída. La salida no es esperar otra transición diseñada desde arriba. El freno debe ser la movilización popular y constitucional, con un objetivo común: rescatar la República, la soberanía nacional y popular, los derechos laborales, la justicia y la dignidad de las familias venezolanas. ¡Nos llegó la hora de los independientes, de los de abajo, de los decentes! Recuperar el país exige superar la falsa polarización, desmontar los relatos de ambos polos y volver a colocar la Constitución y al pueblo en el centro de la vida nacional. ¡Toca luchar y vencer! MADM