Jorge Serrano

Un niño de apenas 16 meses llevaba prácticamente toda su vida sin convivir con su padre. Desde agosto de 2025, el padre pedía a un juez que fijara la manera en que podría empezar a verlo. Pasaron meses, presentó escritos, insistió y nada ocurría. Hasta que el 17 de febrero de 2026 acudió al amparo para denunciar que la justicia simplemente no estaba actuando. Nueve días después, el juez familiar finalmente reaccionó: ordenó iniciar convivencias supervisadas y un proceso para construir poco a poco el vínculo entre padre e hijo. El caso llegó al Décimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito y dejó una idea jurídica muy poderosa: una autoridad no puede borrar meses de inacción sólo porque, después de ser demandada, produce un oficio y dice “ya hice algo”. Cuando están en juego los derechos de un niño, un juez debe revisar si lo ordenado sirve de verdad, si ya empezó a funcionar y si realmente conduce a protegerlo. Pero tampoco se trata de imponer una convivencia inmediata a cualquier costo: con un niño tan pequeño, construir un vínculo puede exigir tiempo, acompañamiento y gradualidad. La pregunta no es qué adulto “gana”; la pregunta es qué necesita ese niño. Y ahí está lo más fuerte del caso: el tiempo. Para un juzgado, seis meses pueden ser otro expediente atrasado; para un niño de 16 meses son una parte gigantesca de su vida. La gradualidad puede proteger, pero la demora puede destruir lo mismo que después se intenta reconstruir. Ésa debería ser la advertencia para toda la justicia familiar: no basta mover papeles cuando finalmente llega un amparo. Cuando el Estado tarda tanto que modifica los vínculos que debía proteger, el problema ya no es sólo burocracia. Es una cuestión de derechos humanos.

Una mujer de Nayarit decidió no dejarles su herencia a sus hijos y nombró heredero a su amigo, el notario Arturo Luna López. Los hijos denunciaron que el testamento era falso. Pero había dos datos fundamentales: la firma de la señora resultó auténtica y el testamento lo había autorizado otro notario. Aun así, la Fiscalía sostuvo, según la defensa, que la mujer padecía Alzheimer y que su voluntad testamentaria era falsa. Luna terminó en prisión. Después de casi dos años encarcelado, en julio de 2025 un Tribunal Colegiado corrigió el problema jurídico: una cosa es que un testamento pueda ser anulado porque quien lo firmó carecía de capacidad para hacerlo, y otra muy distinta es acusar penalmente a alguien de utilizar un documento falso. No son lo mismo. El tribunal consideró insuficientes las pruebas, ordenó dejar sin efecto su vinculación a proceso y un juez dispuso su libertad. Pero cuando debía salir del penal, ocurrió algo extraordinario: la Fiscalía ejecutó otra orden de aprehensión, ahora por una escritura inmobiliaria de 2009. Hoy lleva más de tres años preso sin sentencia. Esa nueva acusación debe demostrar qué delito cometió personalmente, si todavía puede perseguirse después de tantos años y por qué necesita permanecer en prisión preventiva. El amparo derribó la primera acusación, pero la segunda impidió su libertad. En México, hasta una sentencia que ordena liberar a una persona puede terminar sin abrir la puerta de la cárcel.