Jael Quiroga Carillo

Hoy se debate en el Senado un proyecto que busca que la JEP termine su funcionamiento en 2028 y que los procesos pendientes pasen a la justicia ordinaria. La semana pasada, el nuevo presidente de la JEP, Danilo Rojas, anunció recortes presupuestales que afectan la capacidad de la Jurisdicción para proteger a víctimas, testigos y comparecientes. Esto se dio como respuesta a la campaña de desprestigio y el daño presupuestal que se causó a la entidad, que rige a partir del próximo año. Y ahora, desde el Congreso, se busca quitarle también el tiempo que necesita para cumplir su mandato. Esto no es un asunto de fechas ni de presupuestos. La JEP fue creada para que las víctimas pudieran conocer la verdad y acceder a la justicia frente a crímenes que durante décadas permanecieron en la impunidad. Y precisamente ahora comienza una etapa fundamental: juzgar a quienes no reconocieron responsabilidad y establecer las sanciones correspondientes. Cerrar la JEP en 2028 no significa cerrar los casos. Significa trasladarlos a una justicia ordinaria ya congestionada y poner en riesgo los avances obtenidos. La Corte Constitucional ha sido clara: todas las instituciones y autoridades del Estado tienen la obligación de cumplir de buena fe el Acuerdo de Paz y sus desarrollos deben guardar coherencia con lo acordado. El Congreso también hace parte del Estado y no puede sustraerse de esa obligación. El Senado tiene una responsabilidad histórica. La justicia de las víctimas no puede quedar atrapada en decisiones políticas ni tener una fecha de vencimiento. Invito a los senadores a escuchar a las víctimas y defender el cumplimiento integral del Acuerdo de Paz.

¡Prohibido olvidar el genocidio contra la Unión Patriótica! Ayer, 9 de noviembre, se cumplió un año del acto celebrado en Santa Marta, en el que el entonces presidente Gustavo Petro, en nombre del Estado colombiano, reconoció públicamente su responsabilidad internacional por el exterminio de la Unión Patriótica. Para mí, como sobreviviente, y para quienes hemos dedicado tantos años a buscar verdad y justicia para las víctimas, este reconocimiento tiene un profundo significado. Durante décadas tuvimos que luchar para que se reconociera lo que había ocurrido: el asesinato, la desaparición, el desplazamiento y la persecución de miles de hombres y mujeres por pertenecer a un proyecto político. Por pensar distinto. Pero este reconocimiento no es el punto final. La responsabilidad del Estado no termina con un acto público. También implica cumplir las medidas de reparación que siguen pendientes y que deben contribuir a transformar las condiciones que hicieron posible esta violencia. En octubre, el Gobierno de Abelardo de la Espriella paralizó un proyecto de reparación que llevaba dos años de trabajo con las víctimas y que contemplaba, entre otras medidas, un documental, un monumento, placas conmemorativas y una campaña de sensibilización sobre la violencia ejercida contra la Unión Patriótica y la desestigmatización de sus víctimas y sobrevivientes. Todas estas medidas, ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no pueden quedar suspendidas indefinidamente por razones presupuestales. Tampoco pueden dejarse de lado la atención integral en salud de las víctimas del genocidio; el avance de las investigaciones penales para garantizar justicia; la búsqueda de las personas desaparecidas forzadamente y el fortalecimiento del Programa Especial de Protección Integral, medidas de reparación que siguen en mora. Hoy tenemos razones para insistir. La memoria no es un asunto del pasado. La memoria también es una forma de reparación. Por eso, preocupa lo ocurrido recientemente en el Museo Nacional, donde fueron retiradas más de 30 piezas de distintas exposiciones, entre ellas elementos relacionados con la violencia política y con la historia de la Unión Patriótica. Entre las piezas retiradas estaba una relacionada con Bernardo Jaramillo Ossa, candidato presidencial de la UP asesinado en 1990. A un año del reconocimiento de responsabilidad internacional del Estado colombiano, seguimos reclamando verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Como sobreviviente de la Unión Patriótica, lo digo con claridad: reconocer lo ocurrido fue necesario. Cumplir con las víctimas es indispensable. ¡Prohibido olvidar!

Expreso mi respaldo a mi compañera @PizarroMariaJo. Durante el tiempo que compartimos juntas en el Senado de la República fui testigo del compromiso y responsabilidad con los que María José ejerció su labor como congresista. También he visto como sistemáticamente ha sido víctima de ataques, montajes y violencia en su contra, solo por ser una destacada mujer progresista. Por supuesto que la justicia debe investigar y garantizar los derechos de todas las partes involucradas. Por eso, resalto el respeto con el que María José está asumiendo las decisiones judiciales e insto a la Corte Suprema de Justicia para que escuche su versión cuanto antes. Eso es lo que corresponde en aras de colaborar con las investigaciones. Además, suscribo el comunicado emitido por las mujeres congresistas del Pacto Histórico y me sumo al llamado para que los derechos humanos de las mujeres sean respetados con independencia de la filiación política, así como que no sean instrumentalizados para desviar la atención sobre asuntos igualmente importantes como lo es la regresiva reforma tributaria, la ley de sometimiento que da prebendas a los bandidos, la falta de claridad sobre el manejo de los recursos donados para las víctimas de terremoto y las denuncias hechas por @IvanCepedaCast sobre los vínculos de quien hoy dirige el país con estructuras narcotraficantes. Hoy más que nunca tenemos que acogernos a nuestras capacidades para analizar y discernir. Los asuntos públicos deben asumirse con la madurez necesaria para entender lo que está realmente en juego para el país.

Colombia despide a Antonio Navarro Wolff, un hombre que hizo de la paz una decisión de vida y que fue protagonista de uno de los momentos más importantes de nuestra historia: la Constitución de 1991. Su camino demuestra que es posible apostarle al diálogo, construir desde las diferencias y defender los derechos por encima de todo. Mi abrazo solidario a su familia y seres queridos. ¡Descanse en paz! 🙏🏻🤍

Me duele profundamente el atentado ocurrido en Planadas, Tolima, que dejó cuatro personas fallecidas, entre ellas una bebé de apenas 2 meses, y varias personas heridas. Como Tolimense, expreso mi solidaridad con las familias y con toda la comunidad afectada. Lo ocurrido en este municipio no es un hecho aislado, ni inadvertido: desde hace años venimos denunciando cómo el avance de la minería ilegal ha deteriorado la seguridad en el sur del Tolima. Mientras no se tomen medidas contundentes que permitan erradicar esas prácticas y a los grupos armados que se benefician de ellas, la delincuencia seguirá poniendo en riesgo la vida, la seguridad y la paz del pueblo Tolimense. La población civil no puede seguir pagando el precio de la violencia, merecen vivir con tranquilidad y dignidad. Como hija del Tolima invito al país a rodear a nuestro departamento, hacer veeduría permanente y exigir acciones inmediatas para erradicar la violencia, garantizar justicia y paz para la ciudadanía.

¡Pretenden cerrar anticipadamente la JEP y dejar a miles de víctimas sin respuestas! 🚨 Reducir su duración hasta marzo de 2028 pone en riesgo décadas de búsqueda de verdad y justicia, desconoce los compromisos del Acuerdo de Paz y afecta también la seguridad jurídica de quienes comparecen ante esta jurisdicción. Como sobreviviente del genocidio contra la Unión Patriótica, sé lo que significa luchar durante años para que el Estado reconozca sus responsabilidades. La justicia transicional no es un favor: es una obligación del Estado y un derecho de las víctimas, si Colombia deja de investigar estos crímenes, también pone en riesgo su responsabilidad ante la justicia internacional. ¡La verdad no puede tener fecha de vencimiento y los derechos de las víctimas no se negocian! 🇨🇴🚨

¡Brasil venció al fascismo!🇧🇷 El triunfo de Lula es un mensaje de esperanza para toda América Latina. El pueblo trabajador brasileño resiste ante el ascenso de la extrema derecha y pone de primero la vida, el ambiente, la justicia social y los derechos humanos. ¡GRANDE, COMPAÑERO LULA!💚👏

¡Con el pueblo, desde el pueblo y para el pueblo! 🇨🇴💜✊🏻

Algunos creían que el Gobierno de Abelardo De La Espriella no podía ser peor. Lastimosamente para Colombia, la realidad es cada día más aterradora. Un quemador de libros, supremacista, antiderechos y arbitrario como Alejandro Ordóñez simboliza un retroceso absoluto en materia de derechos y diálogo democrático. Las mujeres, las diversidades, las juventudes y el pueblo colombiano no está a salvo bajo las riendas de este nefasto señor.

¡Si eres mujer y militas en el Pacto Histórico, este video es para ti! 👀💜 Logramos incluir tres compromisos clave en los estatutos de nuestro partido: listas paritarias y en cremallera, financiación para las mujeres candidatas y una escuela de formación política para mujeres en todo el territorio nacional. ¡El Pacto Histórico debe respaldar a sus mujeres con hechos y garantías! 💜✊🏻

¡SE HUNDIÓ EL PRESUPUESTO DE ABELARDO! ✊🏼 Es una victoria para el control democrático, pero la tarea no termina aquí. Debemos seguir vigilantes para que el Gobierno no intente imponer por decreto el recorte de $181.402 millones a la JEP. No vamos a permitir que se debilite la búsqueda de la verdad, la memoria histórica, la justicia y la reparación de las víctimas. 🤍🇨🇴

Llevar el afiche de Bernardo Jaramillo al Congreso es un acto de memoria y dignidad. Fue un hombre de paz, asesinado por defender una Colombia democrática, soberana y con justicia social. Quienes sobrevivimos al genocidio contra la UP seguiremos resistiendo para defender la memoria, que es patrimonio del pueblo colombiano y no de un gobierno ilegítimo que parece estar del lado de los victimarios. ¡No podrán borrar nuestra historia ni silenciar nuestra lucha! ✊🏻💜🇨🇴

La detección temprana, el acceso oportuno a la salud y el acompañamiento digno pueden marcar la diferencia. ¡Por la vida, la salud y la dignidad de todas las mujeres! 🩷

¡ABELARDO QUIERE BORRAR LA HISTORIA, PERO EL PUEBLO NO LO VA A PERMITIR! 🚨✊🏼 El Gobierno retiró del Museo Nacional el Balígrafo y los afiches de Bernardo Jaramillo Ossa, candidato presidencial de la Unión Patriótica asesinado en 1990. La ministra de Cultura, Paola Holguín, justificó la decisión diciendo que “el Museo Nacional no puede ser un espacio de apología al delito” Bernardo Jaramillo fue asesinado en medio de la violencia política contra la UP y presentar su memoria como apología al delito es revictimizar a quienes sobrevivimos al genocidio y pretender que olvidemos una de las páginas más dolorosas de nuestra historia. 🇨🇴