Jennifer Montoya

Que una fundación ligada a la familia del presidente, constituida el 7 de julio y sin experiencia en manejar recursos, haya captado después del terremoto del 10 de agosto más de 54.000 millones en muy poco tiempo llama la atención. Eso es más de lo que invierte en un año cualquiera de las grandes fundaciones del país, y después del terremoto solo la colecta de la ANDI movió más plata, un gremio con décadas manejando recursos y no una fundación con un mes de creada. Pero lo grave está en otra parte, más del 80 por ciento de esa plata la puso un solo grupo económico, de los que más se la jugó por Abelardo de la Espriella. El conflicto de interés es evidente y no hay que probar ningún soborno, basta con que un grupo regulado por el gobierno le meta plata a lo que maneja la familia del presidente. Con esa plata se está personalizando algo que le corresponde al Estado. La atención del terremoto la quieren convertir en caridad como en el pasado, en una causa de la esposa del presidente, ¿por qué diablos? Además usaron los canales institucionales para recaudar, hasta el vicepresidente que muchos de ustedes admiran recomendó la fundación en una de sus redes. Esto se parece a lo que Fukuyama describe como patrimonialismo en Orden y decadencia de la política, cuando quienes gobiernan manejan lo público como si fuera propio y en beneficio de su familia. Esa forma de manejar lo público no viene sola, va de la mano con la manera como el presidente habla de la democracia. Cuando habla del régimen anterior se refiere a Petro, elegido en democracia como Uribe, Santos y Duque, y el único régimen desde el 91 es la democracia. Si a la democracia la llama régimen anterior es porque su apuesta es por otro régimen, el suyo, uno iliberal donde lo público se maneja como propio, y la fundación de su esposa es una situación más que muestra hacia dónde quiere ir.