YPFB fracasó. Y la respuesta del Gobierno es meter más burocracia. Una "comisión de 5 ministerios" con 180 días de plazo para intervenir una empresa que todos ya sabemos que es corrupta y no funciona, mientras los bolivianos siguen haciendo fila para cargar combustible. Bs 2.400 millones al año le cuesta al país un ejército de funcionarios ineficientes e incapaces en YPFB para importar combustibles, porque ya ni siquiera cumplen su verdadera función, explorar y producir hidrocarburos. US$ 3.500 millones se irán en subvención este año. Ese es el verdadero problema. Los bolivianos no necesitan otro burócrata intermediando. La corrupción hay que cortarla de origen, y su origen es el Estado en todos los niveles. No podemos seguir administrando la escasez ni protegiendo la corrupción con otra comisión o una APP donde el Estado sigue de socio disfrazado. Lo que piden los sectores y los productores y lo que necesita el ciudadano no son privilegios ni subsidios. Piden libertad para competir. Eso es exactamente lo que plantea nuestra propuesta de ley: eliminar el monopolio de YPFB y liberar la importación de combustibles a los privados. La solución no es más Estado. Es menos monopolio, más competencia, más libertad.