En las últimas semanas hemos conocido una serie de nombramientos y posibles vinculaciones a cargos de alta responsabilidad en entidades del Estado de personas mencionadas en denuncias o procesos relacionados con presuntas violencias contra las mujeres. Corresponde a la justicia determinar las responsabilidades penales y se debe respetar la presunción de inocencia. Sin embargo, esto no exime al Estado de actuar con debida diligencia frente a las violencias contra las mujeres al decidir quién ocupa cargos de alta responsabilidad pública. Reiteramos que las violencias contra las mujeres no son un asunto privado. Instamos al Estado adoptar criterios claros, públicos y consistentes para estos nombramientos, que consideren la gravedad de los hechos denunciados, el seguimiento de las actuaciones, la naturaleza del cargo, los posibles conflictos de interés y los riesgos de presión, represalias o revictimización para las denunciantes. Leer pronunciamiento aquí 👇🏽