SASOG

Muchas gracias Juan Fernando. Me toca honrar mi dignidad que a la vez es la de mi núcleo familiar, mis amigos y a la sociedad a la que he servido, porque juré y protesté hacerlo y lo he hecho. No me fue fácil ser juez. En realidad cumpliré 29 años de carrera judicial federal, ingresé un 16 de noviembre de 1997, se ha dicho que son 25. Antes hice aproximadamente 2 años de carrera judicial en el Tribunal Superior de Justicia como secretario proyectista de sala de materia penal para el magistrado Ignacio Olvera Quintero, michoacano, de Maravatío. Hombre culto y honrado. De él aprendí que "nunca le tiemble la mano para soltar a un inocente". Wao, esa frase marcó mi vida profesional. Y así he caminado como juzgador. Él se encontraba molesto porque no habían estado de acuerdo los otros 2 magistrados con revocar, cambiar, una formal prisión, que equivale en alguna medida a lo que es la vinculación a proceso, de un homicidio calificado a libertad por falta de elementos por actualizarse en su criterio, y creo era el correcto, la legítima defensa. Los hechos de entonces. Un vendedor llevaba su canasta con huevos duros, cacahuates y la llamada carne de burro, por las calles de alguna delegación del norte de la CDMX, en los momentos que era asaltado por alrededor de 3 personas, con el cuchillo que utilizaba para su trabajo, le asestó a uno una puñalada en el corazón. La muerte fue instantánea. Lo consignaron por homicidio calificado, el juez le dictó formal prisión, le confirmó la mayoría vs el voto de mi admirado y querido jefe QEPD, que proponía se le libera por tratarse de una legítima defensa. Hoy me pregunto, les temblará la mano para no advertir que, como juzgador y ciudadano vivo una injusticia, a quienes me están juzgando y lo resolverán en el Pleno del @tdjmex , por lo pronto a 2 sí les tembló la mano, el voto a mi favor se quedó corto. Muchas gracias a quienes se han solidarizado con mi causa, que es la causa todo México. Tener jueces independientes e imparciales.

Qué les parecería este título en un comunicado de la COIDH: Si les gustaría da like y replica:

Desafortunadamente no se atendió al fondo: Los criterios judiciales no admiten responsabilidad administrativa ni penal. Es un voto descafeinado.

b)No existió reincidencia, daños y perjuicios patrimoniales causados por las conductas infractoras ni beneficio a favor del juez denunciado. c)La disminución de la pena en comparación a la solicitada por el Ministerio Público no fue sustancial, ya que en tres de las causas penales fue de tan sólo diez meses y sólo en una fue de tres años cuatro meses. d)La propia solicitud del Ministerio Público para el procedimiento abreviado, refleja que los delitos se encuentran fuera del núcleo de la delincuencia de alto impacto o macrocriminalidad y que no se cometieron con violencia extrema, delincuencia organizada o afectación a víctimas vulnerables. En caso contrario, la autoridad estaría institucionalmente comprometida a litigar el caso en un juicio oral para buscar la pena máxima. La vía abreviada constituye también un indicador de que los efectos del delito pueden ser mitigados y resueltos en el ámbito del proceso penal ordinario, sin necesidad de un castigo socialmente ejemplarizante. 19.Lo anterior, sin lugar a duda descarta los rangos de sanción correspondientes a la inhabilitación y la destitución, que fue la aplicada en la sentencia emitida por la mayoría de las magistraturas de la Comisión de Disciplina, pues considero que se encuentran reservados para aquellas conductas que hubieran trascendido de manera especialmente grave o sistemática a la impartición de justicia. 20.Lo anterior, tal y como se advierte de la tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 1a. CXXI/2014 (10a.), la cual resulta orientadora para el tema en cuestión: INHABILITACIÓN TEMPORAL PARA DESEMPEÑAR EMPLEOS, CARGOS O COMISIONES EN EL SERVICIO PÚBLICO Y DESTITUCIÓN DEL EMPLEO, CARGO O COMISIÓN. SUS DIFERENCIAS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO). La destitución e inhabilitación temporal previstas, respectivamente, en el artículo 49, fracciones III y V, párrafo primero, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, del Estado de México, son sanciones administrativas distintas, aun cuando la segunda trae aparejada, en muchos casos, la destitución laboral del servidor público. Lo anterior es así, toda vez que la inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público es el impedimento absoluto para laborar en la función pública por un tiempo determinado y la destitución simplemente implica la mera separación del cargo que desempeña un servidor público hasta la imposición de esta sanción. Así, cuando se impone únicamente como sanción la destitución, el servidor público, al no haber sido inhabilitado, no se enfrenta a impedimento alguno para acceder de nuevo al servicio público a partir de que cese el lapso de la destitución impuesta. Esto es, la sanción de inhabilitación es más grave que la de destitución, pues el servidor público no sólo enfrentará la destitución de su cargo, puesto o comisión, sino que estará impedido para desempeñar cualquier actividad dentro de la función pública por el tiempo que dure la inhabilitación impuesta. 21.En ese sentido, el rango de sanción que proporcionalmente resulta aplicable al juez denunciado es el relativo a la suspensión del empleo, cargo o comisión. 22.Dentro de este rango, por las circunstancias del caso, es aplicable la temporalidad máxima que es de noventa días naturales. 23.Son estas las razones que sustentan mi disenso. 3/3

6.El juez denunciado al momento de la comisión de la infracción se desempeñaba como juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, adscrito a un Centro de Justicia Penal Federal y, conforme con el Manual General de Puestos del entonces Consejo de la Judicatura Federal, uno de los objetivos del cargo es resolver los asuntos de su competencia conforme a lo previsto en la normativa aplicable. 7.Conforme con los artículos 201 a 203 y 206 del CNPP, en el ámbito del procedimiento abreviado, corresponde a quien se desempeña como juez de control verificar en audiencia que concurran los requisitos de procedencia; admitir o no admitir la solicitud; comprobar que la reducción solicitada por el Ministerio Público se ubique dentro de los márgenes legales autorizados y sujetar el fallo a la pena convenida. b)Daños y perjuicios patrimoniales causados 8.No se acreditó este elemento. c)Nivel jerárquico y antecedentes del infractor 9.El juez denunciado ocupó el cargo como persona juzgadora desde el dieciséis de octubre de dos mil veinte y, específicamente, en el cargo de juez de Distrito adscrito a un Centro de Justicia Penal Federal a partir del dieciséis de agosto de dos mil veintiuno, por lo que en este último cargo que fue en el que cometió las conductas infractoras contaba con la siguiente antigüedad: Fecha en que asumió el cargo como juez de Distrito en el Centro de Justicia Penal Federal Fecha en que se emitió la resolución materia de infracción Antigüedad en el cargo del juez denunciado al momento en que se cometió la infracción. (Se insertó en voto tabla de antigüedad, se omiten en este post, continúa en párrafo 13, de voto). 13.El contexto que precede, permite advertir que los delitos respecto de los cuales se solicitó el procedimiento abreviado se encuentran fuera del núcleo de la delincuencia de alto impacto o macrocriminalidad y que no se cometieron con violencia extrema, delincuencia organizada o afectación a víctimas vulnerables. 14.En caso contrario, el Ministerio Público Federal estaría institucionalmente comprometido a litigar el caso en un juicio oral para buscar la pena máxima. La vía abreviada constituye también un indicador de que los efectos del delito pueden ser mitigados y resueltos en el ámbito del proceso penal ordinario, sin necesidad de un castigo socialmente ejemplarizante. f)Reincidencia 15.No existe registro de otro procedimiento de responsabilidad administrativa seguido en contra del juez denunciado por el que se le haya sancionado por la misma falta o conductas que son materia del presente procedimiento. g)Monto del beneficio derivado de la infracción 16.No existe prueba alguna que evidencie algún beneficio o lucro que le hubieran originado al juez denunciado las conductas materia de la infracción administrativa en cuestión. Proporcionalidad de la sanción impuesta 17.Analizados los elementos anteriores resulta necesario establecer que el artículo 78 de la LGRA, establece tres rangos de sanciones (eliminando la relativa a sanción económica porque no resulta aplicable): 1)Suspensión del empleo, cargo o comisión de treinta a noventa días naturales. 2)Destitución del empleo, cargo o comisión; 3)Inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público y para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas la cual, en los casos en que no se causen daños o perjuicios, ni exista beneficio o lucro alguno, se podrán imponer de tres meses a un año de inhabilitación. 18.Para ubicar la sanción en un ámbito de proporcionalidad dentro de los rangos referidos, resulta obligado considerar los principales elementos de individualización que ya fueron analizados y de los que se advierte: a)La infracción sólo se redujo a lo suscitado en cuatro causas penales. 2/3 Continúa...

Voto particular magistrada Maya: I. Razones esenciales del disenso. 1.Si bien comparto que el juez denunciado incurrió en la infracción relativa a notorio descuido al reducir la pena de cuatro personas en el contexto de un procedimiento abreviado en materia penal, en contravención a lo establecido en el artículo 206, segundo párrafo, del Código Nacional de Procedimientos Penales (en adelante, CNPP); sin embargo, disiento del criterio mayoritario que sanciona esa infracción administrativa con la inhabilitación temporal por un año para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público, la cual lleva implícita la destitución del cargo de la referida persona juzgadora, pues la considero desproporcional por las circunstancias que rodearon a la infracción: a)La infracción sólo se redujo a lo suscitado en cuatro causas penales. b)No existió reincidencia, daños y perjuicios patrimoniales causados por las conductas infractoras ni beneficio a favor del juez denunciado. c)La disminución de la pena en comparación a la solicitada por el Ministerio Público no fue sustancial, ya que en tres de las causas penales fue de tan sólo diez meses y sólo en una fue de tres años cuatro meses. d)La propia solicitud del Ministerio Público para el procedimiento abreviado, refleja que los delitos se encuentran fuera del núcleo de la delincuencia de alto impacto o macrocriminalidad y que no se cometieron con violencia extrema, delincuencia organizada o afectación a víctimas vulnerables. En caso contrario, la autoridad estaría institucionalmente comprometida a litigar el caso en un juicio oral para buscar la pena máxima. La vía abreviada constituye también un indicador de que los efectos del delito pueden ser mitigados y resueltos en el ámbito del proceso penal ordinario, sin necesidad de un castigo socialmente ejemplarizante. 2.Por tanto, considero que, por las circunstancias específicas del presente asunto, era proporcional imponerle al juez denunciado la sanción máxima aplicable dentro del rango de la suspensión del empleo, cargo o comisión, que es de noventa días naturales. II. Justificación del disenso 3.La infracción que se consideró acreditada fue la de notorio descuido, prevista en el artículo 110, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación abrogada (en adelante, LOPJF), considerada como grave, en términos del artículo 117 del mismo ordenamiento legal. 4.Lo anterior, al demostrarse que el juez denunciado al momento de celebrar las audiencias relacionadas con la solicitud de procedimiento abreviado en cuatro causas penales distintas en un lapso comprendido entre el veintitrés de mayo y el veinticuatro de octubre de dos mil veintidós; resolvió continuar con la tramitación de dicho procedimiento e impuso una pena diversa de la que fue solicitada por el Ministerio Público y aceptada por las personas acusadas, lo cual contravenía lo establecido en el artículo 206, segundo párrafo, del CNPP además de que ningún precepto del capítulo del procedimiento abreviado le confería la atribución para fijar una pena distinta a la convenida. 5.Una vez acreditada la infracción, la Comisión de Disciplina debe proceder a la individualización de la sanción que le corresponde conforme con su gravedad, lo cual, conforme con lo ordenado por el artículo 117 de la LOPJF lleva a la observancia de los elementos establecidos en el artículo 80 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas (en adelante, LGRA) en el caso: a)El empleo, cargo o comisión que desempeñaba el servidor público cuando incurrió en la falta 1/3 Continúa en comentario siguiente: