Suyapa María Figueroa Eguigurems

Estimado doctor, con todo respeto, difiero de su afirmación de que estamos avanzando en la medicina del siglo XXI. ¿De qué progreso hablamos cuando vivimos en un país profundamente afectado por la corrupción, la criminalidad, la impunidad y las enormes deficiencias de nuestro sistema sanitario? Una ley puede ser hermosa, incluso una de las mejores del mundo, pero ¿de qué sirve si debe aplicarse en un país donde las instituciones no garantizan transparencia, justicia ni respeto pleno a la dignidad humana? En Honduras perdemos innumerables vidas jóvenes por accidentes de tránsito y por la violencia, mientras seguimos enfrentando graves limitaciones en prevención, atención médica y acceso oportuno a los servicios de salud. Y ahora hablamos de trasplantes de órganos cuando ni siquiera podemos garantizar de manera permanente medicamentos esenciales, mucho menos la disponibilidad continua de inmunosupresores, controles especializados, estudios Doppler para vigilar la vascularización de los órganos trasplantados y el seguimiento multidisciplinario que estos pacientes requieren. ¿De qué sirve trasplantar un órgano si después no tenemos las condiciones para garantizar su supervivencia y proteger la vida del receptor? Un trasplante no termina en el quirófano; allí comienza una responsabilidad médica, económica, institucional y profundamente ética. También me preocupa que algunas personas manifiesten que en su tarjeta de identidad aparece la condición de donante sin haber expresado voluntariamente su consentimiento, e incluso aseguren que nunca fueron consultadas. Esto debe investigarse con absoluta seriedad. La donación de órganos exige respeto a la autonomía, información clara y garantías jurídicas. No puede reducirse a una inscripción administrativa. Debemos revisar las legislaciones internacionales y debatir si corresponde incorporar esa condición en el documento de identidad y bajo qué mecanismos de consentimiento. Considero que una legislación de esta trascendencia requiere un verdadero debate nacional, con participación de las universidades, colegios profesionales, instituciones sanitarias, especialistas, juristas, sociedad civil y, fundamentalmente, expertos en bioética. Además, debemos exigir un consejo nacional independiente de bioética y supervisión de trasplantes, con autoridad técnica, transparencia y mecanismos efectivos de fiscalización, que garantice la protección de donantes y receptores y evite cualquier posibilidad de abuso, discriminación o comercialización de órganos. ¡Por Dios santo! Hablamos de medicina del siglo XXI mientras, en materia de corrupción y deterioro de nuestros valores institucionales, pareciera que seguimos en tiempos cavernícolas, dándonos maceta, como decimos popularmente. ¿Cuál es la urgencia de legislar sobre trasplantes sin resolver primero las condiciones fundamentales para realizarlos con seguridad, equidad y continuidad asistencial? No estoy en contra de la donación ni de los trasplantes; como profesional de la medicina, reconozco su extraordinario valor científico y humanitario. Mi cuestionamiento es hacia la responsabilidad del Estado y las garantías que deben acompañar cualquier legislación. ¿Cómo pretendemos trasplantar órganos si todavía no hemos logrado transformar nuestras conciencias, nuestros valores y nuestra responsabilidad como seres humanos? El verdadero progreso no se mide únicamente por las leyes que aprobamos ni por los procedimientos médicos que podemos realizar, sino por nuestra capacidad de proteger la vida, garantizar justicia y respetar la dignidad humana. Antes de hablar de una medicina avanzada, debemos preguntarnos si hemos avanzado realmente como sociedad. Porque no puede existir un verdadero progreso científico sin progreso ético, justicia social y responsabilidad humana.

UNA DECLARACIÓN VISCERAL QUE MERECE UNA PROFUNDA REFLEXIÓN Señor Armando Urtecho: Sus declaraciones contra el Colegio Médico de Honduras no solamente resultan desafortunadas, sino profundamente irrespetuosas hacia un gremio que históricamente ha defendido sus derechos laborales y el derecho del pueblo hondureño a recibir una atención médica digna. Sus palabras parecen haber sido pronunciadas desde la visceralidad y no desde la reflexión. Le recomendaría hacer una pausa y analizar cuidadosamente la conexión entre lo que se piensa, lo que se dice y las consecuencias de lo que se afirma públicamente. Usted representa a un sector empresarial que ha sido testigo durante décadas del deterioro de nuestro sistema sanitario. Y ante esa realidad también surge una pregunta inevitable: ¿qué ha hecho verdaderamente la empresa privada hondureña para contribuir a transformar las condiciones de salud de nuestro pueblo? Lo invito, señor Urtecho, a vivir la experiencia de un ciudadano común. Acuda como paciente a la emergencia del Hospital Escuela, al Hospital Mario Catarino Rivas, a los hospitales de La Ceiba y del sur del país. A ser paciente de la UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DE CADA HOSPITAL PUBLICO DE NUESTRO PAIS, Recorra nuestros centros de salud. Espere una consulta, necesite un medicamento, enfrente la falta de insumos y experimente las condiciones en las que miles de hondureños buscan diariamente recuperar su salud. ENCONTRARÁ PERSONAL QUE LO ATENDERA, PERO NO ENCONTRARÁ RECURSOS MATERIALES NECESARIOS PARA SU EMERGENCIA, Estoy convencida de que, después de vivir esa realidad, usted sería uno de los primeros en levantar una bandera y exigir al Gobierno mejores condiciones para nuestros hospitales. Los médicos no somos enemigos del pueblo hondureño. Somos parte de ese pueblo. Trabajamos en hospitales donde muchas veces la vocación debe enfrentarse a la escasez, donde el compromiso profesional supera las limitaciones institucionales y donde defender condiciones laborales dignas también significa defender una mejor atención para nuestros pacientes. Es lamentable que una persona con representación empresarial recurra a expresiones como «cártel» para referirse a un gremio profesional. Las diferencias se debaten con argumentos, evidencias y respeto, no mediante descalificaciones generalizadas. Honduras necesita menos confrontación, menos discursos viscerales y más responsabilidad de quienes tienen poder e influencia para contribuir a transformar nuestra realidad. Porque defender la dignidad del médico también es defender la dignidad del paciente. Y antes de juzgar a quienes sostienen diariamente la atención sanitaria, sería conveniente conocer de cerca la realidad de los hospitales públicos de Honduras.