🍃 Monitoreo ambiental | Quintana Roo: Muere una cría de manatí con el cráneo fracturado por una embarcación en el río Hondo Una cría de manatí de menos de un mes murió por una extensa fractura de cráneo provocada por el impacto de una embarcación en el río Hondo, municipio de Othón P. Blanco. El cuerpo de la hembra, de apenas 1.28 metros, fue encontrado el 11 de octubre, pero su muerte se informó públicamente hasta el 17 de octubre. La muerte ocurrió en una región donde ya existían antecedentes de manatíes muertos y advertencias sobre el peligro de las embarcaciones. Pese a las denuncias, no se han dado a conocer acciones de vigilancia de la PROFEPA que hayan impedido su circulación peligrosa. La dependencia, encabezada por Mariana Boy, intervino cuando la cría ya estaba muerta. Se trata de una especie catalogada en peligro de extinción en México, la muerte de una hembra recién nacida no representa únicamente la pérdida de un ejemplar, sino también de su potencial reproductivo futuro, especialmente importante para una especie con reproducción lenta. Alicia Bárcena, titular de la SEMARNAT no ha presentado resultados públicos de monitoreo preventivo en esta zona, ni en ninguna otra donde existen manatíes. Pero es obvio, la secretaria Bárcena está ocupadísima presentándose a hablar en un foro sobre “El progresismo frente al avance de las ideologías extremas”. ¿Qué es eso de ocuparse del medio ambiente?

Gobierno de Mara Lezama dio autorización a megaproyecto inmobiliario que busca destruir 251 hectáreas de selva El gobierno de Mara Lezama otorgó desde octubre de 2023 una autorización estatal para obras de urbanización a HAZUL, un megaproyecto inmobiliario de más de 424 hectáreas al norte de Playa del Carmen. Proyecto que ahora está busca que SEMARNAT permita “cambiar el uso de suelo” para “urbanizar” de 251 hectáreas de selva, lo que significa talar arbolado y eliminar vegetación, además de destruir el hábitat y desplazar a los animales que viven ahí. El propio expediente ambiental reporta fauna protegida y presencia de jaguar, especie catalogada en peligro de extinción.  Para construir viviendas, comercios, un hotel de 280 habitaciones, lagos y hasta una playa artificial porque el  predio que no tiene frente al mar. Sí, destruir selva para crear una playa privada para que disfruten los turistas. Para dimensionarlo, estamos hablando de una superficie equivalente a casi 40 veces el terreno que ocupa el Estadio Azteca. Detrás del proyecto está Arquitectoma, un grupo con más de cuatro décadas en el negocio inmobiliario, uno de sus principales socios y directivos ha sido Francisco Martín del Campo Souza.  En Ciudad de México fue uno de los cuatro empresarios vinculados a proceso en 2020 por fraude por el caso Tlalpan 550, un conjunto habitacional que sufrió graves daños durante el sismo de 2017. El caso involucró a cientos de familias y en 2023 terminó con un acuerdo que extinguió la acción penal contra los empresarios. Arquitectoma entregó 122.7 millones de pesos, pero la reconstrucción de Tlalpan 550 costó alrededor de 380 millones. La diferencia terminó cubierta con recursos públicos a través de la Comisión para la Reconstrucción del Gobierno de la CDMX y el conjunto fue entregado en 2024 durante el gobierno de Martí Batres. En otras palabras, dos terceras partes de la reconstrucción terminó pagada por los ciudadanos. Ese mismo año el gobierno de Mara Lezama a través de su Secretaría de Ecología y Medio Ambiente le otorgó autorización estatal para obras de urbanización. Este proyecto necesita que el gobierno federal autorice un cambio de uso de suelo forestal y esa decisión corresponde ahora a SEMARNAT, encabezada por Alicia Bárcena. Cuya gestión ya ha sido cuestionada por autorizar proyectos inmobiliarios con afectaciones ambientales. Hace apenas unas semanas Bárcena sostuvo que la política ambiental debe ser “prevenir antes que reparar”. No tendría sentido autorizar primero su destrucción y después encontrar una “oportunidad” de restauración, contabilizar árboles plantados en otro sitio o presumir hectáreas recuperadas.