Tailo

El 7 de julio ADLE decidió suspender “de manera inmediata el proceso de empalme” al que estaba obligado por ley, en un acto de prepotencia que le está saliendo muy caro al país. Por ejemplo, si hubiera hecho empalme con la Unidad Nacional de Riesgo de Desastres hubiera podido enfrentar con seriedad y rigurosidad el terremoto del 10 de agosto. Incluso propusimos que por razones humanitarias se hiciera ese empalme ante la alerta preventiva de desastre decretada por el Fenómeno del Súper Niño y no hubo respuesta. Funcionarios del anterior gobierno coinciden en afirmar que el empalme con Iván Duque (no obstante las diferencias políticas) permitió dar continuidad a asuntos del estado que no dependían de uno u otro gobierno. Hoy en todas las entidades del gobierno hay problemas porque no hubo empalme y los errores que se cometen por esa omisión afectan a la ciudadanía. Según la Ley 951 de 2005 el gobierno saliente debe entregar informes y el gobierno entrante esta en la obligación de recibirlos y formular las preguntas que considere pertinentes. Si el gobierno entrante tenía sospecha de fallas administrativas o fiscales debió oficiar a los organismos de control, si había delitos debió denunciarlos a la Fiscalía, pero prefirió el relato de que todo lo que ocurrió antes del 7 de agosto era corrupción (recordar el “libro de la verdad” hecho con IA). Hoy vemos las consecuencias de semejante irresponsabilidad en el llamado Fondo Milagro, una improvisación extrema que impacta a miles de damnificados del terremoto. Lo mismo va a ocurrir en los próximos 4 meses, cuando el país enfrente con todo rigor las sequías, las altas temperaturas y la crisis energética y alimentaria del Fenómeno del Niño.