Isaura Taveras

No tengo, ni he tenido, una confrontación con los médicos dominicanos. Los respeto como profesionales indispensables para la salud del país y reconozco la enorme contribución que realizan diariamente. Si alguna expresión utilizada por mí pudo interpretarse como una descalificación general del cuerpo médico, corresponde aclararlo: no fue esa mi intención ni es esa la posición institucional de la DIDA. Pero una cosa es respetar profundamente a los médicos y otra muy distinta renunciar al deber de denunciar y enfrentar cualquier práctica que vulnere los derechos de los afiliados del Sistema Dominicano de Seguridad Social. La DIDA no puede guardar silencio ante cobros indebidos, barreras de acceso, diferencias tarifarias no transparentes o cualquier otra actuación que transfiera al ciudadano obligaciones económicas que legalmente no le corresponden. Tampoco corresponde condenar colectivamente a un sector por actuaciones particulares. Cada señalamiento debe estar sustentado en hechos, expedientes, normas y evidencias; y cuando existan indicios de una infracción, deberán actuar las instituciones competentes con pleno respeto al debido proceso. No responderé a una solicitud de destitución ni a una declaración de persona no grata con otra descalificación. Responderé con información, con expedientes, con la ley y con disposición al diálogo. Si el CMD entiende que alguna denuncia de la DIDA carece de fundamento, pongamos los casos sobre la mesa y examinémoslos públicamente con criterios técnicos y jurídicos. El verdadero adversario no es el médico, ni el prestador, ni la DIDA. Es cualquier práctica que debilite la confianza en el sistema, perjudique al paciente o coloque intereses particulares por encima de los derechos que la ley reconoce. Defender al afiliado no significa atacar al médico; y defender la dignidad médica tampoco puede significar impedir que el Estado cumpla su obligación de fiscalizar y proteger derechos. *El respeto se le ofrece a todos; la impunidad, a nadie.*