F. Ojeda ن 🎙

Yo estudié la licenciatura de Derecho. Aunque nunca he ejercido, recuerdo con absoluta nitidez algunas clases y las lecciones de varios profesores. En Derecho penal, parte especial, de tercero, nos dio clase una fiscal (lo siento, no recuerdo su nombre). Un día, hablando de las garantías procesales, nos explicó algo que se me quedó grabado a fuego: las garantías procesales son la piedra angular del Estado de derecho precisamente porque protegen más a los culpables que a los inocentes. La grandeza del Estado de derecho reside en que el poder último del Estado, la coacción, solo puede ejercerse tras el debido proceso. Me impresionó tanto aquella afirmación que, al acabar la clase, salí corriendo a la biblioteca a leer sobre el tema. Aún tengo por casa montones de obras de Luigi Ferrajoli (la persona en la foto de esta entrada), quien ha desarrollado esta idea con enorme profundidad. Por eso pocas cosas me han entristecido más en España que escuchar, en mil sitios, que lo que hizo el Fiscal General del Estado quedaba “justificado” por el delito fiscal de Alberto González Amador. Es justo al revés. Si Alberto González Amador era culpable (algo en lo que no entro, porque es irrelevante para este post), había aún más motivo para defender su derecho al debido proceso que si hubiera sido inocente. Esto no deberíamos tener que explicarlo, pero en España no nos queda más remedio que hacerlo.