Fátima Báñez abarató el despido improcedente de 45 a 33 días, facilitó los despidos colectivos, eliminó la autorización administrativa previa para los ERE y dio prioridad aplicativa al convenio de empresa, permitiendo que las empresas pactaran salarios inferiores a los establecidos en los convenios sectoriales. Pero hay algo todavía más aberrante: casi ocho años después, el autoproclamado «Gobierno más progresista de la historia» mantiene intactos algunos de los pilares fundamentales de aquella reforma. Seguimos con el despido improcedente a 33 días, el objetivo a 20 y los ERE sin autorización administrativa previa. Prometieron derogar la reforma laboral del PP y terminaron suprimiendo el contrato por obra y servicio, impulsando la contratación indefinida y el fijo discontinuo. Cambiaron las estadísticas, aumentó el porcentaje de contratos indefinidos y lo presentaron como una victoria histórica, mientras la precariedad laboral seguía siendo la misma para todos los trabajadores. Un contrato indefinido no garantiza estabilidad cuando despedir sigue siendo igual de barato. Y un fijo discontinuo no garantiza ingresos durante todo el año. Lo escandaloso no es únicamente lo que hizo Fátima Báñez. Es que quienes llegaron al Gobierno prometiendo acabar con su reforma hayan conservado buena parte de sus mecanismos más perjudiciales para los trabajadores. Báñez ya no está. Pero su legado laboral sigue presente en el Estatuto de los Trabajadores, sostenido por quienes prometieron enterrarlo.