Alex Macías

Este artículo de Molano debería ser de obligatoria lectura. --- La cruzada de Abelardo contra los contratistas Entraron gritando, amenazando a funcionarios y contratistas por igual, sospechando de todo el mundo y monitoreando con el ojo avizor que clasifica a las personas según sus ideas políticas, gustos sexuales, credo o grupos sociales. Llegaron esculcando en las hojas de vida si alguna vez trabajó para algún gobierno, causa o persona que tenga el veto inquisidor, o si es familiar de alguno de los que están en las listas negras, de esas que les gusta hacer. No quieren saber nada de procesos de paz, no aceptan a homosexuales ni a ateos, y vetan a quienes hayan trabajado con Santos o con Petro y a quienes sean cercanos a Paloma Valencia o a los más moderados del uribismo. Para pertenecer a la manada de los puros solo se acepta una cosa: fanatismo y obediencia. Es normal que cuando se inicia un gobierno se viva un ambiente de tensión en las entidades del Ejecutivo. También es normal que el nuevo gabinete llegue con su gente y que los cargos directivos sean ocupados por nuevas personas. Incluso, es normal que a muchos de los contratistas del gobierno anterior los saquen en la medida en que acaben sus contratos. Lo que no se había visto antes es que llegaran como una jauría en cacería de cualquiera que sea o piense distinto a ellos. La premisa de que todos son sospechosos hasta que se demuestre lo contrario ha desatado el canibalismo entre compañeros, ha alimentado unos juegos del hambre despiadados y ha incentivado los chismes y las intrigas. La peor parte la han llevado los más jodidos, como siempre: los contratistas, que trabajan como si fueran funcionarios del Estado, pero en precarias condiciones laborales. No reciben el pago de su seguridad social ni tienen derecho a prima, no gozan de vacaciones y usualmente tienen 10 meses de contrato al año. Para recibir su salario deben presentar cada mes un tedioso informe de gestión. Es normal que los pagos se retrasen y que para las fiestas decembrinas estén penando porque el sueldo de noviembre llegará el 20 de enero. Contra ellos, la jauría del tigre ha descargado todo su odio y sus prejuicios. No les vale que muchos sean auténticos servidores públicos que llevan décadas trabajando para el Estado, sin importar el gobierno que esté, y que conozcan las entidades mejor que sus jefes. Y ha sido tan arbitrario, humillante e indiscriminado el trato que han recibido de parte de la nueva cuadrilla en el poder que hay historias por decenas. La mayoría las cuentan bajo anonimato por temor a las represalias. Como la de una politóloga cabeza de hogar que lleva 20 años trabajando en el Estado. Tiene dos hijos y no recibe su salario desde agosto. Está desesperada con la deuda del arriendo y el colegio de la hija chiquita, y ya no sabe cómo encarar a su otra hija, que empieza la universidad y a la que no puede darle para el transporte y unas onces. Está arrinconada. No tiene supervisor del contrato desde que llegó el nuevo Gobierno porque declararon insubsistentes a todos los de planta, entonces no hay quien le asigne tareas de acuerdo con sus funciones, y como no recibe instrucciones, no tiene con qué llenar el informe de gestión contractual que es requisito para pasar la cuenta de cobro. La trampa es perfecta: no te dejan trabajar, no puedes cobrar tu salario y además te amenazan con declarar el incumplimiento del contrato por no trabajar. Esta mujer trabaja para el sector paz, adscrito al DAPRE, donde su director, Carlos Andrés Ríos Puerta, quien también es consejero de Paz encargado, ha congelado todas las actividades de la entidad y fue a decir en el Congreso sin ruborizarse que no puede pagar las obligaciones del Estado con los reincorporados, ni con las comunidades priorizadas en el Acuerdo de Paz, por culpa de los contratistas. En este ambiente le ha pedido a la gente que cedan los contratos por mutuo acuerdo, pero, de no aceptar esta fórmula, la amenaza es declarar el incumplimiento del contrato y la terminación unilateral. Esta última figura es riesgosa para el Estado si se realiza sin sustento —lo cual a él no le importa— y muy perjudicial para el contratista, ya que lo expone a una inhabilidad de cinco años para contratar con el Estado y a que las aseguradoras no le vuelvan a vender las pólizas que está obligado a presentar. La sola posibilidad de que esto ocurra hace desistir a cualquiera de defender sus derechos y su honra. “Esta crueldad no se vivió en ningún otro gobierno. Hay personas que trabajaron con Santos y con Duque y están siendo víctimas de este mismo maltrato. Nunca habíamos visto algo así, y hay muchos que son realmente técnicos, gente que no se mete en política y que conoce la entidad para la que ha trabajado años honradamente. La estrategia aquí ha sido afectar económica, moral y profesionalmente a los contratistas. Nosotros tenemos la información de las entidades porque ellos no quisieron hacer el empalme, pero no les importan las políticas públicas: vienen es a arrasar, a ejercer castigos ejemplarizantes, a humillar a la gente. Una técnica parecida a la que utilizó el paramilitarismo, al que no le bastaba con matar, sino que lo hacía con crueldad para esparcir el terror”, expresó otra politóloga de la ARN, a la que tampoco le pagan su salario desde agosto. En el Departamento Nacional de Planeación ha pasado algo muy parecido. Con otras formas, pero con igual sevicia. Allí, Juan Carlos Capacho, un político nortesantandereano que se quemó en las pasadas elecciones a la Cámara de Representantes, fue nombrado director de Estrategia Regional. Varios contratistas narraron un episodio en el que convocó a una reunión a todos los funcionarios y prestadores de servicios, pero no lo hizo a través de los correos institucionales, sino mediante mensajes de WhatsApp y voz a voz. Los citó a las 7:00 de la mañana, y llegó a las 9:30 con aires de patrón. Echó un discurso de la Patria Milagro y dijo que el presidente y el director del DNP, Julián Buitrago, lo habían nombrado para devolverle el buen nombre al DNP y limpiar la entidad. “Nos trató como estúpidos, como corruptos, como personas desechables, sin derechos. Después del discurso dice que van a revisar contrato por contrato con lupa y función por función. Y que se alisten porque a muchos se los van a rescindir. En la reunión éramos como 90 contratistas, y a quienes faltaron (que eran unos 15) ordenó iniciar la terminación unilateral de sus contratos. Luego mandó un formato para que hiciéramos un reporte con la información a la que ellos pueden acceder en un sistema. Amenazó con que el documento será revisado cuidadosamente por control interno. Uno se siente y se sabe echado, pero el maltrato ha sido salvaje. El tema de los pagos como un instrumento de presión ha sido inhumano. Y antes de irse, el señor dijo que no iba a hablar con nadie directamente, presentó a dos asesoras, abogadas, y dijo que son el único canal de comunicación con él. Dejó a todo el mundo temblando y tiró un portazo”, relató un economista que lleva ocho años en la entidad como contratista. Después de la reunión, y aludiendo al formato que solicitó que se llenara en un plazo de dos días, el señor Buitrago envió una circular que, escondida en una ininteligible seguidilla de citas de leyes y artículos, y en una farragosa interpretación de la Directiva Presidencial No. 04 del 7 de octubre de 2026, escondió una venenosa amenaza: “La no presentación del reporte, o su presentación sin soportes suficientes, será consignada por el supervisor en el expediente contractual y se tendrá en cuenta en la verificación previa a cualquier trámite de pago, así mismo podrá dar lugar al inicio del proceso sancionatorio por posible incumplimiento”. En el Ministerio de Agricultura se ha vivido una intensa persecución por parte de Jairo Mesa Guerra, exsuperintendente de Notariado y Registro, quien funge como director de Ordenamiento. El señor Mesa ha pedido a los contratistas no ir a las oficinas y solo ha citado a dos reuniones. En la última, increpó a Joan Felipe López, un politólogo de 36 años, a quien le dijo: “Me tiene en problemas con el ministro por sus mensajes en redes. Él está furioso por sus publicaciones y vamos a declarar el incumplimiento de su contrato. Pregunté a qué se refería y me mostró un pantallazo de un post de la Red de Reforma Agraria, a la que le di ‘me gusta’. Me asignó por un like la autoría de la crítica y repitió varias veces que el ministro estaba furioso y que tomarían medidas respecto a mi contrato. También dijo en varias ocasiones que todos estamos siendo monitoreados en las redes”. En el ICBF se vive la misma escena. Presión, maltratos y señalamientos. Los pagos están parados, no están claros los supervisores de contratos y mandaron una directriz de obligatorio cumplimiento que dice que nadie tiene autonomía para asistir a cualquier espacio de participación, reunión o mesa de trabajo, pues “se debe contar de manera obligatoria con el visto bueno previo de al menos uno de los siguientes líderes: Óscar Leonardo Rodríguez Correa; Ricardo Domínguez Villamil; Mauricio Antonio Arguello Borrero”, y agrega el correo: “Hacemos especial énfasis en que el incumplimiento a esta orientación institucional generará los efectos contractuales y legales aplicables según sus respectivas obligaciones”. Esta directriz paraliza la posibilidad de realizar las funciones que tienen los contratistas, y los lleva de cabestro al incumplimiento del contrato. Este mismo esquema ha sido observado en 20 entidades, según la información que ha recogido la Asociación Sindical Agropecuaria del Orden Nacional (ASADON). El sindicato, que agremia a más de 50 contratistas y funcionarios, viene recibiendo muchas denuncias y prestando asesoría jurídica a quienes la requieren para hacerle frente a este abuso laboral. Con corte al pasado viernes tenían 45 relatos, los cuales dejan ver un patrón: a la mayoría les han solicitado la terminación por mutuo acuerdo para evitar la rescisión del contrato, a la mayoría les retrasan los pagos como una forma de presión, a la mayoría les han rechazado varias veces sus informes de ejecución hasta por comas, y en todas las entidades han enviado mensajes amenazantes y han obstaculizado el trabajo de los contratistas dificultando el cumplimiento de sus contratos. La operación rastrillo la lidera el presidente con su walkie-talkie, y se ha implementado en la mayoría de las entidades con idéntico patrón, pero en distintos tonos. Las víctimas son aproximadamente 500.000 contratistas, pues, aunque no se tiene el dato de cuántas personas naturales contratan por medio de prestación de servicios, sí se sabe que hoy hay 900.000 contratos en ejecución. Y lo peor está por venir, pues la Circular Externa No. 08 de 2026 del DAPRE advierte que el próximo año solo se contará con el 25 % de los contratistas que hoy laboran para el Estado. Quién sabe por qué quieren un Estado raquítico, pero por algo van más allá de los sueldos y la dignidad de la gente. cambiocolombia.com/puntos-de…