Alfredo Kinbaum

Flávio Bolsonaro y su paso por la Argentina. ¿Hubo delito por parte de los funcionarios argentinos? LOS HECHOS – Tras la elección del 25/10, el ministro Moraes (STF) le prohibió salir de Brasil y le ordenó entregar en 24 horas todos sus pasaportes, incluido el extranjero, en una investigación por presunto lavado. Intimado el 26, no cumplió. La Policía Federal canceló los brasileños. – El 27/10 a las 22:50 ingresó por el puente Tancredo Neves con pasaporte italiano (tiene esa ciudadanía desde 2023). Según la prensa brasileña, no registró su salida ante la Policía Federal. – Voló desde Puerto Iguazú, con escala técnica en Guayaquil, y llegó a Miami el 28/10. – Diputados del partido de Lula pidieron el 27 su prisión preventiva y una notificación roja de Interpol. No consta que Moraes haya resuelto el pedido ni que Interpol haya emitido notificación alguna. 1¿ES PRÓFUGO? No en sentido técnico: prófugo es quien elude una orden de prisión, y no la hay. Así lo señalaron profesores de derecho procesal penal de la USP y la UERJ. Lo que sí hubo es el incumplimiento de una cautelar brasileña (arts. 319 y 320 CPP), cuya consecuencia prevista es la preventiva (arts. 282 §4 y 312 §1º CPP). Y como senador, solo puede ser arrestado en flagrancia por delito inafianzable (art. 53 §2 CF). 2¿DEBÍA MIGRACIONES IMPEDIR SU INGRESO? No había causal. El art. 29 inc. c) de la Ley 25.871 (texto según DNU 366/2025) impide el ingreso por condena o "antecedentes" por delitos con pena de tres años o más, y define antecedente: procesamiento, requerimiento de juicio o acto equiparable. Un investigado no encuadra. La prohibición de salida brasileña se comunica a las autoridades brasileñas que controlan la salida (art. 320 CPP), no a otros Estados. 3 ¿Y LOS EXTRANJEROS QUE ESTE GOBIERNO CAPTURA Y DEPORTA? Los casos difundidos tienen notificación roja de Interpol, condena o antecedentes en los términos del art. 29. Cuando Brasil pidió la captura de partidarios de Bolsonaro prófugos en la Argentina, la justicia argentina la ordenó. El mecanismo funciona a pedido. Acá no hubo pedido. 4¿CÓMPLICES? – Partícipe necesario (art. 45 CP): exige un delito principal. En Brasil se discute si incumplir una cautelar es además desobediencia (art. 330 CP brasileño). La jurisprudencia del STJ en casos análogos lo descarta cuando la ley prevé una consecuencia propia, como aquí la preventiva. Y aun así sería un delito leve, cometido en Brasil. – Encubrimiento (art. 277 CP): protege la administración de justicia argentina. No había causa, orden ni pedido argentino. – Tráfico ilegal de personas (art. 116 Ley 25.871): exige un cruce ilegal de la frontera argentina. Entró por un paso habilitado, con documento válido, y quedó registrado. – Incumplimiento de deberes (arts. 248 y 249 CP): una orden del STF no obliga a funcionarios argentinos sin exhorto ni pedido formal. 5. ¿Y SI ESTUVO UN ASESOR PRESIDENCIAL EN EL AEROPUERTO? Se informó esa presencia; no hay confirmación oficial. Aun considerándolo funcionario en sentido penal (art. 77 CP), acompañar un tránsito legal no es delito. Lo sería si se probara algo concreto: una orden de omitir o alterar controles (y los controles se hicieron y quedaron registrados), una falsedad en los registros, o el uso de servicios pagados por el Estado en provecho de un tercero (art. 261 CP). Nada de eso está acreditado. Con los hechos públicamente acreditados hasta ahora, no surge delito argentino. 6. LO QUE NO SE SABE Circulan versiones de una operación coordinada. En derecho no se juzgan conjeturas: rige el estado de inocencia (art. 18 CN) y la carga de la prueba es de quien acusa. Ya hay una denuncia ante el juzgado federal de Puerto Iguazú; dirá si hubo algo más que un tránsito. Hasta entonces, opinar sobre lo no acreditado no es análisis sino que pasa a ser militancia.

Flávio Bolsonaro e sua passagem pela Argentina. Houve crime por parte de funcionários argentinos? OS FATOS – Após a eleição de 25/10, o ministro Moraes (STF) proibiu-o de deixar o Brasil e determinou a entrega, em 24 horas, de todos os seus passaportes, inclusive o estrangeiro, em inquérito por suposta lavagem de dinheiro. Intimado no dia 26, não cumpriu. A Polícia Federal cancelou os brasileiros. – Em 27/10, às 22h50, entrou na Argentina pela Ponte Tancredo Neves com passaporte italiano (tem essa cidadania desde 2023). Segundo a imprensa brasileira, não registrou sua saída perante a Polícia Federal. – Voou de Puerto Iguazú, com escala técnica em Guayaquil, e chegou a Miami em 28/10. – Deputados do partido de Lula pediram no dia 27 sua prisão preventiva e uma difusão vermelha da Interpol. Não consta que Moraes tenha decidido o pedido nem que a Interpol tenha emitido difusão alguma. 1. É FORAGIDO? Não em sentido técnico: foragido é quem se esquiva de uma ordem de prisão, e ela não existe. Assim apontaram professores de direito processual penal da USP e da UERJ. O que houve foi o descumprimento de uma medida cautelar (arts. 319 e 320 do CPP), cuja consequência prevista é a prisão preventiva (arts. 282, §4º, e 312, §1º, do CPP). E, como senador, só pode ser preso em flagrante de crime inafiançável (art. 53, §2º, da CF). 2. A IMIGRAÇÃO ARGENTINA DEVIA IMPEDIR SUA ENTRADA? Não havia fundamento. O art. 29, alínea c, da Lei argentina 25.871 (redação do DNU 366/2025) impede a entrada de quem tenha condenação ou "antecedentes" por crimes com pena de três anos ou mais, e define antecedente: processamento, requerimento de julgamento ou ato processual equivalente. Um investigado não se enquadra. A proibição brasileira de saída é comunicada às autoridades brasileiras que controlam a saída do território (art. 320 do CPP), não a outros Estados. 3. E OS ESTRANGEIROS QUE ESTE GOVERNO CAPTURA E DEPORTA? Os casos divulgados envolvem difusão vermelha da Interpol, condenação ou antecedentes nos termos do art. 29. Quando o Brasil pediu a captura de apoiadores de Bolsonaro foragidos na Argentina, a justiça argentina a determinou. O mecanismo funciona mediante pedido. Aqui não houve pedido. 4. CÚMPLICES? – Partícipe necessário (art. 45 do Código Penal argentino): exige um crime principal. No Brasil, discute-se se descumprir uma cautelar configura também desobediência (art. 330 do CP). A jurisprudência do STJ em casos análogos a afasta quando a lei prevê consequência própria, como aqui a preventiva. E, ainda assim, seria um crime leve, cometido no Brasil. – Encobrimento (art. 277 do Código Penal argentino): protege a administração da justiça argentina. Não havia processo, ordem nem pedido argentino. – Tráfico ilegal de pessoas (art. 116 da Lei argentina 25.871): exige a travessia ilegal da fronteira argentina. Ele entrou por um posto habilitado, com documento válido, e ficou registrado. – Violação dos deveres de funcionário público (arts. 248 e 249 do Código Penal argentino): uma ordem do STF não obriga funcionários argentinos sem carta rogatória nem pedido formal. 5. E SE UM ASSESSOR PRESIDENCIAL ESTEVE NO AEROPORTO? Essa presença foi noticiada; não há confirmação oficial. Mesmo considerando-o funcionário público para fins penais (art. 77 do Código Penal argentino), acompanhar um trânsito legal não é crime. Seria, se se provasse algo concreto: uma ordem para omitir ou alterar controles (e os controles foram feitos e registrados), uma falsidade nos registros, ou o uso de serviços pagos pelo Estado em proveito de terceiro (art. 261 do Código Penal argentino). Nada disso está comprovado. Com os fatos publicamente comprovados até agora, não se configura crime argentino.

Cuando el código penal reemplaza a las urnas Domingo 25 de octubre, 21:09. El sistema del Tribunal Superior Electoral de Brasil confirma matemáticamente que Flávio Bolsonaro perdió el balotaje frente a Lula. 21:16. Siete minutos después, según reveló la prensa brasileña, la Policía Federal firma digitalmente un pedido de 16 páginas para retenerle el pasaporte. Esa misma noche, un juez del Supremo lo autoriza, sin consultar antes a la Procuraduría General. Lunes por la mañana. Flávio sale de visitar a su padre, el ex presidente Jair Bolsonaro, que cumple prisión domiciliar con una condena de 27 años. La policía lo intima a entregar sus pasaportes y le informa que no puede salir del país. ¿El fundamento? Su vinculación con una empresa radicada en Portugal y una declaración pública de su hermano Eduardo, es decir, algo que dijo otra persona. Un pedido de 16 páginas no se redacta en siete minutos. Estaba escrito y esperaba un resultado. Un detalle más: ese mismo domingo, en plena votación, otro ministro del Supremo, Cristiano Zanin, ex abogado personal de Lula, ordenó extender el horario de votación en las mesas que seguían abiertas. Flávio denunció que se cambiaron las reglas en medio del partido. Lula ganó por 51,8% contra 48,2%. Fue la primera vez desde la redemocratización que alguien da vuelta en el balotaje una primera vuelta perdida. Una elección bajo sospecha para buena parte del electorado opositor, y un perdedor que a los siete minutos ya tenía un expediente esperándolo. ¿Casualidad? Puede ser. Pero quien haya caminado los pasillos de Comodoro Py conoce una regla: en política, el expediente rara vez llega antes o después. Llega justo a tiempo. Y esto no es una intuición de café sino un fenómeno estudiado desde hace más de sesenta años, con nombre, bibliografía y casos. I. La doctrina El texto fundacional es de Otto Kirchheimer, jurista alemán exiliado del nazismo: Political Justice: The Use of Legal Procedure for Political Ends (Princeton, 1961). Su tesis es que el proceso judicial puede usarse para eliminar a un enemigo político y, además, legitimar esa eliminación ante la opinión pública. Por eso es más eficaz que la violencia desnuda. La ciencia política contemporánea retomó el tema: – Levitsky y Way, Competitive Authoritarianism (2010): regímenes que celebran elecciones, pero inclinan la cancha controlando fiscales, tribunales y organismos de control. – Levitsky y Ziblatt, How Democracies Die (2018): la "captura de los árbitros", que consiste en poner a jueces y fiscales propios y usarlos selectivamente contra rivales, mientras se protege a los aliados. – Ginsburg y Moustafa, Rule by Law: The Politics of Courts in Authoritarian Regimes (2008): la diferencia entre el Estado de derecho y el gobierno mediante el derecho. – Kim Lane Scheppele, "Autocratic Legalism" (2018); David Landau, "Abusive Constitutionalism" (2013); Ozan Varol, "Stealth Authoritarianism" (2015). Coinciden en que el autoritarismo moderno no deroga la ley, sino que la usa. II. Los indicadores La literatura permite distinguir una causa penal genuina de una persecución con ropaje judicial. Ningún indicador prueba nada por sí solo; lo que importa es que coincidan: 1. Timing electoral. La causa se activa, se acelera o se hace pública en la ventana de campaña o inmediatamente después del resultado. 2. Selectividad. Hechos análogos del oficialismo no avanzan con la misma velocidad. 3. Delitos de opinión. Calumnia, injuria, desacato o "desinformación" contra el gobernante. 4. Inhabilitación como objetivo. Lo que se busca es sacar al rival de la cancha, más que la condena. 5. Medidas cautelares desproporcionadas. Retención de documentos, prohibición de salida o de contacto, sin hechos propios que las justifiquen. 6. Uso político explícito. El oficialismo usa la causa como argumento de campaña. III. La historia – Primer peronismo. Ricardo Balbín fue desaforado y encarcelado en 1950 por desacato, y La Prensa fue expropiada en 1951.