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La Advertencia Que Costó un Cargo: Ordóñez y el Acta Delictiva del Acuerdo Santos–FARC En el 2016, cuando el país estaba deslumbrado por la narrativa oficial de una “paz histórica”, Alejandro Ordóñez encendió una alarma que muchos ignoraron deliberadamente. En esta carta —que le costó su cargo— denunció con crudeza que el Gobierno Santos estaba entregando el poder constituyente a las FARC, rompiendo la Constitución y sometiendo al país a un acuerdo hecho entre dos firmas: la del presidente y la de un criminal de guerra. Lo que escribió fue una premonición que el poder político decidió silenciar, porque revelaba el verdadero costo institucional del pacto de La Habana. Hoy, casi diez años después, sus palabras suenan como profecía cumplida. Lo que Ordóñez señaló ocurrió con exactitud quirúrgica: blindaje jurídico para las FARC, desmonte del orden constitucional y sometimiento institucional disfrazado de “acuerdo humanitario”. Esta carta no es un documento más: es el acta de advertencia que muchos pretendieron enterrar. Por eso se debe leer, compartir y recordar. 📜 CARTA COMPLETA DEL PROCURADOR ALEJANDRO ORDOÑEZ (13 de mayo de 2016) "Bogotá D.C, 13 de mayo de 2016 Doctor JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN Presidente de la República E.S.D. Señor Presidente: En ejercicio de las funciones que me asigna el artículo 277 de la Constitución y el Decreto 262 de 2000, en especial, en defensa del ordenamiento jurídico, los derechos humanos y los intereses de la sociedad, le hago las siguientes observaciones: El día de ayer las FARC y su Gobierno notificaron al país que convinieron que el Acuerdo Final que suscriban tenga la calidad de “Acuerdo Especial”, conforme a las normas de derecho internacional humanitario y que haga parte del bloque de constitucionalidad. Pretenden ustedes que la totalidad de los Acuerdos negociados y por negociar con las FARC, conocidos y desconocidos por la opinión pública, sean normativamente integrados a la Constitución y que su contenido se sitúe al mismo nivel de las normas constitucionales e incluso por encima de ellas. Buscan que los Acuerdos, por el solo hecho de ser convenidos y firmados por usted y Timochenko tengan automáticamente la categoría de normas con fuerza constitucional. Lo que su gobierno está conviniendo con el grupo criminal de las FARC implica que la Mesa de Conversaciones de La Habana se reviste de poderes constituyentes, que ni el ordenamiento jurídico, ni el pueblo les ha otorgado. Usted, señor Presidente, y Timochenko, pretenden que ni siquiera la voluntad del pueblo, expresada a través de los mecanismos que hoy dispone la Constitución, pueda modificar tales acuerdos, tampoco el Congreso de la República ni ahora, ni en el futuro. Es una acción que está al margen de la Constitución y que es incompatible con cualquier régimen democrático. Equivale a someter de forma dictatorial al pueblo colombiano a la voluntad de las FARC y del Gobierno. ¿Quién le otorgó esa prerrogativa, doctor Santos? Lo que ustedes anunciaron al país conlleva que el pueblo colombiano ya no es soberano y que la soberana es la Mesa de Conversaciones de La Habana. Conforme al ordenamiento jurídico de nuestro país y al derecho constitucional que rige las democracias en todo el planeta, un grupo que ha perpetrado los más graves crímenes contra la humanidad y un gobierno no tienen la facultad de atribuirse el poder constituyente, menos el de imponer a los colombianos un nuevo marco constitucional, sin que este se haya producido conforme a los procedimientos que la propia Constitución establece y sin que medie procedimiento democrático alguno. Le recuerdo, doctor Santos, que en el estado de derecho las autoridades solo están facultadas para hacer lo que la Constitución les señala, nunca para romper el orden constitucional, ni siquiera con la excusa de un acuerdo de paz con un grupo armado organizado al margen de la ley. Invocar la paz no es una excusa para abolir el estado de derecho en Colombia, ni para imponer un nuevo orden, al margen de la Constitución. Falta a la verdad señor Presidente cuando afirma que la última palabra la tendrán los colombianos. Lo pactado con las FARC supone que el “Acuerdo Especial” surge con la firma del mismo, para lo cual resulta irrelevante cualquier otro procedimiento que permita la expresión de la voluntad popular. Quiere usted y Timochenko que los colombianos vayan a las urnas a legitimar los Acuerdos, pero sin la capacidad de decidir. Es un fraude a la voluntad popular. Teniendo en cuenta que es mi obligación velar por la vigencia de los derechos humanos y del orden jurídico, es mi deber advertir que actuar al margen de la Constitución implica consecuencias penales y disciplinarias, al igual que responsabilidad política ante los ciudadanos. Usted juró respetar la Constitución, no fue elegido para derrocarla y menos para hacerlo de la mano con las FARC. Atentamente, ALEJANDRO ORDOÑEZ MALDONADO Procurador General de la Nación “Invocar la paz no es una excusa para abolir el Estado de Derecho en Colombia, ni para imponer un nuevo orden al margen de la Constitución.”