Carlos A. de la Pava Márquez

@petrogustavo su afirmación contradice la verdad documental: los registros oficiales del Ministerio de Defensa desmienten que existiera dinero apropiado para comprar sistemas antidrones este año o que se haya cancelado un contrato. Al asumir la administración no existía un proceso contractual o precontractual por $6,2 billones ni una compra adjudicada. Los $800.000 millones de la primera fase nunca fueron apropiados ni recibidos para 2026. Confundir anuncios con disponibilidad presupuestal no convierte una expectativa en realidad financiera. Las visitas técnicas del exministro y la exviceministra de estrategia y planeación a India, República Checa, Turquía, Catar, Londres y EE. UU. fueron exploraciones comerciales que no culminaron en un contrato. Además, el Comité Estructurador concluyó que las ofertas extranjeras no satisfacían las exigencias de integración técnica e interoperabilidad. Tampoco es verídico que la tropa esté desprotegida por decisiones actuales. Las deficiencias de planeación anteriores impidieron consolidar la capacidad desde 2023, cuando grupos ilegales intensificaron el uso de drones. Hoy la Fuerza Pública ejecuta compras precontractuales con presupuesto ordinario, impulsa producción propia, alista un CONPES de sostenibilidad financiera y tramita un proyecto de ley regulatorio. Los documentos prueban que no se canceló una adquisición real, sino que se heredó una propuesta sin presupuesto apropiado ni aval técnico. Señor Petro, la seguridad militar exige rigor y transparencia, no anuncios vacíos.