César Medina

🚨 URGENTE | Piden juzgar a Pete Hegseth por la captura de Nicolás Maduro y poner en libertad al exmandatario venezolano. ¿Está pagando Hegseth las consecuencias del error de Edmundo González de no juramentarse ni ejercer la Presidencia en funciones? Mientras buscan cómo responsabilizar a Trump por la operación, el debate termina presentando a Maduro como si fuera un gobernante inocente. ¡Aquí está la verdad que no podemos olvidar! Entre 2016 y mayo de 2019 se registraron 17.849 muertes bajo la categoría de «resistencia a la autoridad». Un estudio de letalidad policial documentó una proporción de 109 civiles muertos por cada funcionario fallecido en las intervenciones examinadas. A esto se suman más de 19.000 detenciones políticas acumuladas desde 2014, según Foro Penal. Mi tesis es clara: Edmundo González debió juramentarse, asumir su condición de presidente electo y reclamar formalmente la restitución del orden constitucional. Su omisión dejó un vacío político que complicó la estrategia de transición. ¡No conviertan a Maduro en un ángel para cuestionar a Trump! El debate jurídico sobre la operación no puede borrar a las víctimas de la represión venezolana. Análisis El congresista republicano Thomas Massie ha presentado ocho cargos de juicio político contra el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth. Uno de ellos, el artículo VII, cuestiona la operación militar del 3 de enero de 2026 que culminó con la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores en Caracas. Massie sostiene que aquella operación constituyó un acto de guerra contra una nación soberana sin autorización del Congreso estadounidense y acusa a la administración Trump de utilizar la lucha contra el narcotráfico como pretexto para controlar el petróleo venezolano. Antes de determinar si la operación fue correcta o incorrecta desde el punto de vista jurídico, considero indispensable recordar quién era Nicolás Maduro y lo que representó para millones de venezolanos. Porque aquí no estamos hablando de un presidente democrático injustamente perseguido. Estamos hablando del jefe de un aparato estatal bajo cuyo mando se cometieron gravísimas violaciones de los derechos humanos. Entre 2016 y mayo de 2019 se registraron en Venezuela 17.849 muertes atribuidas a actuaciones de los cuerpos de seguridad del Estado bajo la categoría de «resistencia a la autoridad». Estas cifras proceden de registros oficiales examinados y citados en informes internacionales de derechos humanos. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos advirtió que muchas de esas muertes podían constituir ejecuciones extrajudiciales. A esto debemos agregar un dato verdaderamente estremecedor. Un estudio sobre la letalidad policial en Venezuela documentó 7.823 civiles fallecidos frente a 72 funcionarios muertos durante las intervenciones examinadas entre 2016 y 2019. La relación fue de aproximadamente 109 civiles muertos por cada funcionario fallecido. Una desproporción extraordinaria que retrata la violencia de las operaciones policiales venezolanas. Y eso no es todo. Según los registros acumulados del Foro Penal, desde 2014 se han producido más de 19.000 detenciones por motivos políticos. A estas cifras se suman las víctimas de la represión de manifestaciones, las denuncias de torturas, desapariciones forzadas y persecución contra ciudadanos considerados adversarios del gobierno. Ese es el contexto que no puede desaparecer cuando un congresista estadounidense presenta la captura de Maduro exclusivamente como el secuestro de un dirigente extranjero. Maduro no solamente concentró el poder político. Bajo su gobierno, el aparato policial, militar y judicial fue utilizado sistemáticamente para perseguir a quienes cuestionaban su permanencia en el poder. Por eso considero que su captura, más allá de los cuestionamientos jurídicos que puedan formularse, abrió una posibilidad de cambio para millones de venezolanos que durante años vivieron bajo la represión. Pero aquí comienza la segunda parte de mi análisis: el grave error político e institucional cometido por Edmundo González Urrutia. Siempre he sostenido que Edmundo González debió asumir formalmente su condición de presidente electo y ejercer el mandato que, según los resultados documentados por la oposición, recibió de los venezolanos el 28 de julio de 2024. No bastaba con denunciar el fraude electoral. Era necesario convertir aquella victoria en una posición institucional inequívoca y actuar en consecuencia, invocando los mecanismos constitucionales de defensa del orden democrático. Hubo un Golpe de Estado Constitrucional. Edmundo debió comunicar formalmente a la comunidad internacional su decisión de asumir la Presidencia y solicitar el respaldo necesario para restablecer el orden constitucional venezolano. También debió explorar una solicitud expresa de cooperación internacional para enfrentar al aparato que impedía la restitución de la democracia. ¿Por qué considero tan importante esa omisión? Porque existía un precedente histórico que merecía ser estudiado: Panamá, en diciembre de 1989. Cuando Estados Unidos ejecutó la Operación Causa Justa para derrocar al general Manuel Antonio Noriega, Guillermo Endara, cuya victoria electoral había sido desconocida por el régimen panameño, había prestado juramento como presidente antes de comenzar la intervención. La administración de George H. W. Bush utilizó, entre otros argumentos, la restauración de la democracia y el respaldo al gobierno legítimo panameño para justificar políticamente aquella operación. No sostengo que ambos escenarios fueran jurídicamente idénticos ni que el precedente panameño eliminara todos los problemas de legalidad. Pero sí demuestra la importancia de contar con una autoridad democrática que reclame formalmente la restitución del poder constitucional. Venezuela necesitaba una estrategia semejante de legitimidad institucional, no simplemente una operación militar presentada como una captura por narcotráfico. En mi opinión, la administración Trump terminó utilizando principalmente una justificación penal estadounidense cuando el problema venezolano era mucho más profundo: la existencia de un aparato de poder que había desconocido la voluntad popular y destruido las instituciones democráticas. Edmundo González pudo haber contribuido a construir otro escenario político mediante una actuación formal, oportuna y respaldada en su condición de presidente electo. Una solicitud de cooperación internacional no habría autorizado automáticamente el uso de la fuerza ni sustituido las competencias constitucionales del Congreso de Estados Unidos. Pero sí habría colocado sobre la mesa una argumentación política e institucional distinta: el restablecimiento del gobierno elegido por los venezolanos. Esa oportunidad se perdió. Y las consecuencias están a la vista. Maduro fue capturado, pero el aparato político que lo sostuvo no fue desmantelado. Delcy Rodríguez continúa ejerciendo el poder, las estructuras represivas siguen siendo motivo de preocupación y la transición democrática permanece sin resolverse. Si Edmundo González hubiera asumido plenamente el liderazgo institucional que correspondía a su victoria electoral, la administración estadounidense habría tenido un interlocutor con una legitimidad democrática claramente reivindicada para conducir la transición. Y ante una eventual intervención, se habría abierto la posibilidad de exigir la restitución del poder al gobierno electo, en lugar de permitir la continuidad de las mismas estructuras que gobernaron con Maduro. No podemos afirmar que ese camino habría garantizado un resultado diferente, pero considero que habría ofrecido una alternativa política y jurídica mucho más sólida. Hoy la administración Trump enfrenta acusaciones en el Congreso por una operación que, desde mi perspectiva, contribuyó a terminar con el poder personal de un gobernante responsable políticamente de un sistema de represión ampliamente documentado. Y, sin embargo, la discusión estadounidense se concentra ahora en determinar si la captura de Maduro constituyó una actuación militar ilegal. Mi posición es clara: la salida de Maduro era necesaria. Pero capturarlo sin una estrategia integral para restituir el gobierno democrático fue un error de consecuencias enormes. También fue un error de Edmundo González no asumir oportunamente el papel institucional que exigía la gravedad de la crisis venezolana. Porque una cosa era sacar a Maduro del poder y otra muy distinta devolverle la democracia a Venezuela. Lo primero ocurrió el 3 de enero de 2026. Lo segundo sigue siendo una deuda pendiente con el pueblo venezolano. Y esa es la tragedia política que hoy estamos presenciando: se capturó al hombre, pero no se desmontó el sistema que lo sostuvo. #Venezuela