Adriana M Suárez R

#Voces | El Gobierno de Abelardo de la Espriella avanza en el desmonte de las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA), una figura creada durante la administración de Gustavo Petro para preservar cerca de un millón de hectáreas de suelo rural. Sin embargo, la eliminación de estas protecciones coincide con solicitudes mineras de oro, cobre y plata en varios de esos territorios. Una investigación de CAMBIO, que cruzó información de la Agencia Nacional de Minería (ANM), identificó solicitudes mineras que se superponen con más de 10.000 hectáreas de antiguas áreas protegidas en La Guajira y Santander. En Urumita, La Guajira, se encontraron dos solicitudes presentadas por la filial colombiana de la minera canadiense Max Resource, que abarcan aproximadamente 3.100 hectáreas y contemplan la extracción de cobre, oro y plata. Una fue radicada antes de la posesión presidencial y otra después de iniciado el Gobierno, pero ambas antes del anuncio de la derogatoria. En Santander también se identificó una solicitud minera de aproximadamente 7.500 hectáreas en El Carmen de Chucurí, presentada por Guillermo Matíz Martínez. El trámite incluye minerales como oro, plata, platino, plomo, titanio y vanadio. Hasta ahora, el Gobierno ha derogado estas figuras en La Guajira, Sabana Centro y el suroeste antioqueño, y prepara nuevas decisiones para Santander y Tolima. La controversia pone en discusión qué intereses económicos podrían avanzar sobre territorios que habían sido priorizados para la producción agroalimentaria.

#Voces | El representante a la Cámara Camilo Torres Prada @CamiloTorres_RC , junto a otros congresistas del Pacto Histórico, han venido impulsando una agenda de audiencias públicas en diferentes regiones del país para discutir los proyectos de ley que buscan regular el derecho fundamental a la reunión, la manifestación pública y la protesta pacífica. Barrancabermeja, Madrid, Pasto, Bogotá y Cali han sido los escenarios convocados para escuchar a organizaciones sociales, sindicatos, jóvenes, líderes comunitarios y ciudadanía, con el propósito de recoger propuestas y abrir la discusión sobre las garantías para el ejercicio de la protesta. La discusión gira alrededor de cuatro proyectos de ley acumulados en el Congreso, tres de ellos impulsados por sectores del Centro Democrático y otros congresistas, y uno presentado por la bancada del Pacto Histórico: el Proyecto de Ley Estatutaria 263 de 2026, del que Camilo Torres es coautor. Esta última iniciativa plantea garantías para quienes participan en movilizaciones sociales, prioriza el diálogo y la mediación, establece controles al uso de la fuerza por parte de la Policía y contempla mecanismos de protección para manifestantes, periodistas y organizaciones sociales, así como garantías de verdad, justicia y reparación para las víctimas de posibles abusos. El debate legislativo vuelve a poner sobre la mesa las denuncias por violaciones de derechos humanos durante jornadas de protesta, especialmente las ocurridas durante el estallido social de 2021. La discusión ahora está en manos del Congreso, donde se definirá qué garantías tendrá uno de los derechos fundamentales de la democracia colombiana.

#Voces | El representante a la Cámara por Antioquia, Hernán Muriel Pérez @Hernan_MurielP , advirtió que Colombia no puede abrirle la puerta a la multinacional Rio Tinto sin un debate serio, con tiempo y con garantías. Cosa que, denunció, el Gobierno de Abelardo De La Espriella no ha permitido que ocurra. Durante la discusión del proyecto de Ley de Competitividad (Proyecto de Ley 177 de 2026 Senado – 305 de 2026 Cámara), en las Comisiones Sextas, fue el ministro de Comercio, Industria y Turismo, Mauricio Gómez Amín, quien mencionó a Rio Tinto como posible inversionista en el país. Frente a ello, el congresista recordó que la empresa registra señalamientos por afectar zonas indígenas en Australia, demandas por presunta contaminación del agua en Madagascar y una sanción en Estados Unidos por sobornos. Muriel había propuesto aplazar el estudio del proyecto por falta de garantías para analizarlo con rigor. Sin embargo, el debate no se aplazó, situación que, según el congresista, aumenta su preocupación, pues una iniciativa de esta magnitud exige rigurosidad y tiempo de estudio. El representante pidió prestar atención a las multinacionales que ingresarán a invertir en Colombia y a los riesgos que esto puede representar para el país y para la ciudadanía. La inversión es necesaria, planteó, pero la pregunta es a qué costo y para quién. Señaló que el Chocó es uno de los territorios que más riesgo corre. El Congreso, insistió, tiene la responsabilidad de estudiar, debatir y escudriñar cada iniciativa antes de votarla, porque el país tiene derecho a saber con claridad qué se aprueba.