El FAL plantea un riesgo político que no debería subestimarse. Las empresas aportarán recursos a un fondo que consideran parte de su patrimonio, destinados a afrontar futuras indemnizaciones laborales. Pero ¿qué sucederá si en 2027 gana una oposición que decide derogar el régimen? ¿Quién garantiza que esos fondos seguirán estando disponibles para las empresas cuando necesiten utilizarlos? El problema es que, una vez transcurridos los 12 meses de carencia, la incertidumbre sobre una eventual derogación podría generar un incentivo perverso: adelantar despidos para utilizar los fondos antes de que cambien las reglas de juego. Sería importante que la oposición fijara desde ahora una posición clara sobre el destino de los recursos acumulados. Una reforma concebida para dar previsibilidad laboral no debería terminar generando incentivos contrarios a su propio objetivo. #FAL #ReformaLaboral #SeguridadJurídica #Argentina