Doricer Alvarado

YA EL JUEZ PUBLICÓ LA SENTENCIA de Mi hermano Jorge Henrique Alayeto Bigott, quien lleva casi 9 años preso en Venezuela. El juez Luis Francisco Ovalles Landaeta en fecha de 6 de abril de 2026 redactó la sentencia condenatoria y el 14 de abril de 2026 se hizo la audiencia para imposición de sentencia donde condenó a 30 años de presidio a mi hermano. Lo que voy a contar está en la propia sentencia. 🧵 La causa tenía más de 20 acusados con roles completamente distintos. desde militares que ingresaron al Fuerte Paramacay hasta mi hermano, un civil que ni siquiera estuvo allí. El juez les aplicó a todos la misma pena: 30 años. Sin distinguir quién hizo qué. Sin analizar el rol de cada uno. Todos iguales. Todos al máximo. A Jorge se le imputaron cuatro delitos: Traición a la Patria, Rebelión Militar, Ataque al Centinela y Sustracción de Efectos Militares. Los dos últimos como cómplice. La ley establece que al cómplice se le debe rebajar la pena. El juez nunca hizo ese cálculo. Nunca explicó por qué Jorge merecía el mismo trato que quien estuvo dentro del fuerte Paramacay. Y en 361 páginas de sentencia, esto es todo lo que el juez escribió para justificar los cuatro delitos de mi hermano: “Jorge Alayeto Bigott acusado fue quien realizó la grabación de este video sin embargo no dio participación alguna a las autoridades competentes." Una sola frase. Ni una explicación de cómo grabar un video constituye Traición a la Patria. Ni cómo es Rebelión Militar. Ni cómo es Ataque al Centinela. Ni cómo es Sustracción de Efectos Militares. Nada. Pero lo más grave está aquí. Esa “prueba” de que Jorge grabó el video viene de una sola persona: el funcionario Abel Angola del DGCIM. Un hombre que ni siquiera estuvo presente el día de la grabación por lo que acusaron a mi hermano. Lo que declaró fue su “análisis” del expediente, no lo que vio con sus propios ojos. Y ese mismo funcionario, Abel Angola, es el hombre que Jorge señaló en pleno juicio oral como uno de sus torturadores. Lo dijo ante el juez con estas palabras: “Me disculpan que me ponga así, pero me trae muchos malos recuerdos, este señor que está acá en sala fue autor principal de las torturas que me hicieron a mí y a un sobrino que también agarraron, me amarraron, me golpearon, me esposaron, él me decía que debía decir lo que él quería que dijera, me golpeaba durísimo yo lo que veía era un flash, yo estaba dentro de la pecera, que es un sitio de tortura, me enseñó a través de papel ahumado como estaba torturado mi sobrino, me dijo tu vas a decir que grabaste el video, que financiaste, le dije bueno está bien, te lo digo, se lo tuve que decir, ese señor me torturó hasta más no poder, es todo lo que tengo que decir” El único testigo que vincula a Jorge con el video es el mismo hombre que lo obligó bajo tortura a decir que grabó el video. El juez escuchó esa denuncia de tortura en sala. No ordenó ninguna investigación. No excluyó el testimonio de Angola. No suspendió el juicio. Descartó todo en una línea y condenó a 30 años con la confesión arrancada por el torturador. Jorge es civil. Nunca fue militar. La ley venezolana prohíbe juzgar civiles con el Código de Justicia Militar. El juez lo condenó con ese código de todas formas. Al máximo de la pena. Sin motivación. Sin individualizar su conducta. Sin respetar la rebaja que la ley le ordenaba aplicar en caso tal de que ciertamente fuera responsable. Un civil condenado a 30 años por un video. Con una confesión obtenida bajo tortura. Por el testimonio de su propio torturador. Que ni siquiera estuvo presente en los hechos. Sin que el juez explicara en qué delito encuadra grabar un video. Igual que todos los demás acusados. Sin distinción. Sin análisis. Sin justicia. Esto está documentado. Está en la sentencia. Está en el expediente. El mundo tiene que saber Los delitos de lesa humanidad no prescriben y el juez Ovalles debe pagar por su acción. Ahora vamos por la apelación. @SenRickScott @marcorubio @POTUS45

Mi hermano Jorge H. Alayeto Bigott, lleva más de 8 años preso, actualmente en Tocuyito por un video que el mismo juez Luis Ovalles en su escrito de negativa de amnistía dice que el grabó. El nunca portó armas. El es un civil. El fue detenido por el caso del Fuerte Paramacay el 6 de agosto de 2017 en su casa. Estuvo desparecido 11 días, durante los cuales fue severamente torturado. Luego lo presentaron ante un tribunal militar, con defensa militar obligatoria. Posteriormente después de 8 años y 4 meses el Juez Luis Ovalles en valencia lo sentenció a 30 años sin pruebas y lo sentencia por delitos militares siendo el UN CIVIL Esta semana la defensa pública presentó la solicitud de amnistía ante el mismo juez que lo condenó, y este juez en sólo 3 días negó la solicitud de amnistía, Y quiero explicar exactamente lo que dice el auto Motivado del juez LUIS OVALLES: La Ley de Amnistía (G.O. 6.990, Art. 8 numeral 9) establece : los hechos políticos de marzo a agosto de 2017 están amnistiados. Sin excepción para rebelión. Sin salvedad alguna. Que hizo el juez en su escrito de negación: ignoró ese artículo por completo. Nunca lo mencionó. Nunca explicó por qué no aplica. Eso no es justicia. Es silencio deliberado. La misma ley (Art. 9) establece: solo se excluye quien actuó por órdenes de gobiernos o personas “extranjeras.” Esa palabra está en la ley. Que hizo el juez: borró esa palabra y aplicó la exclusión igual. No hay nada extranjero en su causa. Nada. La Constitución (Art. 49) y el COPP (Art. 157) establece: toda decisión judicial debe estar motivada en derecho. Que hizo el juez: comenzó su auto citando un discurso de la Vicepresidenta Delcy Rodríguez del 30 de enero de 2026 como argumento jurídico. Un discurso político no es ley. Nunca lo ha sido. La Constitución (Art. 49) establece: toda persona tiene derecho a una defensa real y efectiva. Lo que pasó: ayer: la defensora pública fue a la cárcel a decirle a mi hermano Jorge que no iba a continuar con su defensa. En el momento en que más la necesitaba. Sin abogado, Jorge no podía apelar a la negativa del juez de la amnistía. Gracias a un maravilloso compañero y colega abogado conseguimos que se juramentara y pudiera presentar la apelación de la decisión del Juez Luis Ovalles cuando era ya el último día del plazo. Quiero dejar constancia que varios abogados de la defensa pública también fueron al penal de Tocuyito ayer a manifestarle a su defendidos que desistían de la defensa y alegaron según dicen que estos fueron amenazados por sus superiores de imputarles Traición a la Patria y destitución del cargo con la finalidad de que no continuaran la defensa y así no apelaran la decisión del juez Ovalles. Un acto que los deja indefensos ya que el lapso vencía hoy para apelar. Esto no es un error. Es un patrón. Jueces que mutilan la ley. Defensores que abandonan a sus clientes. Decisiones que llegan en 3 días cuando se trata de negar libertades y tardan meses cuando se trata de publicar condenas. Todo orquestado para que ningún preso político salga amparado por la ley de amnistía. Para desafiar lo que el mundo, incluido Estados Unidos, ha exigido: libertad para los presos políticos venezolanos. A la Comisión Especial de la Asamblea Nacional le decimos: ustedes aprobaron esta ley. Un juez la ignoró y no motivó su negativa. Eso es una arbitrariedad que tienen la obligación de corregir. No puede haber impunidad para quienes bloquean la amnistía desde adentro del sistema, más de 8 años preso por gravar un video, condenado con delitos militares siendo civil y el juez Luis Ovalles negándole su libertad con una ley que lo libera. Está totalmente fuera de orden y de ley. Deben liberar a Jorge ya pues su caso encuadra perfectamente tal como lo establece la Ley de amnistía. Si esto te parece injusto, comparte. Venezuela y el mundo tienen que saber.