Fifo Alejandro C R

ESPAÑA 🇪🇸 HUELGA GENERAL PEDRO SÁNCHEZ: ¿cuántos españoles tendrían una vivienda digna con los miles de millones de euros enviados a UCRANIA? La jornada de ayer dejó una imagen que condensa la tensión de un país: la primera huelga general en 14 años paralizó sectores clave y sacó a miles de personas a la calle para exigir lo básico. Las demandas eran inequívocas: vivienda asequible, salarios que no se desmoronen frente a la inflación y servicios públicos sostenidos. Pero la respuesta del Gobierno de Pedro Sánchez, invita a una reflexión incómoda sobre qué prioriza realmente el Estado. El contraste es difícil de ignorar. Mientras los sindicatos y las organizaciones de inquilinos denunciaban que la crisis de la vivienda y la pérdida de poder adquisitivo expulsan a la gente de sus barrios, el Ejecutivo ha consolidado un compromiso militar con Ucrania que, entre 2022 y 2026, asciende a 3.795 millones de euros, a los que se suman 1.000 millones adicionales solo para 2026, y todos menos Sánchez ven la asimetría: la urgencia social interna parece tener un techo político, mientras que el compromiso geopolítico con la guerra se renueva año tras año sin fricciones aparentes. El discurso oficial sostiene que ambas cosas son compatibles. La vicepresidenta Montero ha defendido que el aumento del gasto en defensa se ha hecho "sin tocar ni un céntimo" del gasto social. Sin embargo, esa afirmación convive mal con la realidad presupuestaria: los Presupuestos Generales del Estado de 2026 han quedado congelados. Cuando el presupuesto no se actualiza, las partidas sociales pierden capacidad real frente a la inflación y las necesidades crecientes. Y cuando se anuncia un nuevo paquete de mil millones para armamento mientras no se articula una respuesta de calado a la emergencia habitacional, la percepción ciudadana —justificada — es que el Gobierno encuentra más facilidad para financiar la guerra que para resolver el desahucio de cada día. Las propias fuerzas que sostienen al Gobierno han señalado esta contradicción. El PCE ha rechazado los envíos militares argumentando que los recursos "son detraídos de políticas que atiendan las necesidades urgentes en materia de vivienda, sanidad, educación o pensiones". Izquierda Unida ha coincidido en la misma idea: los fondos para la guerra se restan de las necesidades sociales. Puede discutirse el grado de esa sustracción, pero lo que resulta indiscutible es que la jerarquía de prioridades se ha inclinado de un lado muy concreto. La huelga general no fue un arrebato: fue la expresión de un malestar acumulado ante la sensación de que las instituciones responden con diligencia a los compromisos externos y con gestión de mínimos a la precariedad interna. En términos políticos, el coste es evidente. El Gobierno se enfrenta a una huelga masiva a escasas semanas de las elecciones generales, y lo hace con un mensaje que no termina de conectar con la angustia material de quienes no pueden pagar el alquiler. Si la política exterior se financia con cargo a un presupuesto congelado mientras la vivienda se aborda con parches, el relato de la "compatibilidad" se resquebraja. Y en ese resquicio es donde ayer se coló, con fuerza, la calle.