Cuando una funcionaria pidió eliminar Amo la Ciencia Ahora que la llamada “ley antimemes” es el tema, recordé cómo una cierta funcionaria de una cierta agencia que debería ocuparse del bienestar animal. Quiso censurarme por cuestionar su desempeño y los resultados de la dependencia que dirige. Presentó una demanda por violencia política en razón de género ante el Tribunal Electoral de la CDMX. Solicitó medidas cautelares y de protección urgentes para retirar mis publicaciones y pidió que se notificara a X para proceder, “en su caso”, a la eliminación de la cuenta Amo la Ciencia. La petición alcanzaba toda la cuenta, incluidos años de divulgación científica, información ambiental y denuncias ciudadanas que no tenían relación con ella. Además, pidió “investigar la identidad de la persona detrás del usuario” y que se le citara a rendir declaración. Ante los cuestionamientos sobre su trabajo solicitó que una autoridad investigara quién soy y me citara frente a ella. Esa petición se suma a las distintas ocasiones en que ha insistido en que me presente personalmente en diferentes lugares. En su demanda afirmó que existía una campaña que “obstaculiza y vulnera el libre ejercicio de mis funciones públicas”. Es decir, según ella, lo que escribo no la deja trabajar. Pero en el cuerpo del escrito no identificó qué atención animal o decisión administrativa habían impedido mis publicaciones. Insistió en que afectaban su participación política “como mujer” y “menoscababan su imagen pública y profesional como mujer funcionaria”, sin que se demostrara en qué parte específicamente se le vulneró. También sostuvo que comprometían su seguridad y podían desembocar en violencia física, sin que pudiera identificar en esas páginas una amenaza concreta. Según su escrito, reunió 151 menciones que calificó como ofensivas, sexistas y difamatorias. Sin embargo, no reprodujo un solo hecho concreto ni explicó qué estereotipo de género contenía. En el apartado “Solicitud de medidas de protección” citó el artículo de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Que contempla ordenar a plataformas, medios de comunicación y particulares la interrupción, bloqueo, destrucción o eliminación de imágenes, audios o videos relacionados con la investigación. Este mecanismo que invocó también puede alcanzar contenidos difundidos por terceros que replicaron alguna de mis publicaciones. Es decir si compartiste lo que publiqué o algún medio hizo un reportaje también solicitó que se eliminara porque pedía un juicio contra mí. Entre sus fundamentos incluyó hasta el artículo 2 de la Constitución, relativo a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, sin explicar su relación con el caso. Enumeró también disposiciones sobre proceso penal e investigación de delitos, sin desarrollar cómo las vinculaba con el juicio electoral que promovía. La propia funcionaria reconoció por escrito que toda función pública está sujeta a la crítica y al escrutinio ciudadano. Después pidió retirar publicaciones, eliminar la cuenta e investigar la identidad de quien cuestionaba su gestión. La demanda fue desechada. Pero su petición de censura quedó escrita, firmada y puede ser consultada gracias a la Plataforma Nacional de Transparencia. ¿Qué pretendía mejorar de su función pública eliminando Amo la Ciencia?