Jorge Dotel ホルヘドテル

Está fuerte la indignación del Dr. Nieves. Dice el malo es el presidente @luisabinader que mantiene ese grupo de inservibles el @AmbienteRD ta feo el país

La Ley Mordaza es el nuevo Código Penal dominicano. El Art. 310 trata el “ultraje” a los funcionarios como delito y los blinda frente al escrutinio público. Pretensión que colide con el Art. 40.15 de la Constitución: “La ley solo puede ordenar lo que es justo y útil para la comunidad y no puede prohibir más de lo que le perjudica”. Una mordaza ni es justa ni es útil: sirve a los intereses de los políticos que algo tienen que ocultar. La Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) consagra que los derechos humanos deben garantizarse “a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión”. La punta de lanza de esta rebelión saludable son Ricardo Ripoll y Eduardo Sánchez Tolentino, de Somos Pueblo, quienes se oponen a la mordaza y han declarado que están dispuestos a que lo metan preso antes que callar. No hablan de pólvora ni de barricadas, sino de algo bastante más incómodo para el poder: una declaración formal de desobediencia civil, pacífica y de cara al sol. Resulta que la mordaza, diseñada para tapar una boca, como diría El Piro, se topó con un coro entero. Ripoll, como marinero avezado que es, fondeó sus argumentos en sólidas anclas constitucionales: El Art. 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), “Pacto de San José”, ratificada por el Congreso y puesta en vigor desde 1978, consagra la libertad de pensamiento y de expresión, derecho que, por estar contenido en un tratado de derechos humanos, goza de jerarquía constitucional y de aplicación directa e inmediata conforme al artículo 74.3 de la Constitución. Choca, de igual modo, con el Art. 49 de la Constitución de 2024, que reza: “Toda persona tiene derecho a expresar libremente sus pensamientos, ideas y opiniones, por cualquier medio, sin que pueda establecerse censura previa.” Una ley espuria podrá llevar la Gaceta Oficial, pero no la legitimidad. Y cuando lo legal y lo legítimo se divorcian, la última palabra la tiene el pueblo, que no se dejará cercenar la libertad de expresión.

Samuel Pereyra interpone demanda civil por difamación contra el Sr. Carlos Rubio en una corte de Miami-Dade, Florida. La acción reclama daños superiores a US$50 mil por presuntas publicaciones y declaraciones en redes sociales.