No me den cuerda con este temita: es absurdo que un funcionario del Ministerio de Educación tenga que revisar el diploma y las notas de quien estudió en LSE o en Harvard o cualquier universidad seria y acreditada del mundo. ¡Todo el proceso es ridículo! La universidad extranjera, acreditada y reconocida en el mundo entero, lo gradúa a uno. Pero para que ese grado valga ante el Estado colombiano, por ejemplo para ocupar un cargo público, hay que apostillar el diploma, presentar el certificado de materias, pagar cerca de un millón de pesos y esperar a que el Ministerio lo convalide. Pues no. Me rehúso. La historia de mi esposo es peor. Se graduó de ingeniería en los Andes en los 80 y tiene maestría y doctorado de Northwestern. Hacia 2010, para que en una licitación lo reconocieran como ingeniero, tuvo que sacar la tarjeta profesional. Y lo mejor: ante el Estado, su experiencia solo cuenta desde el día en que se la expidieron. Décadas de trabajo que no existen para ellos. Ese esperpento sigue vigente en la ley colombiana. Es kafkiano. Y cuando la ley es absurda, incentiva a no cumplirla. Hasta el propio Ministerio ha tenido que advertir sobre tramitadores que cobran por "agilizar" convalidaciones. Ahora que se habla de reducción de trámites, me encantaría que se metieran con esto. No entiendo qué valor le agrega a la sociedad que una tarjeta pese más que treinta años de ejercicio, ni que el Estado se arrogue la potestad de revisar los papeles de Harvard o del MIT. Seamos serios: si la universidad está acreditada, el grado vale. Punto. Y sin necesidad de tarjetas profesionales.