KarlaMonroy

Una mujer de Nayarit decidió no dejarles su herencia a sus hijos y nombró heredero a su amigo, el notario Arturo Luna López. Los hijos denunciaron que el testamento era falso. Pero había dos datos fundamentales: la firma de la señora resultó auténtica y el testamento lo había autorizado otro notario. Aun así, la Fiscalía sostuvo, según la defensa, que la mujer padecía Alzheimer y que su voluntad testamentaria era falsa. Luna terminó en prisión. Después de casi dos años encarcelado, en julio de 2025 un Tribunal Colegiado corrigió el problema jurídico: una cosa es que un testamento pueda ser anulado porque quien lo firmó carecía de capacidad para hacerlo, y otra muy distinta es acusar penalmente a alguien de utilizar un documento falso. No son lo mismo. El tribunal consideró insuficientes las pruebas, ordenó dejar sin efecto su vinculación a proceso y un juez dispuso su libertad. Pero cuando debía salir del penal, ocurrió algo extraordinario: la Fiscalía ejecutó otra orden de aprehensión, ahora por una escritura inmobiliaria de 2009. Hoy lleva más de tres años preso sin sentencia. Esa nueva acusación debe demostrar qué delito cometió personalmente, si todavía puede perseguirse después de tantos años y por qué necesita permanecer en prisión preventiva. El amparo derribó la primera acusación, pero la segunda impidió su libertad. En México, hasta una sentencia que ordena liberar a una persona puede terminar sin abrir la puerta de la cárcel.