Leandro Brochado

YO ACUSO El 13 de enero de 1898 Émile Zola publicó en L'Aurore una carta que cambió la historia de Francia. Defendía a un hombre condenado no por lo que había hecho, sino por lo que era. Hoy corresponde volver a escribir esas dos palabras. Yo acuso a la mayoría de la JUTEP de actuar fuera de la ley y fuera de sus competencias. La Constitución es muy clara. El numeral 4.º del artículo 77 prohíbe a los directores de entes la actividad política y dice quién juzga: será competente la Corte Electoral. La denuncia debe ser formulada ante ésta por cualquiera de las Cámaras, el Poder Ejecutivo o las autoridades nacionales de los partidos. La Corte juzga, y nadie más. No la JUTEP. Yo acuso al vicepresidente de la JUTEP, Alfredo Asti, de haber asumido una competencia que no tiene. El 6 de octubre firmó solo, sin resolución del Directorio, un oficio que presenta una supuesta infracción electoral como “acto de corrupción”. Ninguna ley lo califica como tal. Llamar corrupción a lo que no lo es ya es una acusación gravísima. Con ese rótulo pretendió interrogar a un senador de la oposición. Asti fue tres veces diputado del Frente Amplio, integró su Mesa Política y fue director de la CND en su representación. Hoy utiliza el cargo para investigar a adversarios. En eso se juntan el interés público y su interés político partidario. Eso es un acto contrario al Estado de derecho. Yo acuso a la mayoría de la JUTEP de confirmar con su accionar esta propia ilegalidad. En el mismo momento en que se alertaba del tema en el Senado, Asti escribió un correo a sus compañeros de Directorio. Ahí, torpemente, quiso justificarse diciendo que firmó el oficio “a solicitud de Gestión de Denuncias” y propuso emitir un “comunicado institucional” aclarando que el oficio no implicaba “posición del Directorio y del Director firmante”. Buscó una cobertura posterior para un acto que ya había realizado. Al día siguiente la presidenta, Ana Ferraris, intentó defenderlo: dijo que Asti no investigaba una infracción electoral sino “la conducta ética y funcional” del director. Olvidó que el oficio no dice eso, dice otra cosa: habla de “actos de corrupción” e invoca el artículo 77. No aclaren que oscurece. Yo acuso a la mayoría de la JUTEP de medir con dos varas los casos. En el caso del presidente de ASSE, del FA, el informe técnico de la jurídica de la propia Junta señaló incompatibilidades. La mayoría descartó seguir adelante como le dijeron sus abogados. En el caso del senador colorado Andrés Ojeda, la Asesoría Letrada aconsejó archivar porque el contralor de los legisladores corresponde a cada Cámara. La mayoría desoyó el informe jurídico y siguió adelante. Asti redactó por su cuenta un informe sobre el patrimonio del senador, sin intervención técnica. Para el profesor Augusto Durán Martínez eso fue prejuzgamiento indebido. Cuando un informe jurídico complica a un oficialista, lo dejan de lado y archivan. Cuando favorece a un opositor, siguen adelante. Yo acuso porque no se puede defender o acusar a una persona según el partido al que pertenece. Yo acuso porque no se puede usurpar funciones que son de la Corte Electoral, abusar de la posición que se tiene y mezclar el interés político propio con el interés público. Yo acuso porque no se pueden descartar los informes jurídicos cuando incomodan. Zola terminó su carta diciendo que su protesta no era más que “el grito de su alma”. Esta también lo es. Un órgano creado para la transparencia y la ética pública no puede convertirse en un instrumento de persecución. Cuando eso pasa, el problema ya no es de un senador ni de un partido: es de la República.

Ahora con la barra de La Treinta en el Municipio E @_vamosuruguay @CarlosRydstrom