Leticia Martin

Lo de Maricarmen me produce una contradicción bastante incómoda. Tiene 87 años, una discapacidad reconocida y hoy ha salido de la casa de Retiro en la que llevaba viviendo desde los 17. Ver a una anciana abandonar en una camilla el lugar donde ha pasado prácticamente toda su vida es desolador. Una sociedad decente debería ser capaz de ofrecerle una solución digna. Hasta ahí, creo que podemos estar casi todos de acuerdo. El problema empieza cuando el drama humano se convierte en argumento jurídico y político y parece que setenta años viviendo en una casa otorgan algún tipo de derecho perpetuo sobre ella. Porque hay una parte de esta historia que se está contando bastante menos. El contrato era de renta antigua. Tras morir el padre de Maricarmen pasó a su madre y, cuando esta falleció en 2005, se produjo la subrogación a favor de la hija. La legislación que terminó siendo decisiva para limitar esas subrogaciones fue la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994, aprobada bajo el Gobierno de Felipe González. El decreto Boyer de 1985 ya había eliminado la prórroga forzosa para los nuevos contratos; la LAU de 1994 estableció después el régimen de extinción progresiva de los antiguos. Y aquí aparece una pregunta que nadie parece querer hacerse. Cuando se aprobó aquella ley Maricarmen rondaba los 55 años, trabajaba como auxiliar administrativa y todavía tardaría cuatro años en jubilarse. Cuando murió su madre en 2005 tenía unos 66. Desde entonces, desde 1994, el marco legal aplicable a aquel contrato planteaba un horizonte de extinción que finalmente han avalado los tribunales. Durante años siguieron cobrándole la renta y eso abrió una discusión jurídica legítima —de hecho, inicialmente ganó el pleito—, pero el Supremo terminó dando la razón a la propiedad. La pregunta incómoda es: ¿En qué momento debía empezar a buscarse una alternativa? Comprar, alquilar otra vivienda, ahorrar aprovechando una renta extraordinariamente baja, buscar una solución residencial distinta. No sabemos qué posibilidades reales tuvo en cada momento y sería absurdo inventarlas. Pero tampoco podemos actuar como si la situación hubiese aparecido ayer por la mañana. Porque mientras tanto hay una generación entera que jamás tendrá una oportunidad remotamente parecida. ¿Cuántos jóvenes de hoy podrán vivir durante setenta años en un piso de más de 90 metros en Retiro pagando alrededor de 500 euros? ¿Cuántos licenciados, sanitarios, profesores, periodistas, ingenieros o administrativos con trabajos perfectamente normales pueden siquiera plantearse vivir solos en Sainz de Baranda? Maricarmen trabajó 49 años y merece todo el respeto por ello. Precisamente por eso resulta extraño infantilizarla ahora como si hubiera sido durante toda su vida una persona sin capacidad para tomar decisiones sobre su futuro. A familias con niños pequeños se les termina un alquiler, pierden una vivienda o tienen que abandonar un barrio y reorganizan su vida como pueden. Jóvenes con empleos en activo comparten piso hasta bien entrada la treintena, se marchan a las afueras, regresan a casa de sus padres o aceptan habitaciones minúsculas porque vivir solos en el centro de las grandes ciudades es sencillamente inaccesible para ellos. Y hemos llegado incluso a revestir esa precariedad con nombres estupendos, casi románticos, desde los altavoces mediáticos del gobierno de progreso: coliving, espacios compartidos, nuevas formas de habitar. Pero una mujer que ha disfrutado durante décadas de una renta excepcionalmente protegida debe convertirse ahora en símbolo de exactamente ¿qué? Ese es el debate que echo de menos. La protección de Maricarmen debería haber llegado desde los servicios sociales y las administraciones. La protección social debe asumirla la sociedad mediante vivienda pública, que para algo nos sablean a impuestos que son para este tipo de cosas, y para sanidad, para educación, para transporte, etc. Todo se degrada y funciona cada vez peor. En estos casos tampoco aparece el so called Estado del bienestar. ¿Dónde cojones van los impuestos? Lo que no se puede pretender es que la asuma un propietario concreto manteniendo durante medio siglo una renta ajena a la realidad económica. Y decir que "sobran cuatro millones de casas" tampoco resuelve el problema. Una vivienda vacía donde nadie quiere vivir no satisface la demanda allí donde faltan cientos de miles. A sus 87 años y con su situación física, resulta difícil entender que el sistema haya sido incapaz de cerrar antes una alternativa adecuada. Aunque se le ha ofrecido un piso en Alcalá de Henares y ha dicho que no. Pero eso es distinto de concluir que el propietario de Sainz de Baranda 46 tiene que proporcionarle de por vida una vivienda muy por debajo de su precio porque su padre firmó allí un contrato en 1956. Objetivamente, Maricarmen ha vivido del franquismo durante 70 años. Y conviene contar también toda la genealogía legislativa cuando se buscan responsabilidades políticas, pues el régimen que acabó siendo determinante en este caso procede de la LAU de 1994, aprobada durante el Gobierno de Felipe González, y lleva más de tres décadas formando parte del ordenamiento. El caso de Maricarmen es triste. Muchísimo. Pero la tristeza no resuelve la pregunta de fondo: ¿Por qué el arraigo de una persona debe darle sobre una vivienda ajena un privilegio que generaciones enteras de jóvenes ni siquiera podrán soñar con tener? Y quizás ese sea el verdadero fracaso, que hayamos construido un país donde una renta de 500 euros en Retiro parece un derecho adquirido para quien llegó en 1956, mientras para quien nació cincuenta años después vivir allí trabajando se ha convertido casi en ciencia ficción. Ojo, con los sueldos de España, el alquiler debería rondar esos 500 euros y no lo que se paga actualmente, por supuesto, pero ese es otro debate.