El presidente de la @SCJN Corte, Hugo Aguilar, reconoció algo sorprendente: no tiene pleno control sobre el dinero de la institución que preside. La reforma judicial dejó la administración de sus recursos en manos de otro órgano. @peniley_ramirez lo documenta en @Reforma. Pero esta historia revela un problema todavía mayor: en los estados, los tribunales dependen de presupuestos que pasan por gobernadores y congresos locales, precisamente autoridades cuyos actos pueden tener que juzgar. México promete combatir la impunidad, acelerar los juicios y garantizar justicia para todos. Pero ¿cuánto dinero destina realmente a conseguirlo? Un estudio de Impunidad Cero mostró que, en 2023, los poderes judiciales locales recibían en promedio menos del 2% de los presupuestos estatales. Exigimos juzgados digitales, audiencias rápidas, sentencias oportunas y personal capacitado, mientras miles de personas esperan años para resolver un divorcio, cobrar alimentos, recuperar su patrimonio u obtener justicia por un delito. Stephen Holmes y Cass Sunstein explicaron en The Cost of Rights una verdad que México parece olvidar: todos los derechos cuestan dinero. La independencia judicial no consiste únicamente en que nadie le ordene a un juez cómo resolver; también exige que los tribunales tengan recursos suficientes para funcionar sin subordinación presupuestaria. El dinero debe fiscalizarse, desde luego. Pero podemos cambiar jueces, aprobar nuevos códigos y reformar tribunales todas las veces que queramos: si no financiamos la justicia, seguiremos prometiendo derechos que millones de personas no pueden ejercer.