El delito de falsedad documental, sea en documento público o privado, no admite la modalidad de delito continuado. No existe, por tanto, el delito continuado de falsedad documental. Tampoco se trata de una conducta de ejecución permanente, sino de ejecución instantánea.
Por otra parte, tampoco existe algo así como una prueba que no admita prueba en contrario. Lo que puede no admitir prueba en contrario son determinadas presunciones legales, que no tienen cabida en el proceso penal cuando comprometen la presunción de inocencia y la carga de la prueba.
Verónica, tu problema no es de abogados, es de dignidad. Tu delito es prácticamente una flagrancia ( te cogieron con las manos en la masa) y de paso, delito continuado. Y las pruebas que hay en tu contra, prácticamente son iuris et de iuri (no admiten prueba en contrario). Ríndete y confiesa, te iría mejor.
SE ALEGÓ INDEBIDA APLICACIÓN Y A SU VEZ LA FALTA DE DEMOSTRACIÓN DE LA ANTIJURIDICIDAD DE LA CONDUCTA
A propósito de la providencia AP6162-2026, radicado 68320, de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, con ponencia del magistrado Fernando León Bolaños Palacios, considero oportuno realizar algunas precisiones sobre la formulación de los cargos en casación.
En esta decisión se examinó una demanda de casación presentada por la defensa de una persona condenada en primera y segunda instancia por el delito de violencia intrafamiliar.
El casacionista acudió a la causal primera del artículo 181 de la Ley 906 de 2004, alegando la violación directa de la ley sustancial por aplicación indebida del artículo 11 del Código Penal, relacionado con el principio de antijuridicidad.
En desarrollo del cargo, sostuvo que no se había demostrado una afectación significativa al bien jurídico protegido, la familia, y cuestionó que estuvieran acreditados los presupuestos necesarios para considerar antijurídica la conducta atribuida al procesado.
Este planteamiento permite recordar algunas cuestiones fundamentales sobre la técnica de casación.
La violación directa de la ley sustancial puede presentarse bajo tres modalidades: falta de aplicación, aplicación indebida e interpretación errónea.
La aplicación indebida ocurre cuando el juzgador aplica una norma sustancial a unos hechos que no corresponden al supuesto fáctico previsto en ella.
Ahora bien, cuando se alega la violación directa de la ley sustancial, el debate es exclusivamente jurídico. Esto significa que el casacionista debe aceptar los hechos tal como fueron declarados probados en la sentencia, así como la valoración probatoria efectuada por los juzgadores.
Por consiguiente, no puede discutir la fijación de los hechos ni cuestionar el mérito atribuido a las pruebas. Su inconformidad debe dirigirse exclusivamente a demostrar el error jurídico cometido al seleccionar, aplicar o interpretar la norma sustancial.
Una cosa es afirmar que los hechos declarados probados no se adecuan al supuesto fáctico de una norma sustancial y otra, muy distinta, sostener que esos hechos no fueron demostrados.
Precisamente, en el caso examinado, el defensor planteó un cargo por violación directa de la ley sustancial, pero al desarrollarlo trasladó la controversia al terreno probatorio, cuestionando que se hubiera demostrado la afectación al bien jurídico protegido.
De esta manera, no se limitó a discutir las consecuencias jurídicas de los hechos establecidos por los juzgadores, sino que cuestionó su demostración mediante las pruebas practicadas.
Esta forma de argumentar desconoce el principio de autonomía de las causales que orienta la casación, pues termina entremezclando argumentos propios — en este caso— de la violación directa con cuestionamientos que corresponden a la violación indirecta de la ley sustancial.
Si lo que pretende el casacionista es controvertir la fijación de los hechos a partir de la valoración probatoria, debe acudir a la causal tercera del artículo 181 de la Ley 906 de 2004, demostrando el correspondiente error de hecho o de derecho.
En cambio, si su inconformidad consiste en que los hechos declarados probados fueron jurídicamente calificados de manera equivocada, el debate puede desarrollarse mediante la causal primera, sin cuestionar las conclusiones fácticas y probatorias de la sentencia.
En definitiva, cuando se alega la violación directa de la ley sustancial, la discusión es de puro derecho. El casacionista debe respetar la fijación de los hechos y la valoración probatoria realizada por los juzgadores.
No puede, bajo esa causal, cuestionar simultáneamente la aplicación de la norma sustancial y la demostración probatoria de los hechos, pues ello supone confundir dos modalidades de violación de la ley sustancial que tienen exigencias argumentativas diferentes.
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EL DERECHO DE DEFENSA NO SE AGOTA EN EL CONTRAINTERROGATORIO
Recientemente, durante una audiencia de formulación de acusación, pregunté a la Fiscalía si contaba con una entrevista de un testigo que estaba adicionando, con el propósito de conocer qué información podía aportar y, a partir de ella, preparar actos concretos de defensa.
La Fiscalía respondió que la ley no le exigía realizar una entrevista para poder descubrir un testimonio.
Su afirmación es cierta. Sin embargo, considero que la respuesta merece algunas precisiones desde la teoría general del derecho procesal.
Pero antes debo precisar que mi pregunta no estaba dirigida a cuestionar la legalidad del descubrimiento del testigo ni a sostener que la entrevista constituyera un requisito para su admisión. Lo que pretendía era establecer si existía información que permitiera conocer anticipadamente el contenido de su eventual declaración.
Aclarado lo anterior, importante es recordar que el derecho procesal no se agota en las reglas expresamente previstas por el legislador.
Existe un concepto que en la práctica se olvida pero que los profesores enseñan al iniciar el estudio de la teoría general del proceso. Las fuentes del derecho procesal. ¿Dónde ubicamos las normas procesales?
Entre sus fuentes encontramos la Constitución Política, los tratados internacionales sobre derechos humanos, la ley y los principios generales del derecho procesal.
Precisamente, la Ley 906 de 2004 contiene unos principios rectores. Los mismos cumplen funciones de fundamentación, interpretación e integración. Por ello, la ausencia de una regla expresa no significa que el análisis jurídico deba terminar allí. En las reglas procesales.
Pensemos en los derechos de contradicción y defensa.
Cuando la Fiscalía descubre un documento, la defensa puede conocer su contenido y, a partir de este, preparar su estrategia. Algo semejante ocurre con el testimonio: conocer anticipadamente la información que posee un testigo permite orientar actos de investigación, verificar circunstancias, localizar elementos de contradicción y preparar adecuadamente la audiencia preparatoria y el juicio oral.
Ahora, podría argumentarse que el derecho de defensa se encuentra garantizado porque el acusado tendrá la oportunidad de contrainterrogar al testigo durante el juicio. Sin embargo, el contrainterrogatorio es apenas una de las manifestaciones del derecho de defensa, no su totalidad.
La defensa también se ejerce mediante actos de investigación encaminados a controvertir la hipótesis de la acusación. Y para desarrollar eficazmente esa actividad resulta especialmente importante conocer oportunamente la información que sirve de fundamento a los medios de prueba anunciados. Si no fuera así, ¿por qué el legislador establece un intervalo entre la audiencia de formulación de acusación y la audiencia preparatoria?
Esto no significa que deba afirmarse, sin más, que la Fiscalía está legalmente obligada a entrevistar previamente a todos sus testigos. Una cosa es exigir la realización de una entrevista como requisito formal y otra distinta es examinar, desde los principios que gobiernan el proceso, si la información disponible ha sido descubierta de manera que permita el ejercicio efectivo del derecho de defensa.
De ahí mi reflexión: no siempre basta con afirmar que la ley (las reglas) no exige determinada actuación. También es necesario preguntarse si la interpretación de las reglas procesales resulta compatible con los principios y garantías que orientan el proceso penal.
En definitiva, el derecho de defensa no comienza ni termina con el contrainterrogatorio. Comprende también la posibilidad real de preparar, a partir del conocimiento oportuno de la información disponible, los actos de investigación necesarios para controvertir la pretensión punitiva del Estado.
Esta reflexión nos recuerda, además, algo fundamental para el ejercicio de la profesión: el derecho procesal no se agota en las reglas previstas en los códigos de procedimiento. Su adecuada comprensión exige conocer sus distintas fuentes, pues los códigos procesales no constituyen una regulación exhaustiva de esta disciplina, cuya interpretación y aplicación también se encuentran orientadas por la Constitución, los tratados internacionales y los principios generales del derecho procesal
La ropa sucia se lava en casa. El Dr. Francisco Bernate siempre ha sido un caballero.
Las diferencias pueden existir, pero no hay necesidad de salir a las redes a ventilar lo que debe resolverse en privado.
#Confidenciales | Tensión en el Colegio de Abogados Penalistas: denuncian censura y la agremiación responde
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LA FORMULACIÓN ORAL DE LA PRETENSIÓN EN EL INCIDENTE DE REPARACIÓN INTEGRAL
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Con ocasión de la providencia AP6306-2026, radicado 65229, de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, considero oportuno realizar algunas precisiones sobre la formulación oral de la pretensión en el incidente de reparación integral, regulada en el artículo 103 de la Ley 906 de 2004.
En esta decisión, la Corte señaló, acertadamente, que la pretensión debe formularse oralmente y que no es exigible la presentación de una demanda escrita. Sin embargo, en la práctica judicial he observado que algunos abogados se limitan a indicar de manera genérica lo que solicitan, por ejemplo, el pago de determinada suma de dinero, para luego proceder a la solicitud probatoria.
Esta práctica merece una precisión conceptual.
Para comprender el alcance de la expresión pretensión, utilizada por el legislador, es necesario acudir a la teoría general del proceso, que distingue entre acción, pretensión y demanda.
La acción es un derecho abstracto que permite acudir ante la jurisdicción para obtener la resolución de un conflicto jurídicamente relevante. La pretensión constituye la concreción de ese derecho y está integrada por tres elementos: sujetos, objeto y causa.
Los sujetos son quien reclama y aquel contra quien se dirige la reclamación; el objeto es lo que concretamente se solicita, por ejemplo, una indemnización; y la causa comprende los fundamentos de hecho y de derecho que sustentan lo pretendido.
Los fundamentos fácticos deben ser jurídicamente relevantes frente a las normas sustanciales que gobiernan la reclamación. En el incidente de reparación integral, tratándose de responsabilidad civil extracontractual, deben relacionarse con sus presupuestos: conducta, daño y nexo causal.
La demanda, por su parte, es el instrumento procesal que sirve de continente de la pretensión. Sin embargo, como el legislador no la exige para promover el incidente de reparación integral, la pretensión se debe formular oralmente en audiencia. Pero ello no significa que puedan omitirse sus elementos constitutivos (los de la pretensión).
Uno lo es la pretensión y otra la demanda.
Expuesto lo anterior, debo señalar que en el IRI la formulación oral de la pretensión no puede limitarse con una escueta solicitud de lo que se pide (el objeto de la pretensión) contra el declarado penalmente responsable (sujeto pasivo de la pretensión); soslayando los fundamentos fácticos y jurídicos que respaldan esa solicitud (la causa de la pretensión).
De forma concreta. Resalto que en el IRI el incidentante al formular su pretensión debe expresar los hechos en los cuales se ampara (causa) para pedir (objeto). Lo contrario, conlleva a una indebida formulación de referido acto procesal.
Pero podrá alegarse que no es necesario presentar los hechos o la causa del IRI, como quiera que ya tuvo lugar el proceso penal. Esto es errado.
Mientras el proceso penal tiene por objeto una pretensión punitiva, el incidente de reparación integral comprende una pretensión resarcitoria. Son actuaciones con objetos distintos, aunque relacionadas por la conducta punible.
Si prefieren: el proceso penal tiene lugar por el ejercicio de la acción penal. En cambio, el IRI tiene lugar por el ejercicio de una acción civil o resarcitoria. ¿Advierten la diferencia?
Además, téngase en cuenta que la sentencia penal ejecutoriada constituye el presupuesto del incidente. Esto permite comprender de forma nítida que al iniciarse el IRI estamos frente a un verdadero proceso y no un incidente. Uno es el proceso penal y otro es el IRI. Insisto. Si este último fuera un verdadero incidente, su inicio no estaría condicionado a una sentencia penal ejecutoriada.
La anterior precisión tiene especial importancia frente al principio de congruencia, que también gobierna el incidente de reparación integral.
Los hechos alegados delimitan el marco fáctico dentro del cual debe decidir el juez. Si el incidentante únicamente señala cuánto dinero reclama (objeto de la pretensión), sin exponer los hechos que sustentan su pretensión, ¿cuál sería el parámetro fáctico para adoptar una decisión congruente? ¿Qué hechos daría por probado el juez?
Lo mismo ocurre con la pertinencia probatoria, pues esta exige establecer una relación entre los medios de prueba ofrecidos y los hechos jurídicamente relevantes que se pretenden demostrar. Sin una base fáctica debidamente identificada, difícilmente podría delimitarse el tema de prueba.
En definitiva, comparto que la pretensión debe formularse oralmente y que no se requiere una demanda escrita. Pero la oralidad determina la forma de presentación de la pretensión, no elimina los elementos que la constituyen.
Por consiguiente, formular una pretensión no consiste exclusivamente en indicar lo que se pide. También exige identificar sus sujetos y exponer los fundamentos fácticos y jurídicos que integran su causa, pues estos delimitan la controversia, el tema de prueba y el ámbito dentro del cual debe pronunciarse el juez.
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Varias precisiones.
1. Como apoderado interpuse una denuncia contra unas personas que hicieron unas declaraciones contra una empresa y que publicaron en @Casa_Macondo.
2. Desde la misma querella dejamos en claro que no se dirigía ni contra el medio ni contra el periodista.
En CasaMacondo enfrentamos denuncias penales, una orden judicial de censura y ahora una inspección de la @FiscaliaCol a nuestros archivos. Son actuaciones distintas, pero todas comprometen el ejercicio de nuestro oficio. Investigamos al poder porque podemos. Seguiremos haciéndolo. No tenemos miedo.
EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD Y EL PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD EN LA PERSECUCIÓN PENAL
Existen dos principios que orientan la persecución penal y cuya adopción, o incluso coexistencia, depende de la política criminal de cada Estado. Me refiero al principio de legalidad y a su antagonista, el principio de oportunidad.
El principio de legalidad supone que, ante un comportamiento que reúna las características de una conducta delictiva, el titular de la acción penal, llámese Ministerio Público o Fiscalía General de la Nación, debe iniciar y mantener la persecución penal, sin que pueda renunciar a ella, suspenderla o interrumpirla por razones de conveniencia.
Por el contrario, el principio de oportunidad permite al titular de la acción penal, pese a encontrarse frente a un comportamiento delictivo, abstenerse de iniciar la persecución o, habiéndola iniciado, suspenderla, interrumpirla o renunciar a ella.
Este último principio puede ser discrecional, cuando el legislador reconoce un margen de libertad para decidir sobre su aplicación, o reglado, cuando establece expresamente las causales que autorizan acudir a dicho instrumento, como ocurre en Colombia.
Ahora bien, la doctrina ha identificado distintos fundamentos del principio de legalidad. Uno de ellos es el principio de igualdad, pues si todos los ciudadanos deben recibir el mismo tratamiento ante la ley, no resultaría admisible que la Fiscalía pudiera decidir libremente a quién perseguir penalmente y a quién no. Ello podría dar lugar a decisiones discriminatorias, por ejemplo, cuando se persigue a una persona por su condición de pobreza, mientras se deja de investigar a otra por su posición económica o ideología política.
A este fundamento se suma otro que, según señala Roxin, vincula el principio de legalidad con la teoría retributiva de la pena, conforme a la cual todo delito debe ser sancionado como una exigencia de justicia.
Sin embargo, en la práctica se presenta un problema que ha llevado a la doctrina a reclamar un mayor desarrollo y aplicación del principio de oportunidad.
Aunque formalmente se consagre el principio de legalidad como regla general, los sistemas de justicia penal terminan realizando una selección de los delitos que efectivamente son investigados y perseguidos.
En ocasiones, esa selección depende de la actividad de los apoderados de las víctimas, de su capacidad para aportar elementos materiales probatorios o de la relevancia mediática y gravedad de determinados hechos. Mientras algunos procesos reciben un importante impulso investigativo, otros permanecen sin avances significativos.
Esta situación también responde a un problema estructural. Por una parte, existe una inflación punitiva derivada de la constante creación de nuevos tipos penales. Por otra, los sistemas de justicia, incluso en países como Estados Unidos, carecen de suficientes fiscales, investigadores y recursos económicos para perseguir la totalidad de las conductas delictivas.
De ahí que la doctrina haya cuestionado la posibilidad real de aplicar el principio de legalidad en términos absolutos y haya insistido en la importancia del principio de oportunidad.
Pero el punto que quiero destacar es otro: en la práctica termina produciéndose una aplicación de hecho del principio de oportunidad, sin acudir a las causales legales previstas para su ejercicio.
Esto resulta particularmente relevante en Colombia, donde el principio de oportunidad es reglado. Mientras el legislador establece los eventos en los cuales la Fiscalía puede suspender, interrumpir o renunciar a la persecución penal, en la práctica se seleccionan los asuntos que reciben una persecución efectiva, según los recursos disponibles, la sobrecarga de trabajo y el interés que despiertan determinados procesos. Los demás, sencillamente, no son objeto de una persecución penal efectiva.
En consecuencia, aunque formalmente se proclame el principio de legalidad, materialmente se seleccionan los delitos que son objeto de persecución penal, sin los criterios ni los controles propios del principio de oportunidad.
Aquí surge una contradicción: el principio de legalidad pretende garantizar la igualdad mediante la obligación de perseguir todos los delitos, pero la imposibilidad material de cumplir ese mandato termina generando una selección informal que puede comprometer precisamente la igualdad que busca proteger.
Por ello, considero necesario un mayor desarrollo del principio de oportunidad, de manera que esa selección, que en la práctica ya existe, responda a criterios legales, objetivos y sometidos a control, y no simplemente a las limitaciones económicas y operativas del sistema de justicia penal.
EL PRINCIPIO DISPOSITIVO EN EL INCIDENTE DE REPARACIÓN INTEGRAL
En una audiencia de incidente de reparación integral habían sido convocados tanto el declarado penalmente responsable como varios terceros que eran entidades del Estado.
Durante la diligencia, la apoderada judicial de la incidentante, una señora de la tercera edad, manifestó que su representada le había entregado un memorial en el que expresaba su voluntad inequívoca de desistir de las pretensiones formuladas contra los terceros convocados al incidente y mantenerlas única y exclusivamente frente al declarado penalmente responsable.
Ante esa manifestación, el Ministerio Público sostuvo que, por tratarse de una persona de la tercera edad y ante la existencia de eventuales fórmulas de arreglo, no resultaba conveniente aceptar el desistimiento. Aunque no lo expresó en esos términos, ese fue, en esencia, el sentido de su intervención.
Por su parte, el juez manifestó que no encontraba utilidad en aceptar el desistimiento, pues, en cualquier caso, el trámite debía continuar respecto de los demás intervinientes.
Fue entonces cuando solicité el uso de la palabra para exponer algunas consideraciones sobre la naturaleza del incidente de reparación integral y el principio que gobierna este procedimiento.
En primer lugar, señalé que el incidente de reparación integral constituye, en esencia, un proceso de responsabilidad civil extracontractual que se adelanta conforme a la ritualidad prevista en la Ley 906 de 2004.
Por consiguiente, aunque su trámite se encuentra regulado en el Código de Procedimiento Penal, su objeto ya no corresponde al ejercicio de la pretensión punitiva del Estado, sino a una controversia de naturaleza civil, relacionada con la reparación de los daños ocasionados con la conducta punible.
Esta precisión resulta importante porque permite comprender que el incidente de reparación integral se encuentra gobernado por el principio dispositivo, propio del derecho procesal civil.
El fundamento de esta afirmación puede encontrarse, inicialmente, en el artículo 102 de la Ley 906 de 2004, que condiciona la iniciación del incidente, una vez en firme la sentencia condenatoria, a la solicitud expresa de la víctima, del fiscal o del Ministerio Público, en los términos previstos por esa disposición.
Esa exigencia de una solicitud expresa constituye una manifestación del conocido aforismo latino nemo iudex sine actore: no hay juicio sin actor.
Se trata de un postulado que expresa una de las características esenciales del principio dispositivo: la iniciativa del proceso corresponde a los sujetos legitimados para promoverlo y no al juez.
Pero el principio dispositivo no se agota en la iniciativa procesal. También comprende la facultad que tienen los sujetos del proceso para disponer de sus pretensiones y de determinados actos procesales. Así, el sujeto activo de la pretensión puede desistir de ella; el sujeto pasivo puede allanarse; y ambos pueden, mediante una transacción, poner fin a la controversia.
Este principio encuentra igualmente sustento en el artículo 8 del Código General del Proceso, conforme al cual los procesos solo podrán iniciarse a petición de parte, salvo aquellos que la ley autorice promover de oficio (principio inquisitivo).
De esta manera, si el incidente de reparación integral tiene por objeto resolver una controversia de naturaleza patrimonial y privada, relacionada con la reparación de los perjuicios causados por el delito, resulta necesario reconocer que la voluntad de quien formula la pretensión ocupa un lugar central en su desarrollo.
Bajo esa lógica, cuando el incidentante manifiesta su decisión de retirar las pretensiones formuladas contra uno, varios o todos los convocados al incidente de reparación integral, está ejerciendo una facultad de disposición sobre el objeto del proceso.
En consecuencia, esa manifestación de voluntad no puede quedar supeditada a la conveniencia que, desde su particular perspectiva, adviertan el juez o el Ministerio Público. La decisión de mantener o retirar una pretensión de contenido patrimonial corresponde, en principio, a su titular, precisamente porque se trata de un interés particular del cual puede disponer.
Desde esa perspectiva, sostuve que la manifestación inequívoca del incidentante resulta suficiente para expresar su decisión de no continuar reclamando la reparación frente a determinados convocados, sin que la voluntad del juez pueda sustituir la del titular de la pretensión.
En este caso, la incidentante no pretendía dar por terminado todo el procedimiento. Su voluntad consistía en mantener la reclamación contra el declarado penalmente responsable y retirarla únicamente respecto de los terceros convocados. Por tanto, la continuación del incidente frente a aquel no constituía una razón para desconocer el desistimiento manifestado respecto de estos.
En definitiva, si en virtud del principio dispositivo la iniciación del incidente de reparación integral depende de la solicitud de los sujetos legitimados, también la subsistencia de las pretensiones de contenido privado depende, dentro de los límites previstos por el ordenamiento jurídico, de la voluntad de quien las formula.
Ello, desde luego, sin perjuicio de las facultades de dirección e impulso procesal que corresponden al juez, las cuales no pueden confundirse con la potestad de disponer de una pretensión cuya titularidad pertenece a la víctima.
¿PUEDE EL APODERADO DE UNA VÍCTIMA COMETER FRAUDE PROCESAL POR OCULTAR EVIDENCIA QUE DEMUESTRA LA ATIPICIDAD DE LA CONDUCTA INVESTIGADA?
Un abogado conoce evidencia que demuestra que los hechos investigados no ocurrieron como fueron presentados por la Fiscalía y que, conforme a su verdadera ocurrencia, la conducta resulta atípica. Sin embargo, decide ocultarla durante actuaciones procesales relevantes.
¿Puede esa omisión constituir un medio fraudulento en los términos del artículo 453 del Código Penal?
LA UBICACIÓN DE LAS NORMAS PROCESALES Y SU IMPORTANCIA EN LA CASACIÓN
Uno de los temas que todo abogado debe conocer es el relacionado con las fuentes del derecho procesal, pues su estudio permite comprender, entre otros aspectos, dónde encontramos las normas procesales y cómo podemos identificar su naturaleza.
Aunque inicialmente pudiera parecer un asunto meramente académico, tiene una enorme importancia práctica. Pensemos, por ejemplo, en el recurso extraordinario de casación penal, donde en determinadas ocasiones resulta necesario establecer si una norma es de naturaleza procesal o sustancial para escoger correctamente la causal por la cual se formulará un cargo.
Pero avancemos por partes.
Cuando hablamos de las fuentes del derecho procesal nos referimos, en términos sencillos, al origen de las normas procesales y a los instrumentos jurídicos en los cuales las encontramos.
Ahora bien, dentro del estudio de estas fuentes hay un aspecto que merece especial atención: la ubicación de las normas procesales.
¿Dónde encontramos esas normas?
La primera respuesta que podemos ofrecer es que las encontramos en los códigos de procedimiento. Y, desde luego, esa respuesta es correcta, pues precisamente estos cuerpos normativos tienen como finalidad regular el ejercicio de la función jurisdiccional del Estado.
Sin embargo, debemos tener presente que no todas las normas procesales están necesariamente contenidas en los códigos de procedimiento. También podemos encontrarlas en cuerpos normativos sustantivos.
De allí surge una pregunta fundamental:
¿qué determina que una norma sea procesal o sustancial?
La respuesta es sencilla: no es su ubicación, sino su contenido.
La doctrina enseña que las normas sustanciales son aquellas que crean, modifican o extinguen relaciones jurídicas sustanciales.
Por su parte, las normas procesales son aquellas que regulan el ejercicio de la función jurisdiccional del Estado.
En ese sentido, tendrán naturaleza procesal las disposiciones que determinen qué autoridad es competente para conocer de un conflicto con relevancia jurídica, cuáles son los actos procesales que integran un determinado procedimiento, qué garantías les asisten a los sujetos que intervienen en él y, en general, todas aquellas que regulen aspectos relacionados con el ejercicio de la función jurisdiccional.
Por consiguiente, para identificar la naturaleza de una disposición no basta con establecer en qué código se encuentra ubicada. Es necesario examinar su contenido y determinar qué materia regula.
¿Y por qué es importante conocer esta distinción?
Un ámbito en el cual cobra relevancia, lo es a la hora de abordar el recurso extraordinario de casación.
Existen dos errores susceptibles de ser alegados ante la Corte Suprema de Justicia. Los errores de juicio y los errores de actividad. Los primeros implican yerros que involucran normas sustantivas. Los segundos, lesionan normas de naturaleza procesal.
¿La norma que regula la prescripción es norma sustantiva o procesal?
¿El artículo 448 de la ley 906 de 2004 es norma sustantiva o procesal?
La respuesta es necesaria porque en principio, ello tiene incidencia a la hora de seleccionar la causal de casación. Si estamos frente a una norma procesal que fue desconocida por el fallador, la causal a seleccionar sería la segunda.
En consecuencia, como podemos observar, el estudio de la ubicación de las normas procesales no es un asunto exclusivamente teórico.
Tiene consecuencias prácticas que pueden resultar determinantes en el ejercicio profesional y, particularmente, en la técnica de la casación penal.
En definitiva, la naturaleza de una norma no la determina el código en el que se encuentra ubicada, sino su contenido.
Luis Carlos Jiménez retweeted
Replying to @kikeacosta14
Se debería dejar de enseñar aquello de sistema de partes, roles de partes e intervinientes, imparcialidad y neutralidad de la Supraparte. Creo que este no es el camino para convalidar el SILENCIO de la representación de víctimas ante la intervención del MP.
«En el sistema acusatorio colombiano rige el principio de legalidad, no el principio dispositivo» José Joaquín Urbano
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1. En la decisión de radicado 157755, del 15 de septiembre de 2026, con ponencia del Dr. José Joaquín Urbano Martínez, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia resolvió una acción de tutela presentada por una empresa que tenía la condición de víctima dentro de un proceso penal.
En esa decisión, la Corte indicó: «En el sistema acusatorio colombiano rige el principio de legalidad, no el principio dispositivo».
Al respecto, quiero analizar esa afirmación. Considero que no es acertada. Es cierto que en nuestro sistema rige el principio de legalidad, pero también lo es que en el proceso penal está presente el principio dispositivo. Las razones son las siguientes.
En primer lugar, el artículo 250 de la Constitución consagra el principio de legalidad cuando señala que la Fiscalía General de la Nación está obligada a adelantar el ejercicio de la acción penal y a realizar la investigación de los hechos que revistan las características de un delito, cuando lleguen a su conocimiento por medio de denuncia, petición especial, querella o de oficio.
Cuando la norma establece que la Fiscalía está obligada a adelantar el ejercicio de la acción penal, hace referencia al principio de legalidad. Pero, al mismo tiempo, como la titularidad y dirección de la acción penal corresponden a un órgano estatal —la Fiscalía— y no a un órgano jurisdiccional, también está presente el principio de oficialidad.
Que el principio de legalidad haya sido adoptado no significa que el principio dispositivo no exista en el proceso penal. Veamos por qué está presente en la Ley 906 de 2004.
El principio dispositivo está integrado por una serie de subprincipios. En esencia, establece que la iniciativa del proceso corresponde a las partes y no al juez. Además, les atribuye a los sujetos procesales la posibilidad de realizar y disponer de determinados actos del proceso. Esto se expresa en los aforismos ne procedat iudex ex officio y nemo iudex sine actore: no hay jurisdicción sin acción, y la iniciativa corresponde a los interesados.
3. La esencia del principio dispositivo consiste en que la iniciativa del proceso corresponde a las partes y en que estas pueden disponer de ciertos actos procesales. Ahora bien, que esos sean los postulados del principio no significa que la Ley 906 lo haya adoptado de manera total. En este aspecto medular, el principio dispositivo convive con el principio de legalidad.
El principio de legalidad señala que la Fiscalía está obligada a adelantar el ejercicio de la acción penal y a investigar los hechos que revistan las características de un delito. Esto implica que no puede disponer libremente de la acción penal. Por ejemplo, si considera que no hay mérito para acusar, debe solicitar la preclusión. Esa solicitud no constituye una disposición de la acción penal: puede fundarse, entre otras razones, en la muerte del imputado, la prescripción de la acción penal o la configuración de una causal de ausencia de responsabilidad.
Lo que sí constituye una forma de disposición de los actos procesales, propia del principio dispositivo, es que el sujeto activo de la pretensión pueda desistir de ella. La Fiscalía no puede hacerlo por razón del principio de legalidad: no puede retirar la imputación ni la acusación. Por eso la Corte ha señalado que la petición de absolución de la Fiscalía no es vinculante para los jueces. Admitir lo contrario significaría aceptar que la Fiscalía puede disponer de la acción penal, facultad que el principio de legalidad no le permite.
Por otro lado, el sujeto pasivo de la pretensión punitiva, es decir, el procesado, puede disponer de los actos procesales allanándose a los cargos. Esto se manifiesta en el proceso penal mediante la figura de la aceptación de cargos.
Que la aceptación de cargos esté sometida al control de los jueces no afecta el hecho de que constituye un acto de disposición del proceso. Si habláramos en estricto sentido del principio de legalidad, quien cometiera un delito debería ser sancionado con la pena prevista en los tipos penales, no con rebajas de pena, figura propia del sistema de justicia premial. El allanamiento es una muestra de disposición de los actos procesales sometida a control; una cosa no elimina la otra.
La teoría general del proceso también indica que el sujeto activo y el sujeto pasivo de la pretensión punitiva pueden disponer de los actos procesales mediante la figura de la transacción. En el proceso penal encontramos una figura que, guardadas las diferencias, presenta similitudes con aquella: el preacuerdo.
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4. Si habláramos de un principio de legalidad en sentido estricto, insisto, a quien comete un delito debería imponérsele la sanción que corresponda, de acuerdo con la teoría absoluta de la pena, ligada a ese principio. Sin embargo, cuando se celebra un preacuerdo, se dispone de los actos procesales. El preacuerdo implica un acto de disposición sometido a control y, a la vez, un acto de disposición del proceso, porque no se agota la totalidad de sus actos procesales.
Por eso considero que no es cierto que el principio dispositivo no se adopte en nuestro sistema. Sí se adopta. Lo que sucede es que, en un aspecto medular de ese principio —la disposición por parte del sujeto activo de la pretensión punitiva, es decir, de la Fiscalía—, esta posibilidad está vedada por el principio de legalidad.
La mayoría de los otros supuestos que menciona la Corte en la decisión —por ejemplo, el archivo— no implican disposición de la acción penal. Tanto es así que la Corte Constitucional, en la sentencia C-854 de 2005, señaló que el archivo no constituye un acto de disposición de la acción penal.
En consecuencia, considero que, contrario a lo señalado en la decisión, en nuestro sistema sí está presente el principio dispositivo.
Muy bien por esos ciudadanos que no dejaron que mataran a la víctima. Pero ahora hace falta la protección por parte del Estado. Por experiencia, les digo que aun en la cárcel, les persiste la idea de consumar el delito.
A esta hora en el colegio hogar del niño joven iba a matar con un arma blanca a su expareja al parecer por celos los padres de familia que estaban presente reaccionaron y lo derribaron y le dieron su respectiva paloterapia sn más .. por averiguar
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¿La jurisdicción es un principio?
Leí una decisión de una de la sala penal de la Corte Suprema de Justicia. Aunque sus fundamentos que me parecieron muy sólidos, me llamó la atención un concepto: la providencia se refirió al «principio de jurisdicción» aunque más adelante, empleó correctamente la expresión «función jurisdiccional».
Cuando hablamos de jurisdicción, podemos remitirnos al derecho constitucional y a la separación del poder público en las ramas ejecutiva, legislativa y judicial. Los jueces cumplen una función esencial del Estado, expresión de la soberanía: la función jurisdiccional, que por excelencia les ha sido asignada.
¿Qué significa, entonces, que los jueces cumplan esa función?
La doctrina precisa que la jurisdicción no es un poder, sino una función. Si se entendiera como un poder, se hablaría de una facultad o potestad cuyo titular podría ejercer o no. En cambio, la función jurisdiccional es un deber insoslayable.
Por eso, considero que no es adecuado hablar del principio de jurisdicción. Si lo hiciéramos, tendríamos que acudir a la conocida definición de Robert Alexy, según la cual los principios son mandatos de optimización que deben realizarse en la mayor medida posible, de acuerdo con las posibilidades fácticas y jurídicas.
Esa idea riñe con una característica propia de la función jurisdiccional: su ejercicio es un deber permanente e insoslayable. La jurisdicción debe ejercerse siempre. Además, está vinculada con un derecho fundamental: el acceso a la administración de justicia. Todos los ciudadanos tenemos derecho a acudir a los jueces para que resuelvan nuestros conflictos. Ese es el derecho de acción.
Si la jurisdicción fuera un principio entendido como mandato de optimización, podría concluirse que, en ciertas circunstancias, su ejercicio depende de las posibilidades fácticas y jurídicas. Pero eso podría llevar a admitir que, en algunos casos, no se cumpla la función jurisdiccional y se afecte el derecho de acceso a la administración de justicia.
En síntesis, la jurisdicción no es un principio: es una función estatal.













