Manuel Armas Suarez

Los políticos gobiernan solo para los que les votan. Y cada vez para menos gente. Llevo tiempo dándole vueltas a esta idea y al final me he puesto a hacer números tras los últimos posts de mis admirados @Recuenco o @jlantunez entre mucha otra gente preocupada por la situación actual. Aviso que la reflexión es larga. En las últimas generales, el PSOE sacó unos 7,8 millones de votos. España tenía entonces algo más de 48 millones de habitantes. Es decir, al partido del presidente del Gobierno lo votó alrededor de un 16% de la población. Uno de cada cinco si contamos solo a los que tienen derecho a voto. Y ni siquiera fue la lista más votada (el PP sacó algo más de 8,1 millones). En España no votamos presidente, votamos diputados, y gobierna quien suma apoyos en el Congreso. Es legal y así funciona el sistema. Así que hagamos la cuenta completa, sumando a todos los que votaron su investidura: Sumar, ERC, Junts, EH Bildu, PNV, BNG y Coalición Canaria. Salen algo más de 12,5 millones de votos. Más o menos la mitad de los que fueron a votar, y uno de cada cuatro habitantes. Y aquí está lo interesante. Esa mayoría no es un electorado, son ocho. Votantes de izquierda estatal, independentistas catalanes de dos partidos que no se soportan, nacionalistas vascos de dos sensibilidades muy distintas, gallegos, canarios. Cada socio cobra su apoyo pensando en los suyos, que es exactamente para lo que le votaron. El resultado es un gobierno que tiene que tener contentos a ocho públicos distintos, y con muy poco incentivo para pensar en los más de 11 millones que votaron a PP, Vox o UPN. Ojo, que con el otro bloque la cuenta habría sido parecida: PP, Vox y UPN sumaron unos 11,3 millones. Cambian los colores, no la aritmética. Ayuda a entender lo que viene después. Podría parecer algo de ahora. Y no, viene de lejos. -Felipe González, en 1982, con la mayoría más aplastante de la democracia: algo más de 10,1 millones de votos sobre unos 38 millones de habitantes. Un 27%. -Aznar, en 2000, también con absoluta: unos 10,3 millones sobre 40,5. Un 25%. -Rajoy, en 2011: casi 10,9 millones sobre 47. Un 23%. El récord lo tiene Zapatero en 2008, con 11,3 millones. Nadie ha gobernado nunca España con el voto de más de tres de cada diez personas que viven en ella. En los ayuntamientos pasa lo mismo, y a veces más exagerado. Almeida tiene mayoría absoluta en Madrid con algo más de 700.000 votos, en una ciudad de unos 3,4 millones de habitantes. Uno de cada cinco madrileños. Y Barcelona es el caso extremo. Collboni es alcalde con unos 132.000 votos en una ciudad de más de 1,6 millones. Menos de uno de cada diez barceloneses. Y quedó segundo: llegó a la alcaldía con los votos de los Comuns y del PP en el pleno. Ahora bien, el problema no es la aritmética. Que nadie gobierne con el voto de la mayoría de la población es lo normal en democracia: hay menores, hay abstención, hay muchos partidos. Y que un gobierno cumpla lo que prometió a sus votantes tiene un fondo muy razonable. Para eso le votaron. El problema es lo que se hace con esa cifra. Cuando con el 16% o el 20% de la población se llega al poder, el incentivo es perverso. No necesitas convencer o satisfacer al resto. Te basta con tener a los tuyos movilizados, bien cabreados con los de enfrente, y contentos a los socios que te faltan para sumar. Cada decisión pasa por el filtro de “¿qué va a pensar mi electorado?” y no por el de “¿es lo mejor para el país, o para la ciudad?”. Y pasa con todos. Gobiernos de izquierdas que legislan pensando en su base y gobiernos de derechas que hacen exactamente lo mismo con la suya. Partidos que con un puñado de diputados deciden cosas que nos afectan a todos, pensando solo en su territorio. Lo que más me preocupa es que la cifra está bajando. González necesitó más de una cuarta parte del país. Hoy se gobierna con bastante menos. Con más partidos en el Parlamento, cada uno puede vivir de su nicho, y me da que eso explica buena parte de esta sensación de trinchera permanente. Tampoco nos libramos los votantes. Premiamos al que nos da la razón, no al que gobierna bien para todos. Y lo que más me chirría es que gobernar para todos no exige renunciar a tus ideas. Exige recordar que la otra mitad también existe. Si sabes que media España piensa distinto que tú en muchas cosas, no puedes legislar como si no estuviera. Son ciudadanos igual que tus votantes. Pagan los mismos impuestos, van a los mismos hospitales y tienen el mismo derecho a que su gobierno les tenga en cuenta. Se me ocurren unas cuantas dicotomías sin pensar mucho: -Puedes ser agnóstico y gobernar también para los creyentes, sin ver cada procesión o cada colegio religioso como un enemigo. Y puedes ser católico practicante y gobernar también para los que no creen en nada, buscando un equilibrio entre unas creencias y otras. -Puedes estar en contra del aborto y tener en cuenta a quienes lo defienden como un derecho. Y puedes defenderlo sin tratar de fanático a quien tiene un problema moral con él. -Puedes gobernar una ciudad pensando en el que va en bici y también en el que no tiene más remedio que coger el coche cada día para ir a trabajar. -Puedes subir impuestos y acordarte del autónomo que los paga. O bajarlos y acordarte del que depende de los servicios que se financian con ellos. Y así con casi todo: el inquilino y el propietario, el agricultor y el ecologista, el aficionado a los toros y el que no los soporta, el que habla valenciano en casa y el que no lo ha hablado nunca. Ninguna de esas tensiones se resuelve dándoselo todo a uno. Se resuelve con leyes en las que la otra parte pueda reconocerse un poco, aunque no le encanten. Que es justo lo que hace que duren y no se deroguen en cuanto cambia el gobierno. Y no es una utopía, porque ya lo hicimos. Los Pactos de la Moncloa y la propia Constitución salieron adelante con gente que venía de bandos muchísimo más enfrentados que los de ahora. Y el Pacto de Toledo sobre las pensiones funcionó durante muchos años precisamente porque no era de nadie. Tampoco hace falta irse tan atrás. Basta con mirar a algunos ayuntamientos. Hay alcaldes que llevan 20 o 25 años en el cargo y que parecen ser los únicos que han entendido todo esto. Abel Caballero, del PSOE, lleva casi 20 años de alcalde de Vigo. En 2023 sacó más del 60% de los votos y 19 de los 27 concejales. Lo curioso es lo que pasa cuando él no está en la papeleta. En las autonómicas gallegas de 2024, el PSOE se quedó en Vigo en torno al 20%. O sea, muchísimos vigueses que no votan socialista en otras elecciones sí votan a Caballero para su ciudad. Y no creo que sea solo por lo de las luces de Navidad :P Francisco de la Torre, del PP, es alcalde de Málaga desde el año 2000. En 2023, con 80 años, ganó con más del 49% de los votos y mayoría absoluta. Y ya ha anunciado que se vuelve a presentar en 2027. Uno de cada lado, y los dos con muchísimos votos prestados de gente que no es de su partido o ideología. En los pueblos es todavía más claro. José Luis Seguí fue alcalde de Almudaina (Alicante) durante 50 años y ganó por mayoría absoluta las once elecciones municipales de la democracia, primero con UCD, luego con AP y después con el PP. Cuando le preguntaron por el secreto, lo resumió en consensuarlo todo con la oposición. E Ignacio Gordón, alcalde de Matillas (Guadalajara), lleva medio siglo ganando por mayoría absoluta sin haber hecho nunca una campaña electoral. En los pueblos se vota a las personas, no a las siglas. No son santos, ni mucho menos. Caballero es bastante bronco con el PP y el modelo turístico de De la Torre tiene muchos críticos. Pero en lo que toca al día a día de su ciudad, mucha gente ha decidido que el color le importa bastante menos que la gestión. La pregunta es obvia: ¿por qué esto funciona en un ayuntamiento y no en el Gobierno de España? Se me ocurren algunas razones, aunque ninguna me convence del todo como excusa: -La cercanía. Al alcalde te lo cruzas en la calle. Al ministro, no. -El tipo de problemas. Un bache, una farola o la recogida de basura no son ni de izquierdas ni de derechas. En el Congreso casi todo acaba convertido en identidad. -Las listas. En un ayuntamiento todo el mundo sabe quién encabeza la candidatura y vota en buena parte a esa persona. Un diputado depende de su puesto en la lista, y la lista la hace el partido. -El ruido. La política nacional vive de la confrontación diaria en tertulias y redes, y ahí el que tiende puentes no sale en ningún titular. Me da que la diferencia de fondo es más sencilla. El alcalde sabe que se va a cruzar con todos sus vecinos, le hayan votado o no. El presidente del Gobierno, en la práctica, solo se cruza con los suyos. Y a veces ni eso... Y eso no es una ley de la física. Es una forma de hacer política que se puede elegir. Y hay otra razón, quizá la más gorda de todas: aquí nadie rinde cuentas. Los programas electorales se han convertido en papel mojado. Documentos de cien páginas que casi nadie lee, que nadie audita y que el propio partido olvida al día siguiente de ganar. Y otra vez, no es cosa de un solo color: -Felipe González llegó con el “OTAN, de entrada, no” y unos años después hizo campaña por el sí en el referéndum. -Rajoy ganó en 2011 prometiendo no subir impuestos. Su Gobierno subió el IRPF nada más llegar, antes de que acabara el año. -Su programa también prometía cambiar la ley del aborto. La reforma acabó en un cajón y el ministro que la impulsaba, dimitiendo. -Sánchez repitió antes de las elecciones de 2023 que la amnistía no cabía en la Constitución. Meses después la pactó para poder ser investido. Aunque tiene un fondo de lógica. Las circunstancias cambian, y un gobernante que no rectifica ante una crisis sería un irresponsable. Cambiar de opinión no es pecado. Mentir descaradamente sí. Lo escandaloso es que no pase nada. Ni una explicación seria, ni una disculpa, ni un coste. Se rectifica, se cambia el relato y a otra cosa. Imaginad esto en cualquier empresa. Presentas un plan a tu consejo, cumples la mitad, haces lo contrario en la otra mitad y ni siquiera lo explicas. No llegas a la siguiente reunión. En política, te presentas a la reelección. Y a veces ganas. Y cuando alguien se molesta en medir lo que se ha cumplido, suele ser el propio gobierno. Que es como dejar que el alumno se ponga la nota del examen. Hay estudios académicos que dicen que en España se cumple una parte importante de lo prometido, y me lo creo. Pero me da que se cumple lo pequeño y se incumple lo gordo, justo lo que de verdad decidió el voto de mucha gente. Aquí se cierra el círculo con todo lo anterior. Si gobiernas para los tuyos, no necesitas rendir cuentas ante nadie más. Y los tuyos te lo perdonan casi todo, porque lo importante es que no gobiernen los otros. Sin exigencia del votante no hay consecuencias para el político. Y sin consecuencias, un programa electoral vale lo que el papel en el que está impreso. No hace falta inventar nada. En los Países Bajos, desde los años 80, una agencia pública independiente analiza los programas de los partidos antes de las elecciones y calcula el coste y el efecto de sus promesas. El votante llega a las urnas con una idea bastante más clara de qué es un compromiso y qué es humo. Aquí tenemos la AIReF, que ya hace un trabajo serio con las cuentas públicas. ¿Por qué no darle ese encargo? Y al final de cada legislatura, un informe independiente de cumplimiento: esto prometiste, esto hiciste, esto hiciste al revés y esta es tu explicación. Rendir cuentas no es un detalle técnico. Es la diferencia entre un contrato y un folleto publicitario. Por cierto, sé lo que me van a llamar muchos que lean esto: equidistante. Y me lo van a llamar desde los bots o fanboys de ambos lados, lo cual ya dice bastante ;) Es curioso cómo ha cambiado esa palabra. Antes era alguien que guardaba la misma distancia entre dos posturas. Hoy se usa como insulto para el que no se mete en tu trinchera. Si no estás conmigo, estás con ellos. Y si no estás con ninguno, eres un cobarde que no se moja. Aunque tiene un fondo de razón. Hay cosas en las que no cabe la equidistancia: la violencia, la corrupción, los derechos fundamentales. Ahí no hay término medio, ni lo pretendo. Pero creo que se están confundiendo dos cosas que no tienen nada que ver. Una es estar a la misma distancia de dos partidos. Otra, muy distinta, es estar a la misma distancia de todos los ciudadanos. Lo primero se puede discutir. Lo segundo es exactamente lo que le pedimos a quien gobierna. Nadie llama equidistante al médico de urgencias por atender igual al que llega con la bufanda de un equipo que al que llega con la del rival. Ni al juez por aplicar la misma ley a los dos. Lo llamamos hacer bien su trabajo. No entiendo por qué con un presidente o un alcalde tiene que ser distinto. Y esto no es no posicionarse. Es posicionarse muy claro: en contra de gobernar desde la trinchera. Que no coincida con ninguno de los dos bandos no significa que no tenga opinión. Significa que mi opinión no cabe en ninguno. Me da que la acusación de equidistancia es, en el fondo, la versión de andar por casa de todo lo anterior. El mismo “o conmigo o contra mí” que lleva a gobernar solo para los tuyos, aplicado a la conversación de cada día. Creo que este es el problema más grave de la política de nuestros días, bastante más que cualquier ley concreta. Porque convierte a tres de cada cuatro personas en “los otros”. En gente a la que no hace falta convencer, solo ganar. Estoy convencido de que el día que midamos a un político por lo que hace por los que no le votaron, y no por lo bien que contenta a los suyos, algo empezará a cambiar.