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El feminismo muy selectivo de las petristas. Durante años, las feministas - la mayoría de ellas dentro del petrismo - han convertido la lucha contra el heteropatriarcado, el machismo, la instrumentalización de las mujeres y las relaciones desiguales de poder en algunas de sus principales banderas políticas. Han denunciado que los hombres no deben utilizar su posición de autoridad, riqueza o influencia para aprovecharse de las mujeres. Sin embargo, ahora que el protagonista de una controversia de esta naturaleza es Gustavo Petro, su gran referente político, muchas parecen haber puesto sus convicciones en pausa e, incluso, han pasado a defender al “gran líder”. Y hay un elemento relevante: según el relato de Deyci Jiménez, la relación con Petro comenzó en 2019, cuando ella tenía 19 años y él ya era un dirigente político con una larga trayectoria, con casi 60 años de edad. Una mujer incluso más joven que la hija mayor del exmandatario y con unos pocos años más que las otras dos hijas. No es solamente una diferencia generacional de casi cuatro décadas, dos personas situadas en extremos muy distintos de la escala económica, social y política. Un hombre que llegó a la Presidencia de la República, al más alto poder institucional, influencia política y una capacidad económica muy superior, con una mujer de origen humilde, formación académica de bachiller y condiciones de vulnerabilidad socioeconómica. La clase de relación asimétrica que el feminismo ha expuesto como mayor ejemplo del heteropatriarcado: no basta con invocar el consentimiento formal cuando existen diferencias tan profundas de poder y oportunidades. El asunto adquiere connotaciones de posibles delitos pues allí afirma que los contratos estatales que recibió - por más de $130 millones- se los otorgaron a cambio de sus encuentros sexuales y que existiría una red de otras mujeres en circunstancias similares. Todo ello negado por Petro. La pregunta para las feministas petristas es: ¿dónde quedó la denuncia del patriarcado cuando el señalado es su propio líder? ¿Dónde las reflexiones sobre el consentimiento en contextos de desigualdad económica, la instrumentalización de mujeres jóvenes y el abuso de posiciones de poder? ¿Por qué aquello que durante años han considerado inadmisible cuando involucra a dirigentes de otros sectores políticos ahora parece convertirse en un asunto privado, una conspiración o una situación que prefieren ignorar o, peor, apoyan al líder? Una diferencia tan grande de edad no demuestra por sí sola abuso, ni la pobreza elimina la autonomía de una mujer. Pero precisamente por eso el feminismo debería ser el primero en exigir que se investigue si hubo aprovechamiento de una posición dominante y la utilización de recursos públicos a cambio de sexo, con connotaciones de delitos.