La política en Venezuela, desde que la recuerdo, ha sido un club de amiguetes y de caudillos de partido que se organizaban para administrar el Estado —con cierta alternancia— como un botín. Es cierto que tuvimos obras importantes, libertades y algunos espacios de vida democrática que sería deshonesto desconocer. Pero hoy en día me interrogo sobre cuánto fue por construir una república de ciudadanos y cuánto por asegurar que los ciudadanos siguieran dependiendo de ellos. Porque una cosa es construir un país y otra construir obras para que el país admire al constructor. Los faraones caribeños también cortan cintas. Es cierto que el chavismo destruyó buena parte de aquellos espacios, pero no inventó todos nuestros vicios. Supo aprovechar el personalismo —que hoy sigue siendo una tara—, el clientelismo y la apropiación partidista del Estado. Los radicalizó y les añadió una maquinaria de control, terror y criminalidad. El chavismo dejó cada vez menos espacio para que la sociedad pudiera organizarse y actuar con autonomía. Mientras tanto, la sociedad venezolana sigue nombrando esa realidad con categorías democráticas cuyo contenido ha sido sistemáticamente destruido. Es como si conservar los nombres de las instituciones bastaran para conservar su función. Como si llamar “elección” a un procedimiento resolviera las condiciones de libertad, competencia y límites al poder que permiten reconocerlo como democrático. Para algunos, manejar ese vocabulario les permite mostrar su “gran preparación política”; para otros, mantiene abierta la oportunidad de entrar en el reparto; y, para muchos, sirve de refugio. Es decir, mientras podamos describir lo que ocurre como una normalidad defectuosa, nos ahorramos el gran esfuerzo y dolor de examinar la profundidad de la destrucción. El asunto es que la realidad no desaparece porque la maquillemos. Siempre se manifiesta, y casi siempre, a costa de quienes menos pueden defenderse de ella. Mientras el chavismo acomodó su supervivencia a la tutela externa —la dependencia de padrinos tampoco le resulta extraña—, la dirigencia opositora sigue exhibiendo incapacidades para comprender las relaciones de fuerza, calibrar sus capacidades y poner límites a sus pulsiones más caprichosas. ¡Y ojo! comprender una tutela no significa celebrarla ni obedecerla dócilmente. Significa reconocer el problema para construir autonomía. Aunque alguno no lo sepa, la soberanía no se recupera cambiando de padrino, pero tampoco confundiendo una pataleta con una estrategia. Ante los mensajes de quien ejerce esa tutela, demasiadas veces la respuesta opositora parece consistir en administrar la lástima, movilizar lealtades y conseguir favores de quienes cabalgan sobre la opinión pública. Si algo caracteriza a esta oposición, envejecida tratando de llegar al poder, es que solo muestran coraje en los discursos, victimización en las acciones, improvisación en los medios y ninguna responsabilidad en los costos. La prudencia política exige hacerse responsable de las consecuencias. Para posar de valiente basta una cámara. Para actuar con valentía hace falta juicio. En Venezuela tenemos mucho de lo primero y poco de lo segundo. Lo más triste es que la improvisación, convertida en modo de vida, les impide comprender algo elemental: es posible que así lleguen al poder, pero gobernar exige capacidades que el ruido del aplauso no proporciona. Una cosa es reunir seguidores alrededor de un nombre y otra articular una sociedad plural mediante instituciones que también limiten a ese nombre. Una cosa es exigir lealtad y otra merecer confianza. Una cosa es prometer que se hará justicia y otra construir un poder que no pueda administrarla a conveniencia. Mientras esa dirigencia reserve la valentía y el futuro para los discursos, y convierta la victimización en su principal recurso político, nuestro destino seguirá siendo un tapiz deshilachado que la horda militante trata de remendar con consignas.