María RamírezCabello

El pasado 28 de Julio de 2024 los venezolanos depositaron sus esfuerzos y convicciones democráticas en un proceso electoral que debía servir para abrir el camino a la superación de la crisis, el restablecimiento de la institucionalidad y el rescate del Estado de Derecho. Pero, tras el desconocimiento de la voluntad popular expresada en las urnas, se registró un vertiginoso ascenso de graves abusos contra los derechos humanos cometidos por las autoridades venezolanas contra la población. Ello se tradujo en el asesinato de 25 manifestantes, miles de detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas, y actos de torturas y tratos crueles contra personas detenidas y sus familiares, entre otros. Como afirmamos en nuestro informe “Venezuela: el 3 de enero de 2026 y el fin de una época”, a partir del 28J el gobierno profundizó en la represión como su cuasi exclusivo instrumento de control de la sociedad, alcanzándose cifras récord de presos políticos y produciendo los cuerpos represivos del Estado y sus paramilitares toda clase de violaciones a los derechos humanos de la población. A dos años del 28J, persiste la erosión institucional y la ausencia de Estado de Derecho en Venezuela. El andamiaje represivo que se construyó en los últimos años y que se sofisticó en la última década sigue intacto, amenazando las garantías para el ejercicio de los derechos a la manifestación, asociación pacífica y libre expresión. Las autoridades del Estado continúan incumpliendo sus obligaciones con los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA), avanzando en un modelo que parece estar privilegiando los intereses de inversores y acreedores internacionales por encima de los derechos sociales de la población. El doblete sísmico del 24 de junio agravó aún más la crisis de Derechos Humanos y la Emergencia Humanitaria preexistentes, y demostró que la única vía para la reconstrucción del país es mediante el rescate la institucionalidad democrática y el estricto cumplimiento, por parte del Estado, de sus obligaciones con los Derechos Humanos. – at Caracas, Venezuela