El Gordo

🧵Una economía que se abre al comercio internacional, y que al mismo tiempo experimenta un boom de sectores históricamente castigados por las políticas económicas, como la energía, la minería o el agro, atraviesa necesariamente una profunda transformación de su estructura productiva. El riesgo de analizar estos procesos en equilibrio parcial, concentrándose en los sectores perjudicados, es perder de vista lo que ocurre en equilibrio general. Ambos fenómenos modifican los precios relativos y, con ellos, la asignación de capital, trabajo y otros recursos entre sectores. La apertura expone a las actividades protegidas a una mayor competencia, mientras que la expansión de los sectores más competitivos puede generar una apreciación del tipo de cambio real, presionando sobre la rentabilidad de otras actividades. Es perfectamente posible, y hasta esperable, que algunas actividades se contraigan o desaparezcan. Pero eso no significa necesariamente que la economía esté destruyendo riqueza. Puede estar reasignando recursos hacia actividades en las que tiene ventajas comparativas y una mayor productividad social. De eso se trata, precisamente, la transformación estructural. Juzgar sus resultados exclusivamente por lo que sucede con los sectores que pierden protección o competitividad equivale a ignorar los beneficios para los consumidores, las oportunidades de expansión de otros sectores y las ganancias potenciales de productividad del conjunto de la economía. Y creo que es importante reconocer que esta transformación no es solamente deseable, sino indispensable para que la Argentina pueda crecer sostenidamente. El Gobierno de Milei, con Caputo, Bausili y su equipo económico, ha encarado una tarea verdaderamente titánica, con logros que me parecen ya notables, particularmente en materia de ordenamiento fiscal, desinflación y reducción de la pobreza. No es poca cosa, y creo que merece ser reconocido. Al mismo tiempo, ninguna transformación estructural está exenta de costos. La reasignación de recursos no es instantánea. Hay capital específico, trabajadores que necesitan reconvertirse, restricciones financieras y dificultades de adaptación. Algunas empresas que podrían ser competitivas en el nuevo equilibrio quizás no sobrevivan hasta alcanzarlo. Y detrás de cada empresa que cierra hay trabajadores, familias e historias que merecen nuestra atención. ¿Cómo se pueden moderar esos costos de transición y darles a las empresas potencialmente viables una oportunidad de adaptarse, sin comprometer el equilibrio fiscal ni los objetivos de desinflación? No es una pregunta sencilla. Tampoco creo que las respuestas pasen por aumentar el gasto público, otorgar subsidios, reducir impuestos sin compensación fiscal o postergar la apertura. Pero quizás haya espacio para seguir avanzando en la eliminación de trabas regulatorias como lo hace el ministro Sturzenegger, la reducción de distorsiones tributarias sin pérdida de recaudación, la mejora de las condiciones de competencia, la movilidad laboral, la logística y el acceso al financiamiento privado. No tengo dudas de que el Gobierno está trabajando en varias de estas cuestiones y explorando otras alternativas. Y soy consciente de las enormes dificultades que enfrenta: una restricción fiscal muy severa, una economía que todavía arrastra desequilibrios importantes, una grieta política que dificulta los consensos y un año electoral que se aproxima. Precisamente por eso, creo que sería muy positivo que quienes integramos la profesión económica, desde distintas tradiciones y posiciones políticas, hiciéramos un esfuerzo por contribuir con propuestas concretas y viables. La crítica es indispensable, por supuesto. Pero quizás podríamos dedicar un poco menos de energía a marcar diferencias y un poco más a explorar soluciones. En la Argentina no falta IQ. Tal vez nos falte cultivar más el hábito de ponerlo al servicio de propuestas constructivas, con honestidad intelectual, generosidad y patriotismo. (1/2)