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Un candidato al TSJ debe ser evaluado en su tenor de vida, en su coherencia moral , en su comportamiento e imagen en la comunidad, en su respetabilidad social !
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Circula en X una publicación que pretende excluir del TSJ a Juan Manuel Raffalli, Tamara Adrián, Antonio José Marval, Jesús María Casal y Juan Carlos Apitz por sus actividades o posiciones políticas. Esa descalificación general confunde expresar una posición política con obedecer a un partido.
El caso de Casal permite mostrar el error. Haber presidido la Comisión Nacional de Primaria de 2023 no convierte a Casal en un subordinado partidista. Su responsabilidad fue conducir con independencia y serenidad una elección entre candidatos de distintas tendencias. Organizarla no equivale a militar en los partidos participantes.
Ser opositor al chavismo y expresarlo —como ocurre con Raffalli, Adrián, Marval y Apitz—tampoco inhabilita, por sí solo, para ser magistrado. El artículo 256 de la Constitución prohíbe el activismo político partidista desde el nombramiento hasta el egreso del cargo. No establece una exclusión perpetua por haber participado en política. Lo decisivo es que la trayectoria y la conducta de cada aspirante inspiren confianza en su capacidad para juzgar sin obedecer instrucciones.
Distinta es la situación de quienes han demostrado su sumisión al poder. Durante estos 27 años, el sometimiento de la justicia al chavismo se ha manifestado en decisiones destinadas a proteger al gobierno y perseguir a sus adversarios políticos. Esa conducta compromete la independencia judicial; una opinión crítica del gobierno no demuestra semejante subordinación. Tampoco una renuncia partidista de última hora borra una trayectoria de obediencia.
Excluir a quienes han cuestionado al poder y admitir a quienes han vivido de obedecerlo sería perpetuar el sometimiento de la justicia al chavismo.
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Una de las primeras sentencias que deberá dictar la S Constitucional renovada es la revocatoria de las decisiones que han impedido a los gremios de abogados elegir a sus dirigentes libremente. El daño a los colegios es total, ignorados por la inmensa mayoría de agremiados.
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¡La lucha por la libertad no se detiene y las familias no están solas!
María Corina Machado (@MariaCorinaYA) camina junto a quienes llevan 302 días esperando respuestas a las afueras de El Rodeo I. Familias que se niegan a rendirse y que siguen exigiendo que se cumplan las excarcelaciones anunciadas.
No hay más tiempo para promesas. Sus seres queridos deben volver a casa.
¡Libertad plena para todos los presos políticos!
#QueSeanTodos
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#URGENTE | Marco Rubio le dice al New York Times que la semana que viene empezará el proceso de designación de los nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral.
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Poca gente lo recuerda, pero durante los años de crisis 2015-2020 aquí no había ni Captopril para controlar una crisis hipertensiva y había que traerlo de contrabando por la frontera cerrada de Colombia o Brasil porque el chavismo nos quería muertos como sea. Resistimos.
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Nuestra participación en el debate del día de hoy, negando nuestro voto en la primera discusión de la reforma de la ley del odio. @Libertad_AN @unionycambio_ve
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Qué buena noticia. El exdecano @jesusmariacasal anuncia que se postulará a magistrado del TSJ.
"Quiero poner mi nombre a disposición del país en ese proceso de reinstitucionalización".
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Un pollo para la profe
Fui a comprar los vegetales al camión de los gochos. Casi todo cuesta un dólar según el cambio paralelo, salvo los limones. Diagonal a este camión trabaja un pequeño puesto de carne en el que a veces compramos piezas para sopas. Me acerqué para preguntar si tenían lagarto con hueso. Cuando el señor levantó el pedacito que les quedaba de esta pieza, se acercó una anciana a pedirme que por favor le comprara algo para comer. Está demasiado delgada. Joven debió medir más de un metro ochenta. Su dicción me reveló, antes que su historia, que es una maestra. El señor comenzó a arreglarle el pollo y yo comencé a preguntar.
Fue la hija única de una pareja de españoles que recaló en Venezuela en 1937. Nunca se casó, no tuvo hijos. Estudió en México, España y Francia. Fue profesora universitaria por 42 años. Es posdoctora y ayudó a decenas de graduandos con sus tesis. Investigó todos los años. Cree que publicar en revistas especializadas y discutir sus hallazgos fue el pase, el permiso con el que año a año se presentó en los salones de pre y posgrado. Participó en decenas de eventos. Por ellos viajó a más de 30 países.
Ahorró, pero en un país que sufre 8 años de contracción económica y casi 5 de hiperinflación, no hay manera de que unos ahorros resistan. Por eso hoy no puede pagarse un pollo y se acerca a este puesto ambulante para, después de evaluar calzado, complexión y formas de cortesía de la persona a la que podría pedirle ayuda, acercarse solo si cree que entenderá su circunstancia y no es una exalumna. Para distraer la vergüenza que pedir le produce, prepara las bendiciones con las que le responderá a la persona si accede, un esfuerzo interesante, porque no es católica, pero siempre le enterneció la costumbre local de pedir y dar la bendición.
No hay ninguna condición médica que esté atravesando ahora que no se explique con sus 82 años y su desnutrición de años recientes. De los medicamentos que necesita se toma solo el imprescindible (porque es barato), y a los demás accede por donaciones, y si no, no se los toma. Además de una amplia pollina, cana y alborotada, que le tapa un poquito más abajo de las cejas, usa un modelo de mascarilla enorme para tapar todo lo que no son sus ojos, porque aceptar que debe pedir para vivir no es igual a querer hacerlo, y mucho menos soportar la posibilidad de ser identificada. Estima que entre la mujer que es ahora y la que fue, hay un universo de distancia, que eso ayuda a que no haya modo de asociarlas, pero sigue viviendo en el mismo apartamento que compró en 1981 y eso obra en contra de su identidad secreta.
Me encantaron sus dedos largos, sus gestos breves, precisos; ocurren y cesan con sus palabras. Asiente y cierra los ojos cuando finaliza una idea. Sabe proyectar la voz a pesar de la cortina que usa como mascarilla, y presumo que en algún momento de mi interrogatorio entendió que había dicho demasiadas cosas. Me encantaron sus preguntas para comprobar que no tengo idea de quién es, como en efecto. El chavismo se resume con esta profesora posdoctorada que después de 42 años de servicio no tiene cómo pagar lo que necesita para vivir. Este es un país colapsado en tantas esferas simultáneas que incluso personas con destrezas extraordinarias son tan vulnerables como alguien aislado en algún caserío de la Península de Araya. Me vine con mis bolsas y una bendición encima. Y yo solo fui a comprar los vegetales al camión de los gochos.
Caracas, 3 de noviembre de 2022.
#Hace4Años
#TenemosMemoria
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Este baremo es insuficiente para evaluar lo esencial en quien aspira a ser magistrado. No basta sumar títulos, publicaciones o años de experiencia.
Debe valorar la calidad de las decisiones y actuaciones previas, la integridad, los conflictos de interés, los vínculos que puedan comprometer la autonomía de criterio y, especialmente, la conducta frente al poder público.
Los títulos acreditan formación. La independencia se demuestra en la trayectoria.
#AlertaLegal El Comité de Postulaciones Judiciales (CPJ) publicó el baremo para evaluar a los aspirantes a magistrados del TSJ teapaw.org/asamblea_ven/status/21…
Para Acceso a la Justicia, es positivo que por primera vez en 27 años se hagan públicos los criterios de evaluación. Sin embargo, desde un criterio técnico, observamos algunos aspectos que merecen revisión:
1.Ventaja para quienes han ocupado cargos públicos: Se valoran ampliamente las funciones judiciales, estatales y de gobierno universitario, mientras se reconocen menos actividades propias del libre ejercicio de la abogacía.
2.Mayor peso a la antigüedad que al desempeño: Se otorgan puntos por años de servicio judicial sin evaluar suficientemente la calidad de las sentencias, la protección de los derechos humanos o la independencia demostrada. Esto preocupa especialmente porque en Venezuela no se realizan concursos públicos de oposición para ingresar a la judicatura desde 2003. Más aun esto es alarmante si se considera que el sistema de justicia penal junto con el TSJ han sido parte del aparato represivo del Estado.
3.Discriminación entre los aspirantes: Los criterios podrían favorecer determinadas trayectorias institucionales frente a las otras vías de acceso al TSJ reconocidas en el artículo 263 de la Constitución, especialmente el libre ejercicio de la abogacía.
4.Amplio margen de subjetividad: La entrevista representa 15 de los 100 puntos, sin criterios suficientemente precisos para evaluar conocimientos, independencia, imparcialidad y ética. Llama la atención que sea el ítem que más puntos otorga siendo el más discrecional de todos, lo que podría dar pie a la arbitrariedad.
Para Acceso a la Justicia, lo fundamental no es solo cómo se distribuyen los puntos, sino qué méritos se valoran. La independencia judicial y la probidad no pueden evaluarse únicamente mediante una entrevista. Para reducir la discrecionalidad y garantizar la transparencia, se recomienda establecer criterios y puntuaciones específicas para cada competencia evaluada en las entrevistas, utilizar preguntas y casos comparables, identificar a los evaluadores y hacerlas públicas y sus resultados #JusticiaVe
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Lean la opinión del equipo de @AccesoaJusticia sobre los criterios para evaluar a los candidatos a magistrados del TSJ:
1. Ventaja para quienes han ocupado cargos públicos.
2. Mayor peso en la antigüedad que en el desempeño.
3. Discriminación a favor de trayectorias institucionales (bajo control del chavismo, eh).
4. Amplio margen de subjetividad.
“Para reducir la discrecionalidad y garantizar la transparencia, se recomienda establecer criterios y puntuaciones específicas para cada competencia evaluada en las entrevistas, utilizar preguntas y casos comparables, identificar a los evaluadores y hacerlas públicas y sus resultados.”
#AlertaLegal El Comité de Postulaciones Judiciales (CPJ) publicó el baremo para evaluar a los aspirantes a magistrados del TSJ teapaw.org/asamblea_ven/status/21…
Para Acceso a la Justicia, es positivo que por primera vez en 27 años se hagan públicos los criterios de evaluación. Sin embargo, desde un criterio técnico, observamos algunos aspectos que merecen revisión:
1.Ventaja para quienes han ocupado cargos públicos: Se valoran ampliamente las funciones judiciales, estatales y de gobierno universitario, mientras se reconocen menos actividades propias del libre ejercicio de la abogacía.
2.Mayor peso a la antigüedad que al desempeño: Se otorgan puntos por años de servicio judicial sin evaluar suficientemente la calidad de las sentencias, la protección de los derechos humanos o la independencia demostrada. Esto preocupa especialmente porque en Venezuela no se realizan concursos públicos de oposición para ingresar a la judicatura desde 2003. Más aun esto es alarmante si se considera que el sistema de justicia penal junto con el TSJ han sido parte del aparato represivo del Estado.
3.Discriminación entre los aspirantes: Los criterios podrían favorecer determinadas trayectorias institucionales frente a las otras vías de acceso al TSJ reconocidas en el artículo 263 de la Constitución, especialmente el libre ejercicio de la abogacía.
4.Amplio margen de subjetividad: La entrevista representa 15 de los 100 puntos, sin criterios suficientemente precisos para evaluar conocimientos, independencia, imparcialidad y ética. Llama la atención que sea el ítem que más puntos otorga siendo el más discrecional de todos, lo que podría dar pie a la arbitrariedad.
Para Acceso a la Justicia, lo fundamental no es solo cómo se distribuyen los puntos, sino qué méritos se valoran. La independencia judicial y la probidad no pueden evaluarse únicamente mediante una entrevista. Para reducir la discrecionalidad y garantizar la transparencia, se recomienda establecer criterios y puntuaciones específicas para cada competencia evaluada en las entrevistas, utilizar preguntas y casos comparables, identificar a los evaluadores y hacerlas públicas y sus resultados #JusticiaVe
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Ayer publiqué mi análisis de Constructores, la app de María Corina Machado, y reporté que permitía saber si una cédula ya tenía cuenta.
Su equipo ya lo corrigió, y lo comprobé.
¿Qué otras dudas tienes? Déjalas aquí abajo 👇
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El anuncio para que supuestamente no haya más detenciones arbitrarias (uno de los crímenes investigados por la ONU y la CPI) debe ir acompañado de la liberación inmediata de todas las personas encarceladas de forma arbitraria.
Es la única forma de que esto tenga sentido.
Frente a los recientes anuncios institucionales en los que se instruye a los cuerpos de seguridad a no realizar detenciones sin orden judicial y se reafirma la garantía del ejercicio político en el país, recordamos que más de 400 personas se mantienen privadas de libertad por razones políticas, y que fueron detenidas arbitrariamente; entonces es necesario analizar el alcance real de estas medidas. Si bien es innegable que las excarcelaciones de los últimos meses representan un alivio humano significativo para cientos de familias, un examen técnico de la situación evidencia que estas decisiones aún no constituyen cambios estructurales en el sistema de justicia ni en el marco institucional.
En primer lugar, la mayoría de las personas que han salido de prisión no gozan de libertad plena, sino de medidas cautelares restrictivas que las mantienen sujetas a procesos judiciales abiertos. Asimismo, iniciativas como la reforma de leyes punitivas o la redistribución de competencias de los tribunales especiales que solo en una fase procesal atenúan los impactos de movilización a tribunales, pero no corrigen las contradicciones de origen con las garantías constitucionales.
La brecha entre los anuncios oficiales y la práctica cotidiana se evidencia en hechos concretos, como el intento de detención ocurrido apenas el día de ayer de un dirigente sindical, que fue evitada debido al apoyo ciudadano. Este tipo de actuaciones demuestra que el andamiaje legal y procedimental que permite la restricción de derechos fundamentales sigue operativo.
Para que exista una verdadera normalización democrática y un clima de garantías efectivas, se requiere trascender las medidas coyunturales y avanzar hacia reformas profundas que restauren de manera irreversible el Estado de Derecho.
#JusticiaYLibertad
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Al 29 de octubre de 2026. Caso Maduro-Flores:
La jueza Analisa Torres emitió hoy su primera orden en este caso: mantener vigentes todas las órdenes dictadas por el fallecido juez Alvin Hellerstein, incluida la fecha del juicio, así como todas las audiencias y los lapsos procesales previamente establecidos por él.
Cita textual (traducción propia):
“La Corte deja constancia, con profunda tristeza, del fallecimiento del Honorable Alvin K. Hellerstein, quien anteriormente presidía este caso.
Tras la reasignación de este caso a la jueza que suscribe, el 28 de octubre de 2026, la Corte ha revisado el expediente judicial y el calendario procesal.
Con el fin de garantizar una administración de justicia ordenada y eficiente, y evitar cualquier perjuicio, alteración o incertidumbre, por la presente:
SE ORDENA que todas las directrices, plazos y comparecencias programadas, incluida la fecha del juicio, establecidos por el juez Hellerstein, permanezcan plenamente vigentes y surtan todos sus efectos.
SE ORDENA ADEMÁS que las partes cumplan estrictamente con el calendario procesal vigente, salvo que sea modificado mediante orden de la Corte.”
(Firmado por la jueza Analisa Torres el 29 de octubre 2026)
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Al 28 de octubre de 2026. Caso Maduro-Flores:
Ante el fallecimiento del juez federal Alvin Hellerstein, el caso será reasignado a otro juez de la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York, conforme a las Normas para la Distribución de Asuntos entre los Jueces de Distrito y, específicamente, a su Regla 17, que precisamente establece el procedimiento aplicable en caso de fallecimiento de un juez.
La Corte de Distrito Sur de Nueva York está integrada por *decenas* de jueces federales, entre quienes se distribuyen los distintos casos que conoce la Corte.
La reasignación estará a cargo del Comité de Asignaciones (Assignment Committee), un órgano administrativo interno de la propio Corte, integrado por varios de sus jueces, encargado de supervisar la distribución de casos. El procedimiento contempla la posibilidad de que un juez acepte voluntariamente el expediente o su distribución mediante sorteo conforme a las reglas aplicables.
El caso se encuentra actualmente en fase preliminar y continuará desde su estado procesal actual. El fallecimiento del juez no implica la nulidad de las actuaciones anteriores ni el reinicio del procedimiento penal.
El nuevo juez asumirá el conocimiento de las mociones pendientes y podrá revisar el calendario procesal, incluidas las próximas audiencias. Además, el personal judicial que trabajaba con Hellerstein podrá colaborar en la transición, facilitando al nuevo despacho el conocimiento de las actuaciones y los detalles de los asuntos pendientes.
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A esta hora, @MariaCorinaYA se reúne con representantes de 30 organizaciones políticas venezolanas:
• Primero Justicia
• Voluntad Popular
• Acción Democrática
• Convergencia
• Encuentro Ciudadano
• Causa R
• Copei
• Proyecto Venezuela
• Alianza Bravo Pueblo
• Bandera Roja
• Centrados en la Gente
• Concertación Ciudadana
• Generación Independiente
• Movimiento Independientes por Venezuela
• Izquierda Unida
• Vanguardia Popular
• Venezuela Democrática Unida
• Democracia Renovadora
• Gente Emergente
• Venezuela Independiente
• Cambio Democrático
• Todos Somos Unidad
• URD
• Integra
• Rumbo Propio
• Movimiento Arca
• Evolución Política de Centro
• Fuerza Liberal
• Centro Democrático Liberal
• Democracia en Acción
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🚨 Acaban de sacar la convocatoria de la AN para magistrados del TSJ
🗓 Del 28/10 al 11/11, de 9am a 4pm
✅ Requisitos: ser venezolano/a por nacimiento sin otra nacionalidad, abogado/a con posgrado en Derecho y sin militancia partidista.
OJO: Quienes se postularon en el proceso anulado de Mayo solo tienen que ratificar
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De poco sirve cambiar las cerraduras de la justicia si el chavismo conserva las llaves.
La ratificación del almirante Giuseppe Alessandrello, diputado del PSUV, en la presidencia del Comité de Postulaciones Judiciales obliga a preguntar quién conducirá la renovación y con qué propósito.
Tras décadas de someter los tribunales, el chavismo pretende conducir la renovación de la justicia que puso a su servicio. El peligro es que la selección termine en un reparto de cuotas y que el oficialismo se reserve las salas decisivas del TSJ. Esa sería la engañifa: cambiar los nombres de los magistrados y conservar el teléfono desde el cual se les dan instrucciones.
Hay personas en el Comité con prestigio y con una trayectoria que inspira confianza. Sus decisiones, discutidas y votadas a la vista del país, pueden impedir ese resultado y abrir paso a magistrados capaces de proteger al ciudadano frente al poder.
Los invito a leer mi artículo “La renovación judicial dirigida por el chavismo”. Cambiar a los jueces debe significar que el poder pierda las llaves de sus despachos.
Aquí el enlace: elnacional.com/columnas/2026…






















