REDEFINIMOS LOS ACUERDO MARCO PARA QUE EL ESTADO PUEDA COMPRAR MÁS BARATO. Un acuerdo marco es una compra centralizada donde la Oficina Nacional de Contrataciones (ONC), el órgano rector de las compras del Estado, hace una licitación, selecciona a los proveedores, y luego todos los organismos deben comprar en las condiciones establecidas en ese marco. Pero descubrimos que la normativa solo contemplaba acuerdos marco cerrados. Los proveedores entraban al inicio y quedaban fijos durante toda la vigencia del acuerdo. Los seleccionados no enfrentaban nuevos competidores, y el que no entraba al principio quedaba afuera, lo cual era una gran limitante para la competencia. Sin la amenaza de nuevos entrantes, los proveedores tenían menos incentivos para mejorar sus ofertas, y el Estado no podía aprovechar a quienes llegaban después con mejores condiciones. Con la Disposición 22/2026 de la ONC, modificamos el régimen y establecimos que todos los acuerdos marco deben ser abiertos, es decir, que durante su vigencia pueden sumarse nuevos proveedores mediante reaperturas dónde se vuelve a competir (cada acuerdo abierto tiene que asegurar al menos dos reaperturas). Con más competencia pagaremos menos y tendremos un mejor control para gastar mejor. Así se cuida la plata de los contribuyentes. Agradezco el trabajo de Ian Vignale (Secretario Ejecutivo de @Jefatura_Ar), Agostina Brichetti (titular de la ONC) y su equipo, todo de la Jefatura de Gabinete de @diegosantilli. Y en @MinDesreg_Ar, de @MaxiFarina, Secretario de Transformación del Estado y @Vspialtini, Director Nacional de Racionalización del Estado. ¡Ya se ganaron el sueldo! ¡Gracias!

SEGUIR AHORRANDO EN EL ESTADO ES UN ACTO DE RESPONSABILIDAD CON EL CONTRIBUYENTE. En estos días firmé las resoluciones 109/26 y 116/26, que adjudican los acuerdos marco de combustible para la Administración con un ahorro estimado mínimo de $18.000 millones en dos años. Igual que el acuerdo marco de cuentas sueldo de los empleados públicos, es un hito de ahorro para el Estado. Y ambos tienen el mismo origen. Hasta 2024, el Estado estaba obligado por decreto a comprarle el combustible a YPF (Decreto 1189/12) y a pagar los sueldos a través del Banco Nación (Decreto 1187/12). No podía comparar precios ni condiciones. Con el Decreto 747/24 eliminamos esos privilegios y pudimos licitar ambos servicios en competencia. La licitación de las cuentas sueldo no permitió un ahorro de unos 4 millones de dólares mensuales. Ahora, en el de combustibles compitieron las tres principales petroleras del país y varias empresas de telemetría. Se licitó un porcentaje de descuento sobre el precio en surtidor. ¿Resultado? Descuentos de hasta 4% del precio en surtidor con la telemetría bonificada. La telemetría va a permitir cuidar mucho mejor los recursos del Estado. Vamos a poder verificar cuánto consume cada unidad, y detectar y prevenir el uso indebido de los vehículos oficiales y los desvíos de combustible (la telemetría contempla control por GPS y registro del control de consumo de la computadora del vehículo). Cualquiera que conozca el negocio de la logística o del transporte sabe cuánto se ahorra cuando se tiene control sobre la flota. Ahora el Estado también lo va a tener. De ahí el ahorro estimado de 18.000 millones en los dos primeros años. Todo esto fue posible gracias al trabajo de Ian Vignale (Secretario Ejecutivo de @Jefatura_Ar), Agostina Brichetti (titular de la ONC) y su equipo, todos de la Jefatura de Gabinete de @diegosantilli. Y en @MinDesreg_Ar, gracias a @MaxiFarina Secretario de Transformación y a @VSpialtini Director Nacional de Racionalización del Estado. ¡Gracias!