Héctor Sam0li Rodríguez

"Queremos agua, no tenemos agua", eran los gritos que se escuchaban en las adyacencias de la Comunidad Penitenciaria de Coro, ubicada en el estado #Falcón. ​Son 1700 personas privadas de libertad que se encuentran bajo la custodia del Estado en este establecimiento penitenciario, quienes hoy sufren las graves consecuencias de las fallas en el suministro de agua potable. ​Esta crítica situación fue expuesta este #14Nov por sus familiares, quienes alertaron que la población reclusa carece del líquido para su consumo e higiene básica, poniendo a varios de ellos en riesgo de deshidratación. ​Asimismo, denunciaron una severa crisis alimentaria, lo único que reciben para comer es arroz solo o granos, raciones insuficientes que no cubren los requerimientos nutricionales ni la ingesta calórica mínima para garantizar una vida digna y la salud de las personas. ​Desde @oveprisiones recordamos que el Ministerio para el Servicio Penitenciario tiene la obligación ineludible de garantizar el acceso continuo al agua potable y a una alimentación adecuada para cada persona recluida. Privar a la población penal de bienes tan elementales para la supervivencia constituye un trato cruel, inhumano y degradante, además de representar una grave violación a sus derechos humanos fundamentales. ​Exhortamos al ministro, Julio García Zerpa, a escuchar el clamor de la población penal y atender con urgencia las condiciones de reclusión en cada recinto penitenciario del país. ​De igual forma, instamos al Ministerio Público y a la Defensoría del Pueblo a cumplir con su mandato constitucional de velar por los derechos humanos. Deben trasladarse de manera inmediata hasta la Comunidad Penitenciaria de Coro para constatar estas condiciones e iniciar una investigación independiente e imparcial; es imperativo cesar la omisión frente a las denuncias de las personas privadas de libertad y sus familiares, ya basta de ser complices de estas irregularidades que afectan a toda la población reclusa.