Las actas de inspección de la policía municipal en las residencias ya se han filtrado, y ojo no las tenia el ayuntamiento que es quien las debía de custodiar, estaban escondidas en la propia comunidad de Madrid. Ya sabemos por donde ha llegado la filtración, es muy curioso, alguien con conciencia , Gracias ciudadano anónimo. Por si es de interés de la fiscalía y decidiera investigar de oficio, que por otra parte debería de ser su obligación... "Aclarar las circunstancias de las 9.468 personas que vivían en residencias madrileñas y murieron entre los meses de marzo y abril de 2020, o sea EN DOS MESES 9.468 fallecidos en la primera ola de la pandemia." "Y sobre todo 7.291 ancianos fallecieron sin recibir atención hospitalaria tal y como llevan cuatro años denunciando sus familiares por los "protocolos de la vergüenza" En la región con mas " libertad" del mundo, la Comunidad de Madrid, toda la maquinaria judicial está impidiendo la investigación para aclarar esas circunstancias durante cuatro años. Pero resulta que en la región con mas " libertad" del mundo desde abril del 2022, la consejería de interior de la Comunidad de Madrid, esta utilizando todas las triquiñuelas posibles para no entregar "las Actas de Inspección de Residencias de Mayores y otros centros residenciales" llevadas a cabo por la Policía local. El Gobierno de Ayuso lleva desde entonces intentando que no se sepa lo que ocurrió ahí. Lo último ha sido ir a los tribunales para que las actas de las residencias no salgan a la luz. Pero la cadena ser ha publicado 205 Actas, gran trabajo, gracias también. La mayoría de las actas relatan el horror y abandono de los mayores y confirman la existencia de los "protocolos de la vergüenza" que prohibían trasladar al hospital a los residentes para recibir asistencia sanitaria digna. En las actas también hay el testimonio de las personas que trabajaban en las residencias. "Conocía a mis abuelitos. He sentido impotencia, tristeza. Los quería mucho. La mayoría se manejaban solos. Es una pena, porque no estaban para morirse", dice llorando una auxiliar de la residencia Francisco de Vitoria de Alcalá de Henares (Madrid, 350 plazas), que dejó de contar muertos cuando ya llevaba 52. Reyero le dijo a Ruiz Escudero que si no le ayudaba medicalizando los centros, podría darse la circunstancia de que “muchos residentes fallecieran de forma indigna”. También le advirtió de las consecuencias de negar auxilio a personas con discapacidad: “Incurriríamos en una discriminación de graves consecuencias legales”. La Comunidad de Madrid recurrió hasta en 6 ocasiones la orden de un juez para medicalizar las residencias. La “Operación Bicho”, que es como bautizó el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso su plan para “medicalizar las residencias” consistió en contratar a una empresa sin apenas estructura que reclutó a tres médicos venezolanos residentes en España con una visa de estudiante y a los que no se dio de alta en la Seguridad Social. !!! Lo habéis leído bien , es correcto.!!!! Pese a que el cometido de estos facultativos era el de inspeccionar geriátricos donde el coronavirus había multiplicado la tasa de mortalidad de los ancianos, parte del personal que acudió a las residencias entre el 26 de marzo y el 6 de abril, y que firmó las actas describiendo lo que se encontró dentro, no tenía contrato ni seguro, les dijeron que cobrarían 2.000 Euros al mes , pero realmente cobraron 1.000 Euros Cuando los trabajadores se quejaron, el gerente de la sociedad, Eduardo Aragonés, amenazó con prescindir de ellos para reclutar a médicos sin contrato que tuvieran más necesidad de trabajar. Transamed y GTM, empresas de Aragonés que se encargan de gestionar ambulancias privadas, llegaron a las residencias de la Comunidad de Madrid de la mano de la firma Cardio Líder, dirigida por Encarnación Burgueño, hija del arquitecto de la privatización sanitaria de Madrid y asesor de la Consejería durante la COVID-19. Se trata de una de las contrataciones más polémicas de la administración regional durante la pandemia, Encarnación Burgueño, tampoco tenía experiencia anterior en la gestión de residencias. ¿Y qué ocurría Mientras tanto? Ayuso Contrataba a su propio hermano por 283.000 Euros de dinero público. La Fiscalía seguirá mirando para otro lado?