Lemus y las lecciones de finanzas públicas que le faltan a su gobierno Pablo Lemus insiste en que no privatizará el agua porque el SIAPA seguirá siendo público. El argumento exhibe una confusión preocupante sobre cómo funcionan los servicios públicos y cómo se financian. El SIAPA puede conservar su personalidad jurídica, sus oficinas y hasta el cobro de los recibos. Nada de eso impide que una parte del servicio quede en manos privadas. El abastecimiento de agua comprende distintas funciones. La conducción es una de ellas. Y la iniciativa del gobernador contempla que una empresa construya el acueducto, conserve temporalmente su propiedad y lo opere durante 18 o 23 años. Eso es transferir una función del servicio público a un particular. En la literatura especializada se conoce como privatización funcional parcial. Puede adoptar la figura jurídica de una asociación público-privada sin que por ello deje de existir participación privada en la operación del servicio. Privatizar no siempre significa vender un organismo público. También puede significar entregar a particulares funciones que antes estaban bajo responsabilidad operativa del Estado. La segunda confusión de Lemus es todavía más delicada porque involucra miles de millones de pesos. Afirma que no habrá deuda. Pero su propuesta establece compromisos de pago con techos de 39,688 o 48,296 millones de pesos durante veinte o veinticinco años. Esos montos incluyen financiamiento y servicios durante la vigencia del contrato. No corresponden exclusivamente a la construcción. Cualquier especialista en finanzas públicas conoce la diferencia entre deuda bancaria y obligaciones presupuestarias multianuales. Ambas comprometen recursos futuros aunque su tratamiento jurídico y contable sea distinto. El gobierno puede evitar contratar un crédito y aun así comprometer durante décadas una parte considerable de su presupuesto. Negar lo segundo porque no existe lo primero revela un desconocimiento elemental de la disciplina financiera. Tampoco resuelve nada prometer que el SIAPA no aumentará las tarifas. Si el Estado le paga al inversionista con impuestos, los ciudadanos seguirán financiando el proyecto. El costo no desaparece por dejar de aparecer en el recibo del agua. Falta además una explicación fundamental. ¿Qué estudios demuestran que este esquema es financieramente más conveniente que la inversión pública directa? ¿Cuánto cuesta realmente el financiamiento privado? ¿Qué riesgos asume la empresa y cuáles permanecen en manos del gobierno? ¿Cuánto se pagaría si el contrato se cancela anticipadamente? Estas son preguntas básicas en cualquier evaluación seria de una asociación público-privada. Lo desconcertante es que ni el gobernador ni su equipo parecen capaces de distinguir entre la propiedad del organismo, la operación del servicio y el financiamiento de su infraestructura. Son conceptos diferentes y tienen consecuencias jurídicas y presupuestarias muy distintas. Jalisco necesita resolver sus problemas de abastecimiento de agua. Eso está fuera de discusión. Lo que debe discutirse es si el mecanismo elegido protege el interés público y ofrece las mejores condiciones financieras para el estado. Lemus debería entender algo antes de seguir repitiendo que no habrá privatización: la naturaleza de un contrato no la determina el discurso del gobernador. La determinan sus cláusulas. Y las cláusulas que se conocen de su iniciativa contemplan propiedad privada temporal, operación privada de infraestructura estratégica y obligaciones de pago durante décadas. Lo verdaderamente preocupante es que un gobierno dispuesto a comprometer semejantes recursos públicos no pueda explicar con rigor las implicaciones de su propia propuesta.